El 4 de junio tenían lugar en el Tribunal Supremo español dos acontecimientos paralelos de singular importancia histórica.

La Fiscalía General del Estado elevaba a definitivas sus resoluciones en el llamado juicio al procès, calificando de golpe de estado la convocatoria y realización de un referéndum de autodeterminación, y acusando de rebelión a sus impulsores, por la supuesta violencia ejercida en dicho proceso contra el orden constitucional.

En lugar de enjuiciar a quienes se niegan sistemáticamente a escuchar la voz del pueblo, reprimiendo de manera violenta la posibilidad de que expresen su opinión en una consulta con garantías, se pretende castigar con decenas de años de prisión a quienes cumplieron el mandato que les llevó a ganar unas elecciones en Cataluña.

Al mismo tiempo la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal hacía público un auto en el que ignoraba completamente la ilegitimidad de la jefatura del estado de Franco, que fue adquirida por un golpe de estado extraordinariamente violento, reconociendo incluso que esta jefatura era ostentada desde octubre de 1936, antes de la derrota militar del régimen republicano legalmente constituido.

¿Qué garantías democráticas podemos esperar de un Tribunal que ve violencia y rebelión en el comportamiento exquisitamente pacífico de las movilizaciones en Cataluña en los últimos años, y por el contrario reconoce legitimidad al sangriento golpe militar, y posterior represión ilimitada, de un dictador que acusaba de rebeldes a quienes defendían la legitimidad democrática vigente?

Estas ilustrativas coincidencias se suman a la reciente y grosera anulación de una sentencia que hacía justicia a los suscriptores de préstamos hipotecarios, porque perjudicaba los intereses de la banca; y a la sistemática negativa a enjuiciar los crímenes del franquismo amparada en una ley de punto final (de Amnistía), que es nula según los tratados internacionales, dejando indefensas a todas las víctimas, en una temeraria actitud que seguramente debería calificarse de prevaricación.

Miedo da pensar que los últimos recursos en el orden jurisdiccional son resueltos por un tribunal que acumula un pasado y un presente marcadamente antidemocrático y al servicio de los poderosos, y que además ha aceptado con gran simpatía y disposición su papel influyente en la agenda política de nuestro país, con un marcado carácter conservador, haciendo caso omiso a recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.

Son estas circunstancias las que han motivado que algunos intelectuales, como Isaac Rosa, afirmen que “va a costar más sacar a Franco del Supremo que del Valle”. Pero habrá que hacerlo si queremos sanear democráticamente nuestro país.

Pedro Casas forma parte de la iniciativa de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir.

Ilustración de Acacio Puig

___________

Fuente: Loquesomos