Imagina a un presidente de la Tercera República en España, que pudiera haber cometido delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Que lo estuvieran investigando por haber creado supuestamente una estructura financiera con dos fundaciones, gestionadas por testaferros en paraísos fiscales, pongamos Liechtenstein y Panamá, y con cuentas en Suiza para no pagar impuestos en su país, del que es nada menos que el jefe del Estado, el representante de la unidad nacional

Esta semana pasada ha habido una conmoción en el panorama político español. Tal vez algunos de ustedes lo hayan notado: como si millones de personas gritaran al unísono "¡ahora no toca!" y luego callaran.

Llevamos cuarenta años escuchando lo mismo: ahora no toca. No es el momento. Este debate no conviene. Hablo, por supuesto, de la Monarquía. El régimen monárquico llegó en España en circunstancias muy particulares: sucediendo a una dictadura. Afortunadamente, la monarquía tardó poco tiempo en adaptarse al posterior régimen democrático, que en parte alentó o, como mínimo, consintió; una forma inteligente, a su vez, de ganar la legitimidad que no podía conferirle la designación directa del general Franco.