Hace apenas unos días un juez de la Audiencia navarra sentenció que la devolución del piso hipotecado a la entidad financiera prestamista saldaba la deuda que el fallido aspirante a propietario mantenía con ésta. Fue una sentencia que abrió un rayo de esperanza para tanta gente golpeada por el paro, incapaz por falta de recursos de seguir respondiendo a los compromisos crediticios adquiridos con anterioridad a la pérdida del empleo. Justicia auténtica, en suma, en la medida que libraba de una carga imposible a quien al drama del paro había de sumar el de una hipoteca que ya no estaba en condiciones de seguir afrontando.

Por si no lo saben y para que tengan una idea exacta de la dimensión del problema y de la capacidad de rapiña de bancos y cajas prestamistas españoles, es práctica corriente de estos el

 enviar abogados y agentes de esas entidades a países latinoamericanos, donde embargan la choza y los campitos de los inmigrantes en España que en su día pidieron un préstamo para comprarse un piso en la ciudad española donde residían, y que ahora al quedarse sin trabajo ni recursos con los que seguir viviendo en España y hacer frente a la hipoteca entregaron las llaves del piso y retornaron a su país.

Pero es sabido que poco dura la alegría en la casa del pobre. Apenas unos días después, otra sala de la misma Audiencia Provincial navarra acaba de sentenciar justo lo contrario. Las aguas vuelven pues a su cauce, y el sacrosanto derecho a hacer negocio con lo que sea prima una vez más sobre un derecho fundamental recogido en la Constitución española cual es el "derecho a una vivienda digna". Contraviniendo flagrantemente ese enunciado, la nueva sentencia viene a decir que la vivienda es para quien la pueda pagar, y punto pelota. Dice El País que el nuevo auto recuerda además que la ley establece que el deudor responde de sus deudas "con todos sus bienes presentes y futuros" y recrimina al juez de primera instancia que eludiera "la aplicación al caso de la preceptiva mencionada". Toma castaña. Con un poco de suerte aún le meterán un paquete al primer juez, el que sentenció a favor de las personas y no del lucro privado.

Lo que más llama la atención, con todo, es que el deudor hipotecado deba responder "con todos sus bienes presentes y futuros", doctrina que sin embargo no parece ser de aplicación a empresarios y banqueros. Vean sino el caso de Díaz Ferran, el estafador internacional ex presidente de la patronal española, la CEOE, que la semana pasada presentó un recurso "rechazando" (sic) la pretensión judicial de embargarle sus bienes para que afronte con ellos sus deudas fraudulentas con los trabajadores y la Seguridad Social. Y es que la responsabilidad de los chorizos con traje italiano se limita a los bienes desbaratados y muy raramente por no decir nunca alcanza al patrimonio personal, por más evidente que sea que este se haya constituido precisamente a partir de lo robado y defraudado.

En resumidas cuentas, en España el patrimonio de los pobres siempre está a disposición para cobrarse mediante él cualquier clase de deuda, en tanto el patrimonio de los ricos es intocable. Y a esto lo llaman justicia.

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En la imagen que ilustra el post, manifestación de jóvenes contra el sistema hipotecario impuesto por las entidades financieras en España.