La anual y normalmente anodina salida navideña a los medios del rey Juan Carlos I, en la siempre mágica noche del 24 de diciembre, había despertado este año una gran expectación. El país está de los nervios, lleva en desgobierno total más de seis meses, arrastra desde hace más de tres años una crisis galopante que en el corto plazo puede llevarnos a todos a los infiernos. 

Se acercan vientos de tormenta en España, todos los días leer anticipos que anuncian que #empiezaelcambio; los humildes tenemos motivos para temblar y es que, no debemos olvidar quién tomo el poder el pasado día 21 de Diciembre. Refresquemos memorias adormecidas por las comidas navideñas.

Antes de la toma de posesión ya pudimos escuchar a Cospedal y al defenestrado González Pons advirtiéndonos que las reformas que iba a emprender Rajoy no iban a gustar a los españoles. A buen entendedor, pocas palabras bastan pero yo lo desglosaré.

Hay veces en que permanecer callado equivale a una cobardía, cierta forma de complicidad con esta realidad que se empeña en negar aquello que se produce en nuestro entorno y que nos niega a nosotros mismos como entes solidarios. Entre los cientos de películas y de libros que me vienen ahora mismo a la memoria, a propósito de las frecuentes acampadas de la población saharaui en nuestras plazas, recuerdo La séptima cruz, libro de la escritora Anna Seghuers, de la República Democrática Alemana, y que fue éxito de ventas allí donde el largo brazo de la censura fascista no lo alcanzó y pudo ser leído, y que el gran Fred Zinneman llevó a la pantalla con excelente mano en 1944, dos años después de su publicación.

Una de las reparaciones contempladas por la Ley de la Memoria Histórica (LMH) es la concesión –a petición de los familiares de las víctimas del franquismo- de un certificado de reparación moral, expedido por el Ministerio de Justicia (y no por ningún órgano judicial), que acredita que fueron perseguidos por sus ideas.

Como casi todo el mundo debe saber ya, al igual que el resto de las medidas de la LMH, dicho certificado carece de toda validez como reparación jurídica, es decir, que no tiene efectos legales de ningún tipo: ni  económico, ni administrativo, y ni siquiera asistencial, como sí sucede con la ley de atención a las Víctimas del Terrorismo.

Así reza el nucleo del discurso de Juan Carlos Rey: La justicia es igual para todos. Claro yo, disculpenme, tengo mis grandes dudas de que ello sea cierto. Si así lo fuera, estaría ya imputado Urdangarín y, por supuesto, también estaría siendo investigada la Infanta Cristina. Veremos en que acaba el procedimiento judicial.

En todo caso, comprendo la preocupación del actual jefe del Estado ya que lo que si ha ocurrido y está ocurriendo con el caso Urdangarín es que se ha abierto la veda en relación con las actuaciones de la Casa Real en su conjunto.