El pasado 10 de julio, desde Economistas Frente a la Crisis hacíamos pública una declaración titulada “IMPULSAR EL CAMBIO. EL MOMENTO ES AHORA” en la que hacíamos hincapié en tres ideas que definen la actual coyuntura:

“Si no se adoptan las reformas necesarias, simplemente se consolidarán los regresivos cambios de estructuras que consolidó la derecha, cuyas consecuencias económicas y sociales han dañado a la mayoría de los ciudadanos”.

“El problema fundamental no es la composición del Gobierno sino qué políticas debemos realizar en los próximos años. En estos años se van a poner, o no, las bases de un futuro diferente, mejor”,

“Si se siguen haciendo las mismas cosas se obtendrán, agudizados, los mismos resultados. Esa es la cuestión”.

Como desarrollo y concreción de esas ideas, exponemos a continuación las que consideramos reformas estructurales claves para que esta legislatura contribuya a un cambio social significativo, con la confianza en que no sean ignoradas por las fuerzas políticas progresistas

1- Terminar con un mercado de trabajo precario, inestable e ineficiente

La reforma del PP de 2012 ha conducido a España en la dirección equivocada: la extensión y agravamiento de la precariedad, el abaratamiento del despido, y la devaluación salarial han seguido colocando bajo mínimos el crecimiento de la productividad mientras aumentaba la desigualdad.

Es momento de revertir esta situación:

• Recuperar la estabilidad y la calidad laboral del empleo, actuando sobre el fraude en el usode los contratos temporales y la regulación del tiempo parcial. Reforzar la causalidad del despido, y regular los sistemas de ajuste de las empresas, así como restablecer el papel moderador de la autoridad administrativa en los despidos colectivos.
• Restablecer la vigencia temporal de los convenios colectivos (ultraactividad) y la prioridad de los convenios sectoriales, y objetivar e introducir racionalidad en el poder del empresario para reducir unilateralmente salarios y condiciones de trabajo.
• Recuperar la vinculación entre salarios reales y productividad, suprimiendo los mecanismos que han forzado una devaluación permanente y generalizada de las retribuciones en todos los sectores.
• Modernizar las políticas activas de empleo aumentando su eficacia basándose en dos pilares: mediante un tratamiento continuo e individualizado a todos los desempleados (itinerario personalizado de inserción) y estableciendo un verdadero sistema dual de formación profesional y para el empleo.
• Continuar el progresivo aumento del salario mínimo iniciado en 2017, hasta situarlo en un nivel equivalente al 60% del salario medio neto, de acuerdo con la Carta Social Europea y los países de nuestro entorno.

Se trata de cambios imprescindibles para que la productividad crezca cuando lo hace la economía y el empleo, y no como ahora, solo en las recesiones y a través de despidos, igualándonos con ello al resto de los países de nuestro entorno. Y que solo son posibles mediante un diálogo social permanente que afronte los retos de las grandes transiciones económicas y sociales en curso sin que nadie puede arrogarse un derecho de veto ni pretender que el método prevalezca sobre los fines. 

2- Aumentar la progresividad, la justicia y la capacidad recaudatoria de los impuestos.

España necesita recorrer cuanto antes los 7,4 puntos de brecha fiscal que nos separan de la eurozona. La próxima legislatura será valorada por cuánto de esa diferencia hayamos conseguido corregir y por cuánto nos hayamos alejado de la lógica del “estado mínimo” en la que están empeñadas las tres derechas.

Solo fortaleciendo la capacidad redistributiva del sistema fiscal podremos corregir las crecientes desigualdades que genera el modelo de crecimiento económico, gravando mejor los grandes patrimonios, las rentas elevadas y las que provienen del capital.

• Hay que poner el acento en la fiscalidad efectiva de los grandes grupos empresariales que debieran cumplir los requisitos de un tipo efectivo mínimo sobre el resultado contable común a todas las empresas. Eso supone actuar decididamente en el Impuesto de Sociedades, eliminando la multiplicidad de deducciones y desgravaciones y limitando la compensación y absorción de las pérdidas, causa de que los tipos efectivos pagados por las grandes empresas sea injustificadamente bajos y que la recaudación sea muy inferior a la registrada antes de la crisis.
• Hay que aumentar la contribución en el IRPF de las rentas elevadas, en las que se ha producido durante y después de la crisis la concentración de la renta, y sobre todo hay que integrar de nuevo en la progresividad de la tarifa general la tributación de las rentas de capital.
•  No completaremos la capacidad redistributiva de la fiscalidad si no se pone en marcha una verdadera imposición sobre las grandes fortunas y patrimonios, y sobre las herencias y donaciones cuantiosas, que ha sido prácticamente suprimida por la derecha.

En paralelo, España necesita implantar nuevos tipos impositivos que graven los espacios donde se genera el nuevo valor añadido de los procesos, principalmente asociados a lo financiero o digital. España debe sumarse a los países europeos que han implantado una versión de impuesto sobre transacciones financieras sin esperar a su generalización mediante mecanismos de cooperación reforzada y, en el mismo sentido, otro sobre las operaciones de las grandes corporaciones digitales (tasa Google).

• Configurar una fiscalidad ambiental que consolide el principio “quien contamina paga” reforzando el vínculo entre tipo impositivo y las emisiones de CO2, que nos acerque a las mejores prácticas europeas en esta materia.
• Penalizar las viviendas vacías mediante el IBI o creando un nuevo impuesto sobre las gestionadas por las Entidades Financieras, SOCIMI y fondos de capital riesgo, destinando lo recaudado a la creación de un parque público de viviendas en alquiler.

La intensificación de la lucha contra las grandes bolsas de fraude debe acompañarse de la recuperación del mensaje “hacienda somos todos” conectando siempre que sea posible la recaudación con su destino final, contrarrestando las insistentes campañas anti-impuestos de los defensores del estado mínimo. 

3- Priorizar la vivienda, mejorar la protección social y luchar contra la pobreza.

Esta legislatura debe afrontar decididamente la doble precariedad laboral y residencial de los jóvenes. La situación de la vivienda, es un nuevo factor de marginación y expulsión que afecta a las capas más débiles de la población. No es posible consentir que los precios de la vivienda suban un 29% entre 2014 y 2019 mientras que en ese periodo los sueldos han crecido solo un 3,9%.

El debilitamiento de los servicios públicos básicos y de la protección social, han provocado el aumento extraordinario de la pobreza y enfrentarse a esa lacra debe ser objetivo prioritario de la política económica en los próximos años. Por ello proponemos:

• El desarrollo urgente y suficiente del plan contra la pobreza infantil debe completarse con la introducción de una renta mínima para los hogares sin recursos (cerca de seiscientos mil), y la ampliación de la cobertura e intensidad de las prestaciones por desempleo, deben unirse al reforzamiento de las políticas públicas y la reducción de la precariedad laboral y salarial.
• Supresión de la reforma de las pensiones de 2013,mantenimiento permanente del poder adquisitivo con el IPC.  Establecer una garantía de financiación suficiente tanto a corto como a largo plazo del sistema de pensiones, destinando los recursos excedentarios de las cotizaciones que hoy utiliza el Estado para cubrir gastos que le corresponden, y previendo recursos fiscales complementarios.
• Establecer una verdadera política integral de alojamiento que tenga como eje central la promoción de parques públicos de vivienda en alquiler, adoptando entretanto medidas que impidan la especulación y el encarecimiento de los alquileres.

4- Impulsar decididamente la transición energética y el cambio de modelo productivo

Los efectos del cambio climático obligan a reorientar la política energética hasta alcanzar la descarbonización total de la economía. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé, para 2030, reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero en un 21%; mejorar la eficiencia energética en un 39,6% y cubrir la demanda de electricidad en un 74% con generación renovable.

Estos objetivos contribuirán decididamente al cambio del modelo productivo (Inversiones por 236.000 M€, creación de 300.000 empleos), proveerán independencia energética a la economía, un tejido industrial y empresarial más complejo, empleo de calidad y estimularán la innovación tecnológica necesaria para gestionar y contener la emergencia climática.

El sector eléctrico se revela como una de las llaves esenciales de este cambio al ser protagonista del 53% de las inversiones previstas. Como resultado, el consumo de electricidad crecería un 7% hasta representar en 2030 el 27% del mix de energía final, reduciendo sus emisiones en un 70%.

Se trata de objetivos muy ambiciosos que obligan a acometer una reforma del sector eléctrico que emprenda su propia descarbonización y tenga como objetivos la competitividad de la economía y la aportación de certidumbre a empresas y consumidores.  Y, además, una profunda reforma que incorpore los instrumentos regulatorios precisos como los siguientes:

• Recuperar el marco regulatorio retributivo bajo el cual los inversores -en el tipo de tecnología y periodo correspondiente- decidieron y ejecutaron las inversiones en generación. Esta sola medida permitiría que las empresas y las familias ahorren costes de 2.000 M€ netos anuales que ahora gravitan –sin ningún fundamento económico-sobre su consumo.
• Implantar la planificación energética que permita alcanzar la composición tecnológica de generación anunciada por el Plan: 50.258 MW energía eólica; 36.882 MW solar fotovoltaica; 27.146 MW centrales de ciclo combinado de gas, 24.133 MW hidráulica y bombeo y 7.303 MW solar termoeléctrica.
• Diseñar y establecer un mercado de subastas por tecnología que tendría como consecuencia una rebaja del 40% en los precios actuales del mercado en los nuevos activos de generación, principalmente renovable. Se trata de implantar un mercado capaz dehacer transparentes los costes medios de los kWh’s producidos por cada tecnología que daría certidumbre a los inversores y consumidores.
• Garantizar la presencia de medianas y pequeñas empresas en la generación de energía eléctrica para evitar el esquema oligopolístico que caracteriza al sector permitiendo a las familias aportar sus sobrantes de generación a la red.
• Extender las funciones del Operador del Sistema, hoy muy limitadas, a la operación de todos los mercados de electricidad con el objeto de optimizar el almacenamiento de electricidad, las reservas hidroeléctricas y los intercambios de electricidad internacionales con objeto de minimizar los vertidos de las centrales renovables.

Sin un impulso decidido a estas reformas, afrontando el conflicto con los intereses que se le oponen, será muy difícil alcanzar los objetivos económicos y medioambientales del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y quedarían penalizadas, una vez más, la competitividad de las empresas, la calidad de vida de los consumidores, la modernización de nuestro tejido productivo y la contribución de España al equilibrio medioambiental.

Por el contrario, este conjunto de instrumentos regulatorios permitiría superar, incluso, los ambiciosos objetivos del Plan. La introducción de certidumbre sería el elemento más eficaz para movilizar las inversiones en el sector eléctrico por encima de los 125.000M€ previstos, y la reducción de los precios de la electricidad estimularía su penetración en actividades no descarbonizadas, superando la previsión del 27% del Plan y produciendo un efecto de arrastre sobre las magnitudes macroeconómicas.

5- Dar un salto adelante en la igualdad entre hombres y mujeres.

En relación con la natalidad, lograr que la fecundidad deseada coincida con la efectiva y facilitar la emancipación de nuestros jóvenes deben constituir un objetivo prioritario en esta legislatura, para lo cual es imprescindible, entre otras cosas, eliminar la precariedad del empleo. No es posible aceptar que las mujeres jóvenes deban retrasar el momento de la maternidad hasta los 30/34 años o incluso por encima, ni que la edad de emancipación se produzca en los 29,5 años de promedio.

Desarrollar políticas públicas de cuidados que incentiven la implantación de servicios de proximidad (guarderías, hospitales de día…) en las ciudades y complemente la aplicación rigurosa de los permisos parentales, y el desarrollo de campañas que fomenten la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en estas tareas, son pasos imprescindibles para dar un salto cualitativo en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La sociedad española clama en la calle en favor del respeto a las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres. La nueva legislatura es una oportunidad única para dar un gran salto adelante en la eliminación de toda forma de discriminación y desigualdad y derrotar los intentos de involución de las tres derechas.

• Dar un impulso decisivo a la paridad en todos los órganos e instancias de toma de decisión, especialmente en las empresas y las instituciones económicas.
•  Asociar el objetivo de aumentar la tasa de ocupación femenina con la superación de cualquier forma de discriminación segregación en el mercado de trabajo, especialmente la disminución de la igualdad de género en salarios y pensiones y la superación de los techos de cristal.

El gran reto: construir un proyecto país ambicioso y coherente

Mercado de trabajo, fiscalidad, vivienda y protección social, transición energética e igualdad son los ejes imprescindibles que deben guiar las reformas estructurales de la próxima legislatura para un gobierno de progreso.

Su gran reto es alimentar una nueva voluntad colectiva, un “proyecto país” coherente y ambicioso que ilusione después de años de corrupción y crispación política, de tensiones territoriales y ajustes sociales. Significa desarrollar y ofrecer a la sociedad un planteamiento modernizador con un relato coherente, sin contradicciones entre sus distintos componentes

• No es posible renovar el modelo productivo sin dar la vuelta a un mercado de trabajo que desincentiva la productividad y es fuente inagotable de desigualdades.

• No es posible mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades y al tiempo negarse a incrementar la fiscalidad de las rentas más altas.

• No es posible afrontar las transiciones digital y medioambiental sin un Estado potente que asuma el impulso público a la innovación y un plan industrial basado en los sectores más dinámicos.

• No es posible aumentar la capacidad de producir sin liberar a las mujeres de tareas domésticas por la ausencia de servicios sociales de proximidad.

• No es posible afrontar el envejecimiento de nuestra sociedad mediante recortes en las pensiones y al tiempo negarse a la provisión de juventud que facilita la inmigración exagerando sus peligros desde planteamientos xenófobos.

Se perdería la congruencia si se quebrara la unidad de los objetivos.

La mayoría progresista elegida por los ciudadanos se ha constituido en torno a nuevos consensos sociales que rechazan la precariedad y la falta de calidad del empleo, la inequidad de los impuestos, la pobreza infantil, el deterioro de los servicios públicos o la discriminación de género. A esa mayoría es necesario darle una respuesta que reconstruya y regenere su confianza en la política.

Un sistema económico renovado, moderno y eficiente, para un modelo social con mayor justicia social. No puede haber dudas. Ni excusas. No se puede, como muchas veces en el pasado, defraudar ni hacer otra cosa distinta a la que se dijo por no se sabe bien qué inexplicables razones.

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Fuente: Economistas frente a la crisis

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