Trascurridos ya más de cien días del nuevo Gobierno Zapatero-Rubalcaba-Salgado y tras la firma de lo que presenta como su mayor éxito, el Acuerdo Social y Económico con los sindicatos y la patronal, se puede hacer un balance del camino recorrido y de la naturaleza de su proyecto político, un balance que venga a continuar –y a carear con los hechos— el análisis que avanzamos, en el momento mismo de su constitución,  en un artículo anterior.

 Objetivos prioritarios del ese nuevo Gobierno eran:

  1)     aplicar las contrarreformas neoliberales del nuevo Consenso de Bruselas tras su giro del 9 de mayo;

2)     reconstruir un bloque de alianzas con los partidos nacionalistas periféricos de derecha (PNV, CiU, CC y UPN), capaz de apoyar parlamentariamente el programa contrarreformas;

3)     limitar los desgarros que, la base social del PSOE, tenía inevitablemente que producir el giro neoliberal contrarreformista (lo que se convirtió en una necesidad acuciante tras la Huelga General del pasado 29 de septiembre)

4)     finalmente, y suicidado políticamente Zapatero, resolver la cuestión sucesoria en el seno del PSOE, abriendo paso a un nuevo candidato capaz de recoger los frutos de una posible "remontada" de las expectativas electorales del PSOE.

El cumplimiento de esos cuatro objetivos pasa por hacer frente a las consecuencias de la descomposición del anterior bloque de alianzas autonómico, que afecta ante todo a los partidos socialistas de Cataluña, Canarias y las Comunidades autónomas vasca y navarra. Pasa también por afrontar la renegociación, con todos los gobiernos autonómicos –incluidos los del PP—, de la refinanciación de su deuda y del recorte del gasto social en la mayor parte de sus competencias, ¡en pleno periodo electoral municipal y autonómico! Y pasa, asimismo, por intentar rentabilizar, con la vista puesta en las elecciones legislativas del 2012, el fin de la actividad armada de ETA y la normalización de la vida democrática en el País Vasco.

El desplome del PSOE, según las encuestas

A juzgar por la sucesión de encuestas de todo tipo realizadas desde fines de octubre de 2010, pocos días después de la formación del nuevo Gobierno, hasta la de enero del 2011 del oficial  Centro de Investigaciones Sociológicas, lejos de revertir, o a cuando menos de frenarse, la caída libre experimentada por la popularidad de los gobernantes, sigue, impertérrita, su curso. No parece que la posibilidad de una "remontada" pueda fiarse, como frívola y superficialmente (se) dieron a entender en su día Zapatero y Rubalcaba, a una mejora de las "capacidades de comunicación" del gobierno: el desplome en las expectativas de voto del PSOE no sólo no se ha detenido con la estudiada proliferación inicial de una miríada de ministros en función de portavoces –pronto corregida, tras la poco airosa gestión de la represión marroquí del Campamento de la Dignidad saharaui de El Aiun—,  sino que se ha afianzado hasta convertirse en una tendencia tan robusta como persistente. Una tendencia más y más acentuada, a medida que la población sufre los efectos de la crisis económica, de las ignaras políticas económicas procíclicas de austeridad practicadas por el gobierno y de las contrarreformas neoliberales ya emprendidas (señaladamente, la contrarreforma del mercado laboral, cuyo único efecto visible hasta la fecha ha sido el ulterior aumento del desempleo y el ulterior aumento de la temporalidad y la precariedad laboral).

He aquí los datos:

Antes de la remodelación gubernamental de octubre, la ventaja del PP sobre el PSOE era de 12,6 puntos, lo que aseguraría a la derecha españolista una mayoría absoluta.

La formación del nuevo gobierno consiguió aparentemente reducir por un rato esa diferencia, dejándola entre 7,9 (CIS) y 9,1 puntos (Metroscopia). El PP protestó en el Congreso de los Diputados, alegando que los datos del CIS de octubre estaban "cocinados" por el Gobierno y que, según sus propios e interesados cálculos, la distancia era de 13,4 puntos.

A partir de noviembre, las encuestas encargadas por los distintos periódicos se convirtieron en terreno de confrontación, con el escenario de fondo de las elecciones autonómicas catalanas del pasado 28 de noviembre. Esas elecciones se saldaron con la derrota espectacular de las tres formaciones de izquierda que componía el govern tripartito catalán. Sin pretenderlo siquiera, o lo que es peor, acaso pretendiendo lo contrario, lo cierto es que el día anterior a las elecciones catalanas (el famoso "día de reflexión", en el que, conforme a la lesgialción electoral española está prohibida toda manifestación de propaganda electoral) Zapatero protagonizó el más efectivo y cargado de simbolismo acto de propaganda política que hacerse pueda: se reunió en la Moncloa con los representantes de las mayores empresas españolas (que representaban cerca del 75% de los valores cotizados en el IBEX), para ponerse expresa y fotogénicamente a su servicio. Es verdad que esos patrióticos y autosatisfechos empresarios –entre los que se cuenta la flor y nata de los rentistas inmobiliarios y financieros— representaban más de las dos terceras partes del PIB español; como también lo es que el 82% de las grandes empresas que cotizan en el IBEX tienen filiales en paraísos fiscales totalmente opacos a la hacienda española.

Es decir, Zapatero escenificó por lo magnífico el día 27 de noviembre, día de "reflexión electoral" en Cataluña, su sumisión política expresa a una élite económica tan rapaz como la española, formada, como es harto sabido, por menos de 1.500 personas. Su sumisión política, esto es, a una exigua minoría, representando apenas un 0'035% de la población, controla de manera decisiva, además de los grandes medios de desinformación y propaganda legitimatoria, la dinámica económica fundamental de nuestro país, con una capitalización de 789.759 millones de euros, equivalente (en 2008) al 80'5% del PIB.

Al día siguiente, los socialistas catalanes perdían a la mitad de su electorado.

Con el conflicto de los controladores aéreos que vino poco después, el desplome de las expectativas de voto socialista se acentuó aún más, si cabe. La encuesta del CIS de enero detectaba una diferencia a favor del PP de más de 10 puntos, después de que Metroscopia la hubiera cuantificado en un abismo sin precedentes de 18,8 puntos en diciembre pasado, y Publiscopio, en un hisato más moderado de 13,4 puntos.

La primera encuesta realizada por Metroscopia tras la firma del Acuerdo Social y Económico (EP 6-2-2011) detectaba no sólo un rechazo del 76% de los encuestados a la ampliación a 67 años de la edad de jubilación pactado y de un rechazo del 70% a la también pactada ampliación en tres años y medio de la cotización para la jubilación a los 65 con todos los derechos, sino que otorgaban a un PP que tuvo la alemental astucia de no querer aparecer en la foto un robusta ventaja de de 14,9 puntos.

De las sucesivas encuestas realizadas en los últimos meses resulta particularmente interesante el creciente rechazo y la cada vez más descarnada desonfianza expresada por la población, no sólo hacia el presidente Zapatero –que está muchísimo peor valorado que Aznar en plena crisis de la guerra de Irak—, sino también hacia Rajoy, el dirigente de la oposición de la gran derecha españolista. En octubre las cifras negativas eran de 79% y 82%, respectivamente; y en enero, de 80,7% y 78,8%, respectivamente. Lo que dio pábulo en la prensa a la idea de que el primero de los dos partidos que cambiase a su dirigente obtendría una importante ventaja electoral. La modestísima subida de IU en más de 1,5 puntos (5,7%) y el estancamiento de UPyD (el nuevo partido minoritario del centro-derecha españolista) y de su pintoresca y verbosa dirigente en un modesto 2,9% autorizan a suponer que  lo más significativo de este crecimiento del porcentaje de la intención de voto a la gran derecha y de este desplome del los porcentajes del PSOE es el aumento de la abstención ya decidida (un 12,7%) y el crecimiento de porcentaje de indecisos (15,3%).

Un programa de contrarreformas políticamente injusto y técnicamente ilusorio

Tras la contrreforma del mercado laboral y la huelga general del 29 de septiembre (1), el programa de contrarreformas neoliberales del Gobierno pareció concentrarse en cuatro objetivos:

1)     la seguridad social, con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 y el recorte del gasto público de las pensiones (hay que recordar que pasar de 60 a 62 años en Francia le costó a Sarkozy varios meses de un intenso conflicto social todavía abierto);

2)     la reestructuración y privatización de las cajas de ahorro, convirtiéndolas en bancos (si hay que llamar a las cosas por su nombre: la progresiva entrega al capital privado y a los fondos financieros buitres extranjeros de cerca del 50% del ahorro de los trabajadores españoles;

3)     la consolidación del ajuste fiscal, trasladando un techo de déficit público del 3% a las autonomías (lo que arrebata a los gobiernos autonómicos, no ya importantes recursos para políticas sociales, sino todo margen de política económica anticíclica);

4)     la alteración –afavor de la patronal— de los mecanismos de la negociación colectiva, poniendo en primer plano la negociación empresa a empresa sin condicionantes previos (la "ultra actividad") y limitando o terminando con la cláusula de revisión salarial por la inflación no prevista (que actualmente afecta a 3,2 millones de trabajadores, el 45,6% de los que tienen convenios).

La aplicación de estas cuatro contrarreformas traería indisputablemente consigo una alteración profunda, estructural, en la actual relación de fuerzas existente entre los perceptores de rentas y beneficios de capital y los asalariados. Buscaría un incremento de los beneficios (empresariales) y de las rentas (oligopólicas, financieras e inmobiliarias) partir de:

a)     una reducción de los salarios directos;

b)     una reducción de los salarios indirectos (a través del recorte del gasto social público);

c)     una reducción de los salarios diferidos (pensiones);

d)     un aumento de las horas trabajadas por la población trabajadora.

e)     un aumento de los impuestos que pagan básicamente los asalariados (IRPF, IVA)

f)      el mantemiento, o aun el aligeramiento, de la actual presión fiscal española sobre los beneficios empresariales y sobre las rentas no ganadas (financieras, inmobiliarias, oligopólicas)

Obsérvese que este pretendido programa de salida de la crisis es "neoliberal" en el sentido más pleno del remoquete: es decir, que, además de profundamente injusto política y socialmente, es totalmente ilusorio técnicamente como programa de animación y reactivación de la coyuntura económica. Es, por lo pronto, un típico programa procíclico que deprime los ingresos de la población trabajadora española todavía más, y con ello, la demanda efectiva: una población, recuérdese, el 63% de la cual es mileurista; una población, recuérdese, profundamente endeudada y, por lo mismo, en pleno proceso de desapalancamiento y desendeudamiento; y una población, recuérdese, cuyo principal activo económico –la vivienda— ha perdido –y seguirá perdiendo— valor después del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que destruye la importantísima parte de la demanda efectiva que los estadísticos suelen asociar al "efecto riqueza" generado por la posesión de un activo en alza. [2]

Toda la "sabiduría" del programa de austeridad neoliberal que se dispone a aplicar el gobierno de Zapatero-Salgado-Rubalcaba consiste, así pues, en deprimir más –procíclicamente— una demanda efectiva agregada ya suficientemente deprimida y en condicionar la inversión en capital fijo para aumentar la productividad media por sectores al previo mantenimiento y aumento de la competitividad exterior, a partir de un modelo económico de bajos salarios y bajo valor añadido para una exportación [3] orientada en muy buena medida a otros países europeos que, por lo mismo que el miope Diktat alemán les impone también políticas de austeridad y deflación competitiva, verán también mermar su demanda efectiva y su capacidad para importar, entre otros, productos españoles. Por lo demás, ni siquiera una demanda efectiva acrecida garantizaría la materialización de esas inversiones en capital fijo, habida cuenta de las inmensas posibilidades que siguen abiertas --¿quién se acuerda de la "eefundación moral del capitalismo" de hace dos años?— a la inversión especulativa y rentista en el marco legal, fiscal y político europeo y mundial.

Sea ello como fuere: a eso se reduce ahora toda la palabrería sobre el "cambio del modelo productivo", sobre la necesidad de reformar estructuralmente una economía que ha destruido escandalosamente nuestro patrimonio natural –señaladamente, el costero— y sobre la Ley de Economia Sostenible: la mejor prueba son los recortes presupuestarios, que afectan en primer lugar a las partidas de I+D e infraestructuras.

Cuantificación de la alteración de la relación de fuerzas entre las clases sociales

Ese cambio en la relación de fuerzas entre las clases es cuantificable y ha sido más o menos bien cuantificado por los numerosos estudios de la OCDE, del Banco de España o de los servicios del Banco de Santander, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y del BBVA. Este último puede servir de referencia, por tratarse del de publicación más reciente.

-        Así, en relación con la "reforma" de las pensiones, se señala clara y distintamente que la elevación de la edad de jubilación a los 67 supondrá una reducción del 20% del gasto en las prestaciones.

-        Por lo que se refiere a los salarios, el aumento neto en relación con la inflación de 2008 (2,1%) y 2009 (1,2%) se ha cortado en seco en 2010 (-1,6%), de manera que para 2011 los salarios volverán a situarse en los umbrales de 2007.

-        En una población activa algo superior a los 22 millones, poco más de 7 millones de trabajadores se acogen a un convenio colectivo y, de ellos, 3,2 millones disponen en el mismo de una cláusula de revisión salarial indexada. La única excepción en el proceso de renovación de convenios han sido los trabajadores de artes gráficas y los de residencias asistenciales, que han conseguido subidas de hasta un 4% pero después de años de estancamiento y sueldos base muy bajos.

-        El salario medio interprofesional, que fija el Gobierno, es también otro índice a seguir. La promesa de alcanzar los 800 euros mensuales en 2012 (lo que nos situaría... ¡a un 35% de la media de la eurozona!) ha sido otra de las victimas de la gestión neoliberal de la crisis. La esperanzadora subida del 8% en 2008, cayó al 4% en 2009 y a un mero 1,4% en 2010, para situarse en 641,40 euros, con una subida prevista en 2011 de 1,26%.

No es de extrañar que con estas cifras, a las que hay que agregar un paro del 21% y una precariedad del 33% —que revelan la acelerada desestructuración de un mercado de trabajo ya de por sí dual, con lo que ello supone de pérdida de derechos ligados al contrato de trabajo—, Caritas informe de que en 2009 tuvo que asistir a 800.000 personas, el doble que en 2008, y aumentar el volumen de sus ayudas temporales para alquileres o pago de hipotecas en un 22%, hasta los 3,2 millones de euros, a pesar de haber sufrido ella también recortes en las subvenciones recibidas por la administración de más de 9 millones de euros. El Informe de 2010 de la Fundación Foesa sobre la pobreza en España registra que, como consecuencia de la crisis, la pobreza aumentó en un millón de personas (un 3,7% en dos años), hasta situarse en el 22,7% de la población (9 millones de personas). Desde comienzos de los años 80, la proporción de masa salarial en la renta nacional ha caído del 66,8% de entonces al actual 52,7%, mientras que los beneficios del capital y las ganancias de los rentistas financieros e inmobiliarios experimentaron en los diez años anteriores a la crisis (1998-2008) un aumento del 50%, abriendo una vía de agua en el gasto privado de los hogares que sólo pudo resolverse recurriendo al crédito y a un endeudamiento familiar del 133,4%.

En esta situación, la primera de las obsesiones neoliberales, la favorita del Banco de España a la hora de estimar los cambios estructurales en marcha en la relación entre las fuerzas sociales, es la razón entre el gasto público y el PIB. Como consecuencia de la crisis económica, desde 2007 esa proporción ha subido del 39% al 46%, unos siete puntos. Pues bien, el objetivo declarado es volver a reducir el gasto público a un 40% del PIB, que fue donde lo dejó Aznar (pero tras alcanzar en 1996 un 47%). Durante los gobiernos Zapatero, hasta el 2007, el gasto público subió siempre por debajo del crecimiento del PIB, incrementándose la diferencia con la media de la eurozona (49%).

La segunda obsesión neoliberal, en este caso prioridad de la CEOE, pero íntimamente ligada a la anterior, es la de la presión fiscal en general, y sobre las empresas, en particular. La crisis ha provocado una caída de la presión fiscal del 37,1% al 33%, ampliando la diferencia con la media de la UE a 6,3 puntos, casi el doble. Pero si se compara con Francia o Italia (42,8%), la diferencia es de casi 10 puntos. Por lo que respecta al impuesto de sociedades, la diferencia con la eurozona es de 9,7 puntos (30% y 39,7%, respectivamente). La OCDE, en su informe de diciembre del 2010, constata esta enorme caída de la recaudación pública, que vuelve a situarse a niveles de 1986, lo que ha obligado a la ministra de Economía, Elena Salgado, ha declarar que eso es insostenible y que procuraría acercarse, ya sea tímidamente, a la media europea.

La tercera obsesión, atribuida a los "mercados", es el endeudamiento público, dando por descontado que el endeudamiento privado de las empresas es sostenido por el de la banca privada y el de ésta, por el Estado, a través del FROB y de la deuda soberana. Como es sabido, actualmente se sitúa en el 70% del PIB, bastante inferior a la de la mayor parte de los estados miembros de la UE. Con las peores previsiones de inyección adicional de unos 20.000 millones de euros para la "reforma" y privatización de las cajas de ahorro, la aportación de capital público superaría el 4,5% del PIB, ligeramente superior al de Alemania, pero inferior al de Bélgica. Ha sido esta obsesión la que se ha convertido en una "política de miedo" al diferencial de colocación de la deuda soberana, al contagio de las presiones especulativas sobre Grecia, Portugal e Irlanda, y en el eje declamatorio del programa neoliberal de las contrarreformas a ritmos perentorios de aplicación. Todo bajo el chantaje de un "rescate" para salvar al euro que hundiese a la economía española en una nueva recesión y la privase definitivamente de su soberanía bajo el protectorado del Consenso de Bruselas.

Desde el ecofin del 9 de mayo y la crisis griega, pasando por la irlandesa y portuguesa a mediados de noviembre y hasta anuncio del Pacto de Competitividad de Merkel en febrero, los ritmos para el ajuste y las contrarreformas –con medidas extraordinarias, presupuesto, decretos y acuerdos— han dependido de las rebajas de las agencias de calificación de la deuda, de los precios de asegurar los bonos españoles en los mercados CDS de derivados financieros de impagos crediticios –dominados por los grandes tiburones de la aristocracia financiera internacional—, de las arbitrarias intervenciones del BCE que, en vez de hacer de verdadero Banco Central y emitir y comprar eurodeuda –lo que limitaría considerablemente (mediante simples operaciones de anotaciones en cuenta) los ataques especulativos sobre la deuda soberana de los países periféricos—, se ha limitado a comprar in angustiis deuda de los países más afectados: y ha dependido, en fin, de las oscilaciones de la deuda soberana española en los mecados financieros primarios y secundarios alrededor de una tasa de interés situada entre el 4% y el 5%. A pesar de las investigaciones encomendadas a los distintos departamentos especializados, incluido el CNI, para identificar a los especuladores, seguimos sin conocer sus nombres; pero los beneficios de los grandes bancos españoles y europeos son aireados con orgullo y los responsables de esta política de chantaje y amedrentamiento son claramente identificados por la población, a juzgar por las encuestas.

La tormenta irlandesa de noviembre

El giro neoliberal de mayo y la formación del nuevo Gobierno Zapatero-Rubalcaba-Salgado era en sí mismo un claro mensaje a los "mercados" –es decir, a las elites rectoras europeas— de que el funambulesco equilibrismo social en el que habías pretendido moverse los anteriores gobiernos de Zapatero iba a dar paso a una resuelta voluntad contrarreformista. Pero como tuvimos ocasión de pronosticar desde estas mismas páginas en el mes de mayo,  no por eso han cedido las presiones. De modo que el nuevo gobierno remodelado ha vivido desde el primer momento contradicciones insolubles entre quienes consideran que cualquier vacilación es un mensaje negativo a unos "mercados" que persisten ilusoriamente en considerar como "calmables" (son los del "más vale reformas sin pactos, que pactos sin reformas") y los representantes de un aparato burocrático del PSOE que ven con terror y hasta con rabia –a muchos les va el sueldo— cómo la desapoderada ruptura con sus bases sociales les lleva derechos a un derrumbe electoral sin ejemplo histórico.

Se puede conjeturar que una primera respuesta a esta contradicción ha consistido en una suerte de división de papeles entre las dramatis personae en primer plano: Salgado –que siente en el cogote el aliento del presidente del Banco de España—, manteniendo el programa neoliberal sin fisuras, a fin de poder "calmar" a los "mercados";  Zapatero, situándose de nuevo au dessus de la melée de las fuerzas sociales, esta vez recorriendo un doloroso via crucis redentor y escenificando en primera persona los sacrificios "necesarios" exigidos a unas bases sociales del PSOE desconcertadas, indignadas en su fuero interno; y finalmente, Rubalcaba en el papel de Cireneo: reconstruyendo un bloque parlamentario con los nacionalismos periféricos de derecha, a fin de mantener la estabilidad política parlamentaria, ganar tiempo al tiempo y evitar la subitánea desarticulación del aparato del PSOE.

Los personajes secundarios descontentos con este singular reparto de papeles sacrificiales abundan. Porque es lo cierto que la gestión de estas contradicciones, no por errática, y hasta mequetréfica, ha sido menos implacable. Los primeros en sufrirla han sido los socialistas catalanes y el conjunto de las fuerzas del govern tripartito en la campaña electoral de noviembre, que comenzó en Madrid con el epitafio pronunciado por Zapatero: "el entierro del Tripartito es bueno para España" (EP, 26-10-2010). La reivindicación del pacto Más-Zapatero sobre la reforma Estatut, marginando a Montilla, y –ya se ha comentado— la reunión con la elite granempresarial en Moncloa en el día de "reflexión electoral" en Cataluña no ayudaron, desde luego, a defender los logros de la gestión del govern y sí, en vambio, a recordar todos sus defectos. El PSC y ERC perdieron prácticamente la mitad de sus votantes y ICV-EUiA casi un 20%, sin duda por los yerros de su gestión, pero previamente desahuciados por el gobierno Zapatero.

La desaparición del govern de progreso en Cataluña fue un rubicón, como lo había sido su constitución en diciembre del 2003, porque venía a deshacer un componente esencial del bloque social y territorial de las izquierdas. Y porque lo hacia en nombre de otro proyecto político de alianzas parlamentarias del aparato central del PSOE con las derechas nacionalista periféricas de CiU, PNV, CC y UPN.

En paralelo se desarrollaba la gran campaña de "explicación" didáctica del programa del nuevo gobierno. El papel central le correspondió a Zapatero, con su intervención en el Congreso el 18 de noviembre y su entrevista en El País, tres días mas tarde. En un clima de miedo, patéticamente alejado del estupefaciente optimismo tontiastuto que había venido exhibiendo desde el verano de 2008 –"la mejora es tan débil que no asegura un cambio irreversible de la tendencia"—, explicó el programa de contrarreformas, empezando por la drástica reducción del déficit fiscal (del 11% al 6%), y dejó encargada a Rubalcaba la articulación de un nuevo "impulso social" con la presentación en Cortes de 26 proyectos de ley antes de acabar la legislatura. El mensaje a su base social de que, tras el aumento del gasto social en un 40%, los recortes exigidos ahora eran mínimos, quedaba convenientemente matizado con el otro mensaje, el dirigido a "calmar" a los "mercados": no podía quedar ninguna duda, el Gobierno sería "contundente" en punto a embridar el gasto público, el central, no menos que el autonómico.

Unos pocos días más tarde, el 24 de noviembre, Salgado aseguraba muy seriecita que "España está en las mejores condiciones para resistir el acoso de los mercados", pero a las pocas horas Standard and Poor´s rebajaba a "AA" su calificación, la bolsa caía un 5,7% acumulado en el mes y la crisis irlandesa colocaba el diferencial de la deuda española a 250 puntos de la alemana, lo nunca visto (hasta entonces). Los anónimos "mercados" comenzaron a hacerse oír. Primero, en forma de una declaración de la Fundación Everis (intitulada: "Transforma España"), que, en substancia, a un pormenorizando programa de contrarreformas sin concesiones, venía también a añadir la reordenación del modelo territorial autonómico y la exigencia de un "gobierno económico Zapatero-Rajoy", como lo resumió Ernesto Ekaizer (P 3-12-2010). Este verdadero memorial de agravios de la clase empresarial y de sus peritos en legitimación fue entregado al Rey en el Palacio de Zarzuela, [4] obligando a Zapatero a orquestar un escenario menos inconstitucional en la propia Moncloa el 27 de noviembre.

No cabía imaginar fecha peor. El día antes, la bolsa acumulaba una pérdida del 7%, el diferencial del bono español se había situado a 246 puntos del alemán, en una escalada que llegaría a 298 (5,66%) tres días más tarde, forzando a Zapatero a declarar que "descartaba absolutamente un rescate de España". Salgado atribuía los oídos sordos y las dificultades de comprensión del "mercado" al ruido de la posición de Alemania y Francia, empeñadas en exigían la participación del sector privado en el rescate de Irlanda a partir del 2013, a fin de limitar la intervención del BCE,  antes de la inminente reunión del ecofin. Y al día siguiente, se celebraban las elecciones catalanas. La reunión en Moncloa no fue ya un mensaje a los "mercados", sino de los "mercados" al Gobierno: que "no le tiemble el pulso, que sea firme, rápido y contundente". La crónica del diario El País no tiene desperdicio.

El 3 de diciembre, tras la reunión del ecofin y la aprobación del plan de rescate para Irlanda, el Gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas, reduciendo el impuesto de sociedades a las PYMES por valor de 230 millones de euros, privatizando el 40% de AENA y el 30% de Loterias Nacionales y subiendo los impuestos al tabaco, al mismo tiempo que se decretaba el estado de alarma, por primera vez desde el franquismo, contra los controladores aéreos y como un aviso a navegantes en el conflicto social. Diríase que, esta vez, los "mercados" y el Gobierno parecían haberse oido, y la tasa de interés de la deuda se estabilizó en el 5,48% a mediados de diciembre (aún lejos del simbólico 7%, considerado insostenible), con una demanda de bonos dos veces superior a la oferta. Por cuarto mes seguido, los bancos españoles redujeron en un 10% su acceso al crédito del BCE, a pesar de la rebaja de la calificación de Moody´s.

El programa de contrarreformas a cinco años fue ratificado por Zapatero ante el Congreso el 22 de diciembre, tras atravesar la tormenta irlandesa de noviembre. Los siguientes pasos eran: la reforma del sistema de pensiones, sobre la que la Comisión del Pacto de Toledo llegaría al día siguiente a un acuerdo que dejaba en la práctica las manos libres al Gobierno; la "modernización de las instituciones laborales", incluyendo la negociación colectiva y los salarios;  la "reforma" de las cajas de ahorro; y una "mayor coordinación comunitaria" en las políticas de ajuste. Y esta siguiente fase llevó el pasado 2 de febrero al Acuerdo Social y Económico con los dos sindicatos mayoritarios y las dos otrganizaciones de los empresarios.

El problema sucesorio

La formación del nuevo Gobierno, sus contradicciones internas y el desplome electoral del PSOE fueron interpretados desde el primer momento en la oportuna clave de la sucesión de un Zapatero achicharrado como candidato del PSOE en las elecciones del 2012. Los debates sobre la candidatura socialista en Madrid habían incluso forzado un mecanismo de designación a partir de las encuestas, que fue roto sólo en el último momento por unas primarias forzadas por la tenacidad antijerárquica de Tomás Gómez.

Metroscopìa, por encargo de Prisa, comenzó a hacer una valoración sistemática para EL País y la SER de los candidatos socialistas alternativos a Zapatero, pero en especial de Rubalcaba, portavoz omnipresente de un presidente de gobierno recluido en Moncloa. En la encuesta, publicada el 9 de enero, la fidelidad de los votantes del PSOE aumentaba hasta 20% - a solo 10% de la de los del PP—, en caso de encabezar la candidatura Rubalcaba, único capaz de llevar a cabo, según estos datos, la "remontada". Es más. 3 de cada 4 encuestados socialistas consideraban que Zapatero no debía presentarse. Rubalcaba recibió todos los apoyos, empezando por Felipe Gonzalez –"es un todoterreno político"— y terminando por Bono – "es la liebre eléctrica que tira del Gobierno"—, hasta el punto de que Josep Ramoneda llegó a titular una de sus siempre bien informadas columnas: "Y el cuento se acabó".

La sucesión de Zapatero, sin embargo, estaba lejos de ser un plan consensuado. En primer lugar, respecto del momento oportuno para realizar el recambio del candidato, y sobre el modo de hacerlo. La presión de un sector del PSOE, incluidos varios barones territoriales que necesitaban tener despejada la incógnita antes de las elecciones autonómicas, era contrarrestada por el horizonte de un posible acuerdo con los sindicatos, por la aparición de otros autopostulados candidatos –sobre todo, Carme Chacón—, y por las resistencias de un Zapatero que, cada vez más molesto con el debate sucesorio, terminó recordando que los estatutos del PSOE exigían primarias o Congreso extraordinario y que Rubalcaba sería muy poderoso, pero que era el portavoz de su Gobierno y que  lo había nombrado para el cargo era él. La cuestión sucesoria, concebida acaso  solución parcial ante la perspectiva de derrumbe electoral sin paliativos, terminó así por convertirse en un nuevo problema más para la "remontada".

Los inevitables codazos de aparato ante la inminencia de un desplome electoral sin ejemplo, así como las incipientes luchas políticas internas en Madrid y en Cataluña, habían generado el espejismo de una solución a la grave crisis del PSOE consistente en un mero recambio de dirigentes que dejara intacta la orientación política que está en su raíz. A pesar de las pretensiones de algunos de evitar que las elecciones municipales y autonómicas fueran un referéndum sobre Zapatero y su política de contrarreformas neoliberales substituyéndola inmediatamente por Rubalcaba, la fuerza de los hechos y de las realidades tangibles terminó por imponerse,  llevando consigo todas las contradicciones a una campaña electoral ya iniciada con la Convención Nacional del PP en Sevilla, el pasado 20 de enero, y con la Autonómica del PSOE el 30 del mismo mes.

La prioridad sigue siendo –no tardarán los "mercados" en volver a recordárselo— la aplicación "contundente" del programa de contrarreformas. De manera secundaria, intentar sumar al proyecto a los sindicatos en un "pacto con contrarreformas" que pudiera flexibilizar su aplicación y recuperar parcialmente la base social del PSOE, como se ha visto en la negociación del Acuerdo Social y Económico. La solución sucesoria, convertida en problema, queda asimismo subordinada a sus ritmos de aplicación y, por lo tanto, cuanto más se avance en el año tras las elecciones municipales y autonómicas, más difícil será mantener el simbolismo y el truco de convertir a Zapatero en un chivo expiatorio, a Rubalcaba en el Simón Cireneo de una "remontada" aupada a lomos del miedo a una victoria del PP y de la táctica de un "mal menor" capaz de justificar el giro neoliberal del PSOE.

Romper la autodestructiva e irrealista lógica del mal menor es condición absolutamente necesaria de la revertebración de una izquierda política y social verdaderamente realista, y a fuer de serlo, verdaderamente radical. 

NOTAS

(1) A pesar del éxito relativo de la huelga general –véase: http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/domenechbusteraven.pdf -la encuesta del CIS de octubre señalaba que para el 70% de los encuestados, "había sido un fracaso de los sindicatos", mostrando una diferente percepción entre el conjunto de la población y la de los sectores de trabajadores que habían participado en la misma. Así fue percibido por los sindicatos, de manera que establecieron entre sus objetivos para continuar la movilización social no solo la penetración de sus mensajes en las empresas sino también ganar el apoyo ciudadano en general. El conflicto de los controladores aéreos y la gestión del mismo por su sindicato, sin coordinación con CC OO y UGT, permitió al Gobierno manipular el descontento por el cierre del tráfico aéreo y la militarización de los controladores contra el conjunto del movimiento sindical. Las movilizaciones y manifestaciones del 15 y 18 de diciembre sirvieron para  constatar, a pesar del esfuerzo desplegado, que esta diferencia de percepción entre el movimiento sindical y sectores amplios de la población seguía existiendo. 

(2) Se suele calcular que por cada euro en que está tasado un activo en alza, su poseedor.  consume anualmente entre cinco y siete céntimos. Se estima que en los EEUU la pérdida del "efecto riqueza" generado por la burbuja inmobiliaria estadounidense (¡una burbuja de 8 billones de dólares!) se traduce en un descenso de la demanda efectiva agregada rayano en el 8% del PIB de los EEUU (véase el reciente artículo de Dean Baker en la Boston Review: http://www.bostonreview.net/BR36.1/baker-fcic-housing.php.) Habida cuenta de que los precios nominales de la vivienda aumentaron en el Reino de España un 183% entre 1997 y 2006 –el país en el que más crecieron del mundo, después de Inglaterra (196%)—, no es imposible que la pérdida de demanda efectiva causada por la destrucción del "efecto riqueza" sea aún mayor en nuestro país. 

(3) Merece la pena citar como lo formula el último estudio del BBVA: "En este contexto, el objetivo de la modernización de la negociación colectiva debe ser que los incrementos salariales reflejen la productividad de los trabajadores y la situación económica de las empresas. Lo anterior es particularmente importante en un entorno en el que las empresas españolas necesitan ser más competitivas: cuando los salarios aumentan en función de la productividad real y los beneficios empresariales lo hacen a la misma tasa, los precios se pueden mantener constantes, evitando presiones inflacionistas. Por el contrario, cualquier intento de que los salarios nominales crezcan por encima de la productividad termina provocando solo una de las dos situaciones siguientes: 1) que la inflación aumente hasta compensar el alza nominal de los salarios por encima de la productividad real, lo que impediría por lo tanto, una ganancia de poder adquisitivo real y que resultaría en una perdida de competitividad respecto a nuestros principales socios comerciales; o 2) que la inflación aumente menos que en la situación anterior, pero a costa de una mayor tasa de desempleo, un aumento de la informalidad y un deterioro en la distribución de ingresos" (pag. 38). http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201102/09/economia/20110209elpepueco_1_Pes_PDF.pdf. 

Hay por supuesto una tercera situación, que parece más acorde con la actual realidad: que los salarios aumenten por debajo de la productividad real y los beneficios empresariales lo hagan por encima de esa tasa. Se produciría así un aumento de la competitividad relativa exportadora a costa de una depresión del consumo interno privado y un posible, pero no seguro, relanzamiento del ciclo inversor con tres condiciones: la reducción previa del alto endeudamiento empresarial privado, a lo que se destinarán en primer lugar el aumento de beneficios; el acceso a nuevas líneas de crédito privadas o públicas; y el mantenimiento o crecimiento de los mercados para la exportación. Este es en definitiva el modelo exportador que se propone.  

(4) Enric Juliana, en su blog y con el título "Informe al Rey" (http://blogs.lavanguardia.es/a-619-kilometros/2010/11/28/informe-al-rey/) escribió la mejor crónica del significado político en Madrid del acontecimiento. Para el texto de la declaración "Transforma España", véase: (http://www.fundacioneveris.es/Images/Transforma%20Espa%C3%B1a%20Fundaci%C3%B3n%20everis_tcm32-71088.pdf )

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Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventos son miembros del Consejo de Redacción de SinPermiso.