El Gobierno cita el sumario que abrió Garzón, por el que será juzgado por prevaricación, para evitar que otro país instruya una causa por genocidio

El escándalo del Diccionario Biográfico Español, publicado por la Real Academia de Historia (RAH) y el acercamiento del LXXV aniversario de la sublevación militar de 1936 han revelado, una vez más, cómo una parte de la sociedad española no se aviene a acomodarse con un pasado desfigurado. Los mitos de los vencedores siguen surtiendo efecto.

Es la tarde del día de reflexión y vengo de estar acompañando a los integrantes del movimiento Democracia Real Ya, instalados en el bulevar del Gran Capitán de Córdoba. Durante mi acto de presencia algunos jóvenes me han planteado la madre de todas las preguntas ¿y ahora qué?

Los acampados y supongo que la inmensa mayoría de los que están dando el toque de atención y reflexión más mayúsculo desde hace muchísimo tiempo, están siendo conscientes de que la fase de ocupación y manifestación en la vía pública está tocando a su fin como única manifestación visible de su ejemplar capacidad de traducir a consignas, propuestas y actitudes un estado de opinión generalizado.

El Gobierno español ha enviado tres informes a la Justicia argentina para frenar que sus tribunales inicien una investigación de los crímenes del franquismo bajo el paraguas del principio de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo alude a la causa abierta en octubre de 2008 por el juez Baltasar Garzón todavía abierta pese a la suspensión del magistrado para evitar que la jueza argentina María Servini de Cubría empiece una investigación en relación con las 113.000 desapariciones forzadas que ya empezó el propio Garzón a documentar.

El juez Flors anuncia que hay indicios suficientes para abrir vista oral contra el presidente valenciano por un presunto delito de cohecho. Será el primer juicio a un presidente autonómico de la democracia

El conjunto arquitectónico del Pazo de Meirás y sus jardines echarán el cierre al público durante el mes de agosto para que los descendientes de Francisco Franco lo utilicen durante sus vacaciones de verano.

La Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP), ha tomado una decisión "polémica" que incluso podría "vulnerar" la ley de patrimonio cultural de Galicia de 1995. Así lo explica el portavoz de la oposición del concello de Sada, Abel López Santos (BNG), quien aclara que la norma establece varios días al mes de obligada apertura al público para los bienes de interés cultural "y no dice nada sobre el cierre puntual para satisfacción de sus propietarios".