Hay que reconocer al Gobierno que la conmemoración del 32º aniversario de la Constitución ha sido por lo menos original. Este año los vídeos de Su Majestad han pasado a segundo plano, nadie rememora las bondades de Martín Villa, Felipe González o Fraga Iribarne, y ni siquiera las imágenes de los militares son para evocar el 23F en que sí hubo razones para la alarma. El Gobierno ha decidido impulsar un curso acelerado sobre Derecho Constitucional, con el que se ha venido a demostrar cuan profundo es el acervo constitucional en nuestro país. Vayamos por partes.

El lunes desayunamos con la filtración de Wikileaks que de confirmarse, evidenciaría que la endeble independencia del Poder Judicial, mermada por una Fiscalía General que siguiendo instrucciones del Gobierno, se somete a las exigencias del Imperio. Más claro: Zapatero, de cara a la galería, retira las tropas de Iraq, pero trata de impedir que el Juez Santiago Pedraz avance en su investigación por el asesinato de un español, José Couso, a manos de un militar estadounidense en esa misma guerra.

El jueves, se votaba en el Congreso una descafeinada 'PNL´ sobre el conflicto del Sahara en la que el PSOE exigió a IU la retirada de la palabra condena. Ingenuo de mí, pensaba que el "lamento pero no condeno" estaba patentado por Arnaldo Otegi. Semejante omisión caldeó los ánimos, ya de por sí caldeados, y los activistas prosaharauis allí presentes profirieron gritos y algún epíteto subido de tono. La expulsión sería una anécdota si no fuera porque el Presidente del Poder Legislativo, José Bono, ordenó la identificación de los activistas por si hubieran cometido un delito: consecuencia, seis horas en los calabozos de la Comisaría de Moratalaz.

El viernes, el Consejo de Ministros aprobó el segundo fascículo del Plan de Ajuste. Y como ya ocurriera con el primero, de inmediato subió la Bolsa. Es a partir de ahí desde donde deben hacerse los análisis y uno debe hacerse las preguntas: ¿para qué quiere Rajoy elecciones anticipadas, si Zapatero ya ejecuta su programa electoral? ¿Puede acusarse al Gobierno de improvisación, o la agenda política la tenía perfectamente marcada cuando decidió reunirse el presidente con 37 empresarios? ¿Es admisible que un gobierno de izquierdas reduzca el impuesto de sociedades y privatice los servicios públicos rentables al tiempo que elimina prestaciones de desempleo?    

El sábado, en respuesta a una huelga salvaje llevada a cabo por 'empleados de lujo', el Gobierno decreta el Estado de Alarma. Se militariza el control del espacio aéreo y se obliga a trabajar a quienes, con o sin razón, ejercían el derecho de huelga. Vale que esos controladores son impresentables o que no se han cumplido las exigencias que para los servicios básicos contempla el preconstitucional Decreto de Huelga. Pero ¿no es peligroso el precedente de sacar a los militares a reprimir un conflicto laboral? Hace un mes el peligro social lo representaba el sindicalismo de clase. De aquellos polvos, estos lodos: un sindicato de franja, despreocupado por la privatización de aeropuertos, servicios públicos y ajenos a la precariedad laboral de los trabajadores de tierra, se moviliza de forma 'canalla´. Y España responde sacando los tanques a la calle, tirando de Código Penal Militar.

Ver para creer, con un gobierno pretendidamente de izquierdas.

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