La primera capa: la crisis institucional

Gobierna un partido que no tiene mayoría parlamentaria, que es incapaz de alcanzar acuerdos para generar estabilidad y que solo destaca por los escándalos de corrupción y mentiras que salen a la luz. Es más, su acción parlamentaria consiste en bloquear las iniciativas legislativas de la oposición.

 El Estado de las Autonomías vive en un estado de excepción desde hace más de 6 meses por la aplicación a la Comunidad Autónoma de Cataluña del artículo 155, artículo que nunca se pensó en aplicar y que de hecho no ha tenido desarrollo legislativo. La excepcionalidad por la aplicación del 155 no afecta solo a Cataluña. Si concebimos el Estado de las Autonomías como un sistema, la suspensión de la autonomía catalana afecta a todo el conjunto. Por ejemplo, ¿cómo se van a alcanzar acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre un nuevo sistema autonómico, sin la presencia política de Cataluña?

La “retirada” de la política ha puesto al Poder Judicial en primera línea ante la opinión pública. Y lo que hemos visto, desde la sentencia de la “manada”, a las desmesuras de los autos relacionados con líderes independentistas catalanes (como las calificaciones de delito de rebelión o la ya larga prisión provisional de algunos de ellos), el fiasco de las órdenes de detención europeas o la distinta interpretación jurídica del concepto penal de violencia según el bien jurídico protegido (extensiva cuando se trate de proteger al Estado, restrictivo cuando es la integridad física y psíquica de la mujer), es un Poder Judicial que está muy lejos de cumplir con las expectativas de impartición de justicia que le pide la sociedad actual.

Son tres perspectivas distintas y decisivas que muestran una profunda crisis institucional. Y las instituciones son los cimientos de la democracia.

La segunda capa: la crisis de desigualdad

Tras esta crisis institucional vemos un panorama de desigualdad desolador. Desigualdad en el reparto de la riqueza entre capital y trabajo, con altas tasas de paro, bajos salarios y escasa protección social; desigualdad de género, en los salarios, en el reparto de poder, en la protección ante la violencia machista; desigualdad territorial: las Comunidades ricas doblan las rentas de las empobrecidas, las matrices del poder territorial del siglo XXI (innovación, poder financiero, nueva industria) se reparten de forma aún más desigual que en el actual sistema productivo; desigualdad social, con índices de pobreza relativa que baten récord en la Unión Europea; desigualad por edad, con un paro que duplica en las personas jóvenes a la media de paro y con unos pensionistas con pensiones que bajan cada año con respecto al nivel de vida y que tienen, muchas y muchos de ellos, pensiones que no garantizan siquiera la supervivencia.

Sin unos mínimos de justicia social no hay vida democracia real

El nudo gordiano

¿Cómo es posible que no haya un consenso en fortalecer nuestro marco institucional y en repartir mejor la riqueza? Es más, ambos factores se conectan. Mejores instituciones producen más justicia social y más justicia social generan mejores instituciones. La explicación es que la desigualdad no es producto de fallos técnicos sino de una determinada estructura de poder porque implica una asimetría en la distribución de los recursos: hay gente con privilegios que se beneficia de esta situación y gente discriminada que la sufre.

La defensa de los privilegios a pesar de los daños sociales que produzcan es una línea de continuidad en la historia de España. Y esa defensa es posible porque hay una conexión antidemocrática en el núcleo donde se toman las grandes decisiones entre las élites económicas y el partido que controla el gobierno central. Ese “fallo de sistema” origina la debilidad institucional y la desigualdad social. Hasta ahora, los que disfrutan de los privilegios de la desigualdad han logrado impedir que el pluralismo territorial llegue al Estado central que es donde se concentra realmente el poder.

España es un Estado federal incompleto. El Estado de las Autonomías, por su desarticulación federal, se ha convertido en el Estado de la autonomía del centralismo, provocando en vez de menos, más desigualdad.

La solución federal, que es de sentido común (si tenemos un sistema federal imperfecto, transformémoslo en un sistema federal completo), llevará el pluralismo al Estado central, fortalecerá la institucionalidad democrática y transformará también la planta y el poder judicial. La traslación del pluralismo político al Estado central impedirá la connivencia entre élites políticas reducidas y las elites económicas que basan su poder en las ventajas que obtienen de su influencia en las decisiones estratégicas del Estado y permitiría un mejor reparto del poder y por lo tanto de la riqueza.

Sin Andalucía no hay cambio federal

Este cambio no puede producirse sin la activación política de Andalucía. El problema de Andalucía es paradójicamente su enorme potencial de producir cambios. La dinámica del 28F era hacer posible un Estado federal. Por eso han logrado desactivarnos políticamente, evitando la solución federal que es la que identifica políticamente a Andalucía.

Frente a una dinámica de nacionalismos excluyentes, que tensa el conflicto territorial pero que no pone en cuestión la autonomía del poder central, Andalucía era la fuerza transformadora, la que logra imprimirle a la estructura territorial del Estado una dinámica federal y puede cambiar la estructura de poder en España. Por eso decimos que la transformación de Andalucía y la transformación del Estado es una dinámica dialéctica, lo uno es condición sine qua non de lo otro.

Epílogo

Cualquier solución política que no aborde la transformación institucional del Estado a través de una estructura federal y la convivencia de sensibilidades nacionales mediante una comprensión plurinacional de la sociedad española, empeorará la situación.

Si el próximo ciclo electoral lleva a Ciudadanos con su programa de fundamentalismo centralista y de nacionalismo españolista excluyente al poder en España y la izquierda en Andalucía sigue desactivada políticamente con un partido socialista bastión del socialiberlismo, un Unidos Podemos preso del discurso izquierdista y controlado por la alianza entre anticapitalistas y PCA y la ausencia parlamentaria de una fuerza andalucista y federal, tendrá que ser la calle la que defienda las reformas que requiere nuestra democracia.

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Fuente: Paralelo 36