Si algo ha facilitado el recorte de derechos civiles que hemos sufrido en este país, ha sido la ley con que Gallardón rediseñó las más profundas entrañas de la alta judicatura. Si hay algo que la derecha, la izquierda connivente, la banca y los oligopolios han tenido claro a lo largo de estas décadas, es que los máximos órganos de control del Poder Judicial tenían que estar de su lado: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, y quienes elegían a sus miembros más relevantes, esto es, el Consejo General del Poder Judicial.

Aprovechando la sana obsesión de la izquierda verdadera por los catálogos de derechos y las grandes declaraciones programáticas, desde que se tiene conciencia “democrática”, la derecha y sus aliados se han dedicado minuciosamente a pulir la arquitectura orgánica del sistema judicial. A sabiendas de que cualquier concesión que se hiciera a las clases populares podría ser desmontada después por jueces y magistrados gendarmes y sicarios, las élites en el poder se han podido comprometer con una cosa y la contraria para ganar elecciones. A sabiendas de que cualquier conflicto político podía ser tranquilamente trasladado al sagrado espacio de las altas instancias judiciales, previamente politizadas; que podía ser externalizado, debidamente blanqueado y empaquetado con consabidas dosis de legitimidad, hay quienes se han dedicado a generar conflictos donde no los había o echar gasolina al fuego, sin coste electoral alguno. A sabiendas de que esta magistratura servil actuaba como el brazo represor de “gobiernos democráticos” y era un peligro para cualquier disidente, se estimulaba la genuflexión generalizada ante la bóveda judicial y se sacralizaban sus palabras como oráculos incuestionables en las Facultades de Derecho.

El resultado de todo este encaje de bolillos es el que ya conocemos. Hace algo más de un año, se inició un proceso judicial contra políticos catalanes, todavía presos y exiliados, que contó con la inestimable colaboración de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Hoy hay pocos que consigan seguir el hilo del Procés y la mayoría se han perdido ya en las procelosas aguas del juez Llarena, convencidos de que los "palabros" de la ley han sido siempre inaccesibles para sus destinatarios.

En estos tiempos, hemos visto al Constitucional recentralizar competencias como si no hubiera un mañana, recortar y vaciar derechos sociales, y hasta ejecutar sanciones contra parlamentarios haciendo uso de unas prerrogativas que no tiene un Constitucional en ningún lugar del mundo.

A las mujeres se nos ha aplicado una jurisprudencia que nos ha obligado a demostrar el origen machista y patriarcal de los golpes que sufríamos, hemos pagado un alto precio por merecer una ley de violencia de género que ha sido la más resistida de la historia de España, y nos han humillado con sentencias tan estremecedoras como la de La Manada.

Hace solo unos días, el Supremo dejaba en suspenso el fallo de las hipotecas que obligaba a la Banca a devolver una mínima parte de lo robado, no una sino dos veces, y sobre Luis María Díez-Picazo pesa ahora la querella por prevaricación que ha presentado Podemos, porque parece haber dudas sobre el proceso de selección que le llevó a presidir la Sala Tercera.

Con este nivel de eficacia manipuladora, no es extraño que, como dice Enrique Santiago, las escuelas judiciales y los programas de capacitación jurídica se hayan convertido en la gran inversión de países como Estados Unidos y que en América Latina hayan sustituido a las legendarias "Escuelas de las Américas" para militares. Allí, gracias al "lawfare", jueces y magistrados han declarado una auténtica guerra asimétrica contra gobiernos, fuerzas políticas y líderes de las izquierdas que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, en la idea de que todos ellos presentan un problema de corrupción estructural. El caso Lula y la victoria en ciernes de un (neo)fascista como Bolsonaro, es el terrible resultado de una guerra semejante; un resultado que no está muy alejado de lo que viene pasando en España, y de lo que pasará, sin ninguna duda, de no evitar la impunidad de la que ya disfrutan algunos.

Pues bien, por todo esto es tan importante que Unidos Podemos haya logrado impulsar en el Congreso un acuerdo de mínimos para modificar la estructura del Consejo General del Poder Judicial que nos dejó en herencia Gallardón. Un Consejo presidencialista y autocrático que ha determinado decisivamente los nombramientos judiciales en la cúpula del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

Entre otras cosas, el acuerdo asegura que estos nombramientos lo sean por mérito, capacidad y paridad, favorece la transparencia de las decisiones del Consejo, y recupera para la magistratura los derechos laborales que el Partido Popular les recortó en el año 2012. Está claro que si a la arbitrariedad se suma la precariedad, siempre habrá jueces disponibles a cambio de conseguir ascensos, traslados y promociones, mejorar sus sueldos u obtener prebendas.

Aunque hay muchos a los que, lamentablemente, no se podrá remover en los próximos años, este acuerdo asegura, al menos, que los miembros del Consejo comparezcan en el Congreso para rendir cuentas, algo que no se les podía exigir hasta ahora; devuelve al Pleno competencias relevantes, frente a la Comisión Permanente; contempla algunas medidas planteadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción, como las incompatibilidades en puertas giratorias para quienes han ocupado cargos de libre designación, dedicación en exclusiva, y la prohibición de simultanear la vocalía con responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial. Ha faltado, eso sí, certificar la especialización de jueces y magistrados para acceder a según qué cargos y, sobre todo, repensar la forma de acceso a la profesión o la designación de los magistrados que es, en muchos casos, la auténtica madre del cordero.

Lo cierto es que, en el órgano de gobierno de la judicatura, no se ha venido asegurando ni independencia, ni imparcialidad, y las interferencias de los partidos políticos han sido tan notorias y descaradas que, a fuerza de jaloneos, repartos de cuotas y tráfico de influencias, han sido los propios partidos los que han acabado por retirarle su confianza. El descrédito ha sido tal que el Partido Socialista, en su propuesta de reforma constitucional, excluía al CGPJ del proceso de selección de los magistrados del Constitucional, y Ciudadanos pretendía sustituirlo por un triunvirato, aunque Ciudadanos ha sido el único partido que se ha quedado al margen de este acuerdo casi unánime. Desde luego, no deja de ser sintomático que el Partido Popular haya sido uno de sus hacedores, consciente, seguramente, de que había generado un monstruo que amenazaba con destruir su legado y que ya solo velaba por su propia supervivencia.

En fin, no es a las élites a las que ha de servir la alta judicatura sino a la gente que más necesita de los derechos y la Constitución, pero son los poderosos los que han pensado más y mejor en la meticulosa dinámica del aparato judicial. Es vital que ahora nos detengamos nosotros a pensar en este aparato, aunque carezca de toda épica, porque si, no lo hacemos nosotros, serán nuestros verdugos quienes lo hagan.

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Fuente:  El Diario

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/alta-judicatura-elites-pueblo_6_828427189.html