El aire de la ciudad ya no hace libre al hombre. El Ayuntamiento de Madrid quiere negar la libertad de circulación a ciertos grupos de personas por razones subjetivas, de las llamadas morales. Hace poco la concejala de Medio Ambiente quiso sacar de las calles a las prostitutas con embrolladas beaterías. Ahora es el alcalde quien niega la vía pública a los sin techo y otros imaginables maleantes. Madrid debe ser de la gente bien.

Para el consistorio madrileño no todos los ciudadanos son iguales. Unos tienen derecho a ocupar la vía pública en exhibición de sus creencias religiosas y otros no. Esta discriminación cuenta con el apoyo de la delegada del Gobierno en Madrid, también partidaria de que sólo puedan circular y manifestarse los ciudadanos que profesen la fe adecuada.

La prohibición es preventiva y se toma a instancias de dos asociaciones privadas que quieren impedir que se cometan delitos, siendo la decisión de la autoridad discrecional según el grado de riesgo que aprecie. Sin embargo, los ateos tienen el mismo derecho a manifestar su falta de creencia que los creyentes las suyas. Si unos u otros cometen delitos en el ejercicio de ese derecho, deberán responder por ellos.

La prohibición no puede depender de la alarma o irritación que despierte en unos ciudadanos el ejercicio de sus derechos por otros, porque eso es actuar bajo amenaza de una parte en contra de otra. También esta podría sentirse ofendida por la exhibición de las creencias ajenas, ya que eso de darse por ofendido es muy subjetivo. ¿El culto a Santiago Matamoros no ofende a nadie en un país con casi un millón de inmigrantes musulmanes?

La alcaldada de los mendigos recuerda la Ley de Vagos y Maleantes de la República, la llamada la Gandula, que enumeraba una amplia gama de comportamientos susceptibles de detención preventiva. Si se decide por criterios subjetivos, seguro que alguien incluirá en la prohibición otros comportamientos que considere detestables, como hizo Franco aplicando aquella ley a los homosexuales.

La calle es de todos, incluidos los ateos y los mendigos, y la fuerza pública debe velar por la integridad de los derechos de todos, no sólo de los creyentes que no mendiguen.

Ramón Cotarelo. Catedrático de Ciencias Políticas.