El PP es uno de los partidos a los que Pedro Sánchez ha estado suplicando en el Congreso la abstención en la votación para su investidura como presidente del Gobierno, mientras hacía con Unidas Podemos el paripé de una negociación que nunca se tomó en serio, aunque sí aprovechó para escenificar la humillación de su presunto socio. Sánchez no ha encontrado la vía de acuerdo con UP porque desde un principio no existía: la manaza táctica de la corona, la banca y las grandes empresas le dobla la testuz. Así que prefirió doblegarse él mismo, suplicando facilidades a una derecha que le desprecia y obviando que muy pocos días antes llegaba otro gran escándalo protagonizado, antes y ahora, por el PP.

En representación del PP fue alcaldesa de Madrid Ana Botella, quien junto a otros siete miembros de su equipo municipal vendió pisos sociales a fondos de inversión. Hacer algo así es condenable en cualquier situación socioeconómica, pero hacerlo en plena crisis (2013), favoreciendo la insostenible situación a la que ha llegado en España el acceso a la vivienda, y teniendo en cuenta el empobrecimiento de las familias, el estancamiento de los sueldos y la precariedad de los contratos de trabajo, cuando los hay, repugna a la más mínima concepción de servicio a la comunidad, como es una alcaldía. Es una estafa. Ana Botella y su equipo cometieron ese delito político, del que, no obstante, han sido ahora absueltos por el Tribunal de Cuentas, controlado por el PP. Dos de sus tres consejeros (una de ellas, Margarita Mariscal de Gante, fue ministra de Justicia de Aznar) votaron a favor de la absolución de la multa millonaria que recaía sobre la esposa de presidente de la guerra, el valedor del trifachito.

Los afectados por la venta de aquellos pisos dicen sentir rabia y frustración. Doble rabia y frustración: ni pisos ni justicia. Fueron 5.315 las viviendas públicas protegidas que la alcaldesa Botella y sus concejales vendieron a dos sociedades del fondo Blackstone (en España, Fidere) a un precio por debajo de mercado. En 1.860 de esas viviendas vivían personas necesitadas. Un gravísimo perjuicio al patrimonio público, que se llevó además por delante los derechos de los inquilinos. Una forma de extorsión que ahora ha quedado impune.

En su mansión de verano (en la exclusiva urbanización Gualdamina Baja, Marbella) ha recibido Ana Botella la noticia de que no tiene que pagar muchos millones de euros de su propio bolsillo. Hay que preguntarse qué siente Botella, en Guadalmina, al pensar en las personas mileuristas que perdieron el derecho a compra de sus viviendas en alquiler social, qué siente al pensar que el fondo buitre les subió más del doble ese alquiler, qué siente al pensar que a esas personas ni siquiera se les notificó que sus viviendas ya no eran de titularidad pública, qué siente al pensar que muchas de esas personas han tenido que irse con sus familias de sus casas, qué siente al pensar que otras familias con niños han sido desahuciadas. Qué siente Ana Botella desde su mansión de verano marbellí. Es de suponer que no otra cosa que satisfacción.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que no recurrirá la sentencia. Dicen los sucesores del aquel PP que son "firmes defensores de la justicia". Llaman "justicia" a que la sentencia venga dictada por gente de su partido, gente que es incluso amiga íntima de la procesada, como Mariscal de Gante. Llaman "justicia" a que Botella acumule mansiones millonarias mientras a las mileuristas les subieran a 960 euros el alquiler de 400 de una vivienda social. Llaman "justicia" a considerar negocio privado y privilegio de unos pocos el derecho humano a la vivienda. Llaman "justicia" a esta absolución de amiguetes que apesta a prevaricación.

A esta vergüenza continuada que representa el partido liderado ahora por Casado se refería Rufíán el aciago día de la segunda votación fallida de investidura en el Congreso: "La derecha está encantada de la vida, aplaudiendo con las orejas". No es para menos. Y a esta vergüenza continuada ha apelado Izquierda Unida pidiendo a la Fiscalía que recurra la absolución de Ana Botella y que sea el Tribunal Supremo, y no sus compinches en el Tribunal de Cuentas, quien juzgue esta injusticia. La diferencia entre la izquierda y la derecha es reconocer y combatir esa injusticia. Y el PSOE debiera saberlo. Lo sabe, pero no le importa: ha preferido humillar a la izquierda y humillarse ante la derecha. El escándalo que supone haber librado a Botella de su culpa es el paradigma de este descomunal fracaso político, el paradigma del escándalo que supone que el PSOE no esté dispuesto a hacer todo los posible para librar de corruptos y prevaricadores a este su defendido reino.

 

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Fuente: El Diario