A muchos nos ha sorprendido lo fácil que resulta modificar la Constitución (que te entran las ganas y en un pispás ¡ya, ya!... listo), cuando habíamos aprendido que era un proceso lento, costoso y penoso: llegado el caso –que nunca llegaba–, con consulta popular incluida, uf. ¡Que se lo digan a vascos y catalanes! Pero el caso de más tomate con el que se nos transfundió esa idea fue el de la sucesión a la Corona. Ya saben: la Constitución hace buena la ley sálica, por la que tienen primacía en la sucesión al trono quienes tienen pito. Muchos pusieron el grito en el cielo por este asunto, aunque es como ponerlo, pongamos por caso, por una norma según la cual habría que pasar antes por la guillotina a los condenados a muerte que tengan chocho. Es decir, que el asunto principal no es ese. (Para quien no lo haya entendido: el asunto principal es que la democracia es radicalmente incompatible con la monarquía y, más allá, que nuestra Constitución no se gestó y aprobó democráticamente.)

Dentro de las democracias occidentales, el estado español marca la legislación más restrictiva en lo referente a iniciativas legislativas populares que dan curso a la celebración de referéndum vinculantes.

El nuevo artículo 135.3 que se pretende incluir en la Constitución, únicamente con consenso político mayoritario, supone  un endoso de la soberanía del estado en materia financiera a favor (en última instancia) de entidades privadas europeas. Una forma de vaciar las arcas públicas nacionales para llenar las privadas comunitarias.

La justicia española asume su competencia sobre crímenes contra el derecho internacional en otros países, pero se abstiene de investigar los cometidos en el propio. AI considera insólito juzgar a un magistrado por buscar la verdad, justicia y reparación para más de 100.000 'desaparecidos', víctimas de un delito imprescriptible

"¿Dónde están los derechos de miles de víctimas de desaparición forzada?", se preguntaba Amnistía Internacional ante el procesamiento por presunta prevaricación de Baltasar Garzón, "el único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas y familias" de ese crimen contra el derecho internacional que no solo "es imprescriptible" y "no  amnistiable", sino que "entorpecer su investigación es un delito". La organización consideraba "insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista".

    A pesar de las intensas presiones de la Curia vaticana para conservar sus ordenanzas, o quizá debido a ellas, se extiende la rebelión entre los fieles e incluso entre los curas contra los decretos papales. Está fracasando la férrea dictadura impuesta por el antiguo nazi Ratzinger, tan vitoreado en "la católica España" durante su estancia agosteña en Madrid como presunto vicario de Cristo. Sus ordenanzas cuartelarias no tienen ninguna relación con la predicación de Jesucristo.