El colapso del Banco Popular Imprimir
Opinión / Actualidad - Economía
Escrito por Miguel Salas   
Lunes, 12 de Junio de 2017 04:16

La noche del 6 de junio, el Banco Central Europeo decidió, a través de la Junta Europea de Resolución de Bancos, liquidar el Banco Popular. Consideró que era una entidad “fallida o posiblemente fallida” y acordó con el Banco de España y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) venderla al Banco de Santander por un euro. Es la primera vez que se aplica el Mecanismo Único de Resolución para crisis bancarias, un organismo que existe desde 2014. Esta decisión ha implicado que todas las acciones del Banco Popular han dejado de tener valor y que sus accionistas han perdido toda la inversión. Dicho con otras palabras: han sido expropiados.

Qué es el Mecanismo Único de Resolución

La crisis que estalló en el 2008 puso en riesgo el sistema financiero europeo, no solo el español. Unos cuantos bancos alemanes, franceses y holandeses tuvieron que ser rescatados o necesitaron abundantes recursos para ser salvados. Los gobiernos, y el Banco Central Europeo, tuvieron que dedicar enormes recursos financieros para esa operación de salvamento. Necesitaron salvar el sistema financiero para evitar mayores riesgos para el conjunto del sistema capitalista.

Para los gobiernos y las autoridades europeas había que tomar decisiones para evitar, o como mínimo paliar los riesgos de nuevas quiebras de bancos. De esa reflexión surgen dos decisiones: a/ un mayor control de toda la banca por el Banco Central Europeo (restando capacidad de decisión a los bancos centrales nacionales) y b/ el Mecanismo Único de Resolución, por el que el Banco Central Europeo decide intervenir en un banco en crisis.

Es la primera vez que se utiliza este mecanismo para afrontar una crisis bancaria y se expropia a los accionistas, pero es muy ilusorio pensar que estas decisiones resolverán las crisis bancarias. A finales de 2015, el gobierno portugués tuvo que salvar el Novo Banco, creado tras la quiebra del Banco Espiritu Santo, y todavía está por ver si la crisis no volverá a estallar. La situación de la banca italiana es explosiva. Acumula más de 360.000 millones de activos dudosos. El gobierno tuvo que salvar al Monte dei Paschi di Siena (el banco más antiguo de Europa) y unos cuantos bancos regionales aguantan gracias al flujo de dinero que inyecta el Banco de Italia.

Una quiebra anunciada

Hace ya meses que el Banco Popular amenazaba con la quiebra. En el 2016 declaró unas pérdidas de 3.485 millones. Tenía afectados 35.000 millones de activos inmobiliarios, en tres días su acción había caído más del 44% y algunos de sus accionistas de referencia habían abandonado el barco. No ha sido cosa de un día, hace años que se venía fraguando. Y, sin embargo, resulta sorprendente, o mejor decir indignante, que el año 2016 pasara el test de estrés realizado por las instituciones europeas y que ese mismo año se permitiera una ampliación de capital bendecida por el Banco de España y el resto del sector bancario. Porque hay elementos de mala gestión y también de estafa planificada.

En la comunicación para la ampliación de capital de 2016 se decía que su éxito sería “un hito hacia la normalización de nuestra rentabilidad después de 2016 y la generación de capital futura”, y prometía que “a partir de 2017 seremos capaces de acelerar gradualmente el retorno a una política de dividendos en efectivo para nuestros accionistas mientras continuamos reforzando nuestros ratios de capital”. Sencillamente, se engañó a la gente. Unas 28.000 personas que no eran accionistas de Banco Popular acudieron a esa ampliación. Ahora no tienen nada. Otras 20.000 ampliaron su participación comprando nuevas acciones. También se han quedado a cero. 

Y mientras, los antiguos gestores, los actuales han durado bien poco, especialmente el que fue presidente, Ángel Ron, salieron con sus buenas indemnizaciones y pensiones millonarias. Ángel Ron se llevó una pensión de 23 millones de euros. Así como la sociedad exige que los políticos corruptos que se llevan dinero debieran, no solo ir a la cárcel, sino devolver el dinero robado; de la misma manera habría que exigirlo a los banqueros y capitalistas que con su mala gestión arruinan a miles de familias. Eso sería responsabilidad social y democrática.

La decisión de expropiar al Banco Popular evita que la quiebra la paguen los ciudadanos y ciudadanas. El rescate bancario en España ha costado 60.000 millones de euros que sube hasta los 122.000 si incluimos las ayudas directas y avales comprometidos por el Estado. Es una parte importante de la deuda española. Pero la decisión del Mecanismo Único de Resolución ni es neutral ni está pensada para que beneficie al conjunto de la sociedad. El principal beneficiario de la liquidación del Popular es el Banco Santander. Compra el banco por un euro. Cierto que tendrá que realizar una ampliación de capital y asumir los activos dudosos, pero gana miles de clientes, y da un salto importante para colocarse en primer lugar del negocio bancario en España. Además, representa una mayor concentración del sistema financiero, o, lo que es lo mismo, la sociedad, desde las empresas hasta el último ahorrador, dependerán más aún de unos pocos bancos. El 75% del negocio bancario está en manos de 6 entidades y, sobre todo de 4, Santander, Caixa, BBVA y Bankia.

Ni siquiera la expropiación de todos los accionistas del Popular es una decisión neutra. Según las informaciones que facilitó el Banco Popular, de los alrededor de 300.000 accionistas que tenía, sólo 466 acumulaban una cartera de alrededor el 60% del capital. ¡Estos eran los verdaderos dueños del banco y los responsables de su gestión!, al margen de que nombraran a unos u otros gestores. ¡Estos se merecían la expropiación! Unos 250.000 accionistas tenían una inversión de menos de 5.000 euros, en total alcanzaban el 11,2% del capital. Otros 26.000, tenían acciones por un importe de entre 5.000 y 20.000 euros  (el 11,8% del capital) y, finalmente, poco más de 7.000 tenían entre 20.000 y 200.000 euros. Entre esos pequeños accionistas, miles son pequeños ahorradores y muchos de ellos empleados del banco, que ahora se encuentran que peligra su puesto de trabajo y han perdido sus ahorros.

Aprender la lección

Lo sorprendente, e interesante, al mismo tiempo, es que los propios capitalistas utilizan el método de la expropiación para afrontar la crisis de uno de sus bancos y evitar el contagio al resto del sistema. Nos hicieron creer que el sistema bancario era intocable; que el rescate con dinero público era una especie de medida beneficiosa para la sociedad; que las nacionalizaciones y/o expropiaciones eran cosa de otro siglo y otras tradiciones y que lo mejor que nos podía pasar era seguir manteniendo el actual sistema capitalista, y en particular el sistema financiero.

Y, ¡mira por donde!, de pronto descubrimos que hay otra manera de afrontar la crisis bancaria, que mediante una decisión política ellos mismos abren una vía por la que las izquierdas deberían profundizar para definir unas políticas alternativas. O sea, se puede expropiar una compañía sin que se hunda el mundo, y mucho menos la economía. Si la decisión hubiera estado en manos de un gobierno realmente democrático y que piensa en la mayoría de la sociedad, no hubiera regalado el Banco Popular a otro banco privado, sino que lo hubiera convertido en un banco público. Sólo hubiera expropiado a los grandes accionistas, manteniendo el capital de los pequeños accionistas, garantizando el dinero de los clientes y, evidentemente, manteniendo el empleo, por el que ahora tendrán que pelear los sindicatos.

Este ejemplo sirve para la banca, pero también puede servir para las eléctricas, para las telecomunicaciones, para remunicipalizar el agua, para sectores básicos que deberían ser públicos para el buen funcionamiento democrático de la sociedad. Los capitalistas lo pueden hacer porque tienen el poder económico y político y lo hacen para salvar su propio sistema. Las izquierdas y el pueblo trabajador también lo podrían hacer en beneficio del conjunto de la sociedad, para ofrecer servicios más baratos, créditos en mejores condiciones económicas, un acceso a la energía, agua, gas y telecomunicaciones más accesible. El funcionamiento democrático de la sociedad podría ser mucho más barato si se limitaran y redujeran los monopolios y los beneficios de los grandes capitalistas. Es una pequeña lección que podemos sacar de la liquidación de un banco. Tomemos buena nota.

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Fuente: Sin Permiso