El Real Decreto Ley de Rajoy de abril de 2012 supone un grave ataque al concepto de atención de salud tal como se había desarrollado en los últimos años a partir de la Constitución

Los antecedentes

Desde hace años, sanitarios y expertos venimos denunciando ante la opinión pública, los crecientes indicios que hacían prever una próxima privatización del sistema sanitario público. Los lugares en los que afloraron tales indicios se ubicaban principalmente en determinadas comunidades autónomas en las que gobernaban partidos vinculados a la derecha, tanto de la derecha autonómica (CiU), como de la derecha tradicional (PP).

La Catalunya de CiU fue la pionera en desarrollar actividades a favor del sector privatizado en la sanidad, a costa del dinero público. Desde que Catalunya asumió la transferencias sanitarias en 1981, CiU tuvo claro que uno de los mayores impedimentos para la privatización de la sanidad era el desarrollo de una potente infraestructura pública. Por eso paralizó desde el primer momento el desarrollo de una red propia de hospitales públicos (Catalunya es la comunidad autónoma con menor dotación de camas hospitalarias públicas por unidad de población) apostando por una política de potenciación del sector privado a través de los conciertos, los cuales crecieron de forma importante y con escaso control y han sido el camino fundamental por el que complejo sanitario lucrativo catalán, se ha dedicado a parasitar y exprimir el presupuesto sanitario público. Recordemos el cese fulminante en septiembre de 1983 de la Directora General de Asistencia Sanitaria de la Generalitat, como consecuencia de la Resolución que garantizaba el pago a través de los conciertos de una ocupación del 30% de las camas concertadas, estuvieran o no ocupadas, para todas las instituciones sanitarias concertadas catalanas, lo que originó un déficit económico disparado del departamento desde los primeros años.

En Valencia el mecanismo ha sido distinto, ya que la derecha del PP tardo más años en alcanzar el poder y en afianzarse en el mismo, y cuando lo hizo, se había desarrollado ya una infraestructura pública más importante y no existía una importante infraestructura privada con la que concertar. El camino seguido consistió en saltarse la política de contención en la construcción de nuevos centros hospitalarios públicos preconizada hasta entonces por los Gobiernos de Felipe González (recordemos que España está a la cola en camas por 1000 habitantes en Europa y en la OCDE), con un argumento aparentemente progresista y muy demagógico, prometiendo hospitales públicos a distintas poblaciones y entregando la construcción, gestión y explotación de los mismos a empresas privadas con ánimo de lucro creadas al efecto (UTE Unión Temporal de Empresas) y participadas por constructoras, seguros privados y bancos. Se inició esta política bajo la cobertura de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión, aprobada en el Parlamento del Estado con los votos del PP, del PSOE y de los partidos nacionalistas, y el voto en contra de Izquierda Unida y del BNG, y tuvo su primer resultado en 1999 con la inauguración, bajo el Gobierno de Eduardo Zaplana, del nuevo hospital de La Ribera en Alcira (modelo Alcira), modelo que en pocos años se extendió a los nuevos hospitales de Torrevieja, Denia, Manises y Vinalopó, de forma tal que en estos momentos el 20% de la población de la Comunidad valenciana (1 millón de habitantes) es atendida en hospitales y centros de salud bajo esta fórmula.

El tercer envite importante en los intentos privatizadores tiene lugar en Madrid. El gobierno del PP de Madrid, que no recibió las trasferencias sanitarias hasta 2002, se encontró también con una importante infraestructura pública ya asentada, así como un déficit notorio de camas, y utilizando al precedente valenciano de la demagogia fácil, planifica la construcción simultánea de 7 nuevos hospitales apostando por otra formula de explotación privada inédita en la sanidad española, financiando las nuevas construcciones mediante el sistema PFI (del inglés Private Finance Initiative), modelo en el que la empresa concesionaria se encarga de la construcción del hospital a una alta rentabilidad (11% anual a 30 años), así como de la explotación de todos los aspectos no sanitarios de la actividad asistencial, ya que inicialmente el personal sanitario es de la administración. Por la construcción, la Administración paga un canon anual, que no se computa como deuda pública y además paga por distintos componentes de la actividad auxiliar realizada (esterilización, lavado de ropa, comidas, limpieza, etc). A estos 7 hospitales el PP madrileño añadió otro, el de Valdemoro, construido por Capio por el mismo sistema PFI pero gestionado totalmente por esta empresa en concesión administrativa hasta 2035, con un modelo similar al de Alcira. Estos 8 hospitales, cuya puesta en marcha se produjo principalmente entre 2008 y 2009, tuvieron un coste de construcción declarado en € de 701 millones. El pago anual del canon a 30 años eleva el coste total para la administración a 5.010 millones €, es decir más de 7 veces del valor de construcción.

Simultáneamente a la puesta en marcha de estos hospitales se puso en marcha una cierta centralización de algunos laboratorios a cargo de los responsables del hospital de Alcorcón pero con gestión privada, y un anillo radiológico (UCR) situado en el hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

Ante la falta de contestación social tras las primeras reformas privatizadoras, el gobierno de PP de Madrid acometió nuevas medidas para profundizar en el proceso. Así se aprobó la construcción de nuevos hospitales siguiendo el modelo PFI en Parla y Aranjuez y otros tres siguiendo el modelo Alcira (Hospital de Torrejón cuya concesión corresponde a Ribera Salud; y los hospitales Rey J. Carlos de Móstoles y hospital de Collado Villalba adjudicados a Capio). Pero entonces se comienzan a aprobar medidas para incidir en el dispositivo sanitario público tradicional y entre estas la de más calado es la trasformación de toda la Comunidad Autónoma en un área única, con el señuelo de la libre elección de médico y especialista, en toda la Comunidad de Madrid. Tras más de 1 año de aplicación de esta medida su resultado está por demostrar, pero ya se ha visto que tiene otros efectos perversos, como evitar la planificación y racionalización del sistema y derivar enfermos desde o hacia el sector privado, sin ningún tipo de control ni límites y además permite desplazar y reubicar a los trabajadores estatutarios del sistema sanitario en cualquier centro de la autonomía, ante la privatización de cualquier centro público.

Tras estos antecedentes, otras CC.AA. comenzaron a poner en marcha la construcción de nuevos centros sanitarios utilizando los modelos ensayados en Madrid y Valencia. Así se han inaugurado o comenzado a construir hospitales siguiendo el modelo PFI en Vigo, Burgos, Palma de Mallorca (Son Espasses), Baix Llobregat, Caceres y Don Benito; y siguiendo el modelo Alcira se construyen hospitales en Toledo y Guadalajara y se ceden a la gestión privada los hospitales de Almansa, Villarobledo, Tomelloso y Manzanares. En otros casos como en Rioja se ha licitado un concurso público para dirigir por una empresa privada la Fundación hospital de Calahorra y en Canarias existen desarrollos similares.

Por tanto durante el último decenio, y bajo el amparo de la Ley 15/97, han surgido en nuestro país múltiples iniciativas de gestión privada para nuevas estructuras sanitarias públicas, a un costo económico desorbitado, comenzado a cobrar mayor relevancia este aspecto ante la profundización de la crisis económica. Como consecuencia en algunos casos se han paralizado las obras emprendidas y en otros casos se han modificado las formulas de gestión y explotación comercial.

En general, aunque estas iniciativas de gestión público-privada han surgido en las CC.AA gobernadas por el PP, hay que decir que el desarrollo de las mismas han sido toleradas por los gobiernos del Partido Socialista y en algunos casos han sido promovidas por gobiernos de izquierda, como en el caso del Hospital de Baix Llobregat, inaugurado en 2011por el tripartito.


El asalto al sistema sanitario público

Con el desarrollo y profundización de la crisis económica mundial se comienzan a dar condiciones socioeconómicas que justifican desde una óptica capitalista y conservadora políticas a ultranza de ahorro, con graves recortes presupuestarios, que los sectores financieros y de la patronal están haciendo recaer en gran parte en los trabajadores, bien de forma directa en el salario o en las condiciones de trabajo y en las prestaciones sociales, y en particular en la atención a la salud.

El mecanismo para vender el producto parece fácil y cala sutilmente en la ciudadanía. El descontrol presupuestario existente en las administraciones autonómicas, ha permitido culpabilizar a las autonomías de gran parte del déficit del Estado, haciendo recaer sobre las mismas gran parte de las políticas de recortes, con gran incidencia en la educación, la atención sanitaria y las políticas sociales.

Cataluña ha sido de nuevo la primera comunidad en trasladar a los ciudadanos la política de recortes en Sanidad. En 2011 el presupuesto sanitario de Cataluña se redujo un 10% lo que ocasionó cierre de camas (30%), cierre de quirófanos (40%), cierre de centros de salud, despidos de más de 7000 trabajadores, cierre de centros de urgencias, reducción del número de médicos de guardia, supresión de programas de AP, aumento de las listas de espera., etc. Estos recortes propiciaron una respuesta social importante de usuarios y trabajadores que se ha mantenido en el tiempo durante meses pero no ha conseguido modificar el deterioro ni la política de recortes.

La grave política de recortes económicos y sociales se comenzó a apoyar desde el Gobierno del Partido Socialista, lo que propició su gran batacazo electoral, pero ha sido tras la victoria del PP cuando la crisis económica ha servido de justificación sin límites para todo tipo de recortes sociales, gran parte de ellos con un marcado tinte ideológico.

El Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2012 decreta una serie de medidas “para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” con el RDL 16/2012, planteando diversos recortes de prestaciones sanitarias:

- Plantea crear 3 niveles de cartera de servicios: Básica, accesoria y suplementaria. Solo la básica será gratuita.

- Las otras tendrán copagos y ya están ahí: la prestación farmacéutica, la protésica y ortoprotésica, la dietoterapia, el transporte sanitario.

- En 6 meses se revisara las prestaciones de la cartera básica y algunas pasaran a la accesoria y complementaria quedando sometidas a copago o a total-pago. En ese proceso de elaboración aun nos encontramos.

- Se transforma el derecho a la asistencia de forma universal, por una asistencia en función de ser cotizante de seguro sanitario (No necesariamente de la S.Social).

- Deja fuera a inmigrantes no regularizados, que solo tendrán derecho a urgencias, asistencia del embarazo y atención a niños.

- Los productos farmacéuticos se pasan a pagar por pensionistas (10%), se suben los porcentajes de aportación de forma no progresiva, se excluyen medicamentos de la financiación, etc.

En esencia podemos se puede esquematizar el retroceso de derechos sanitarios tras este decreto-Ley en los siguientes puntos:

- Se termina con el principio de sanidad como derecho universal, y se vuelve al concepto de sanidad como aseguramiento público del que cotiza.

- Se pretende disminuir la cartera de servicios con derecho a la asistencia, con varios niveles, algunos con copagos.

- Se excluye a inmigrantes en situación irregular dejando desprotegidos a más de 900.000 inmigrantes.

- Se introduce el copago para los pensionistas, tanto para medicamentos como para prestaciones dietéticas y ortoprotesicos, transporte sanitario.

- Se eliminan medicamentos de la financiación, muchos de uso común y efecto probado.

Las medidas que plantea el RD L 16/2012, suponen un grave ataque al concepto de atención de salud tal como se había desarrollado en los últimos años a partir de la Constitución y las leyes que la desarrollan (Ley general de Sanidad y leyes y normas subsiguientes). Nos encontramos por tanto ante otra importante agresión a los derechos de los ciudadanos con la excusa de unos posibles efectos económicos más que dudosos y que tendrá especial incidencia en las personas más desprotegidas y con menos recursos, que en gran medida se verán impedidos para utilizar el sistema sanitario público. Tras el desarrollo de este RDL se podrá afirmar que la atención sanitaria deja de ser universal, pública y gratuita.

Contra la aprobación por el Parlamento de este D-Ley se desarrolló una cierta contestación tanto ciudadana como de profesionales sanitarios, y en algún caso de alguna Administración, pero lo cierto es que al momento actual la norma, que aún está a la espera de desarrollos reglamentarios, en algunos aspectos como el recorte de derechos a inmigrantes no legalizados, ya se está aplicando al menos en 9 comunidades autónomas.

En este ambiente de recortes progresivos que desde el gobierno del PP se trasladan a las CC.AA., estas han comenzado desarrollar tales recortes a sus dispositivos sanitarios públicos, a través de normas específicas que pretenden, presuntamente, generar el ahorro presupuestario que les demanda el Ministerio de Hacienda.

Y aquí de nuevo las Comunidades que destacan en esta política de recortes son Valencia y Madrid. En Valencia, al ser una de las CC.AA. más endeudadas, se anunció desde principio de año una amplia política de recortes, muchos de los cuales no se concretaron, presentándose en el mes de abril un plan para privatizar la gestión de las 18 áreas sanitarias y de todos los hospitales públicos, siguiendo el modelo Alcira. El tema que parece que por entonces según el consejero era innegociable, no tuvo una importante contestación social (apenas una manifestación de unas 1000 personas) y el Consejero anunció que como única alternativa al plan estaba que cada valenciano pusiera 500€. El plan pasó a discutirse con la abogacía del Estado y con los asesores jurídicos de la comunidad autónoma y a finales de septiembre el propio consejero compareció para anunciar que rectificaba la reforma sanitaria propuesta y renunciaba a privatizar. Al día siguiente el Presidente Fabra pidió un rescate al gobierno de Rajoy. El motivo de tal rectificación parece ser de índole jurídico, o quizá también de índole práctico, porque la presunta empresa encargada de asumir tal privatización, Ribera Salud, está vendiendo activos en estos momentos.

En Madrid se comenzaron a presentar normas sobre reformas con incidencia sanitaria poco después. Se utilizó para esto una nueva vía similar a la utilizada por el Gobierno central en el mes de abril, proponiendo una Ley de Modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, en la que se contienen algunas medidas de ámbito sanitario, como la prohibición de librar las guardias más allá del día siguiente a su realización, la modificación del calendario vacunal, la prohibición de realizar nuevos contratos y la supresión de la Agencia Laín Entralgo,un centro específico de formación creado 10 años antes dedicado a los sanitarios, que ejerció una importante función en formación continuada de profesionales y en la formación de residentes.

Estas medidas tampoco se siguieron de una contestación social importante, más allá de los 90 trabajadores laborales afectados de la Agencia Lain Entralgo, que pasaran al paro el 31 de Diciembre.

Y es con la publicación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013, con lo que se produce un cambio radical en la respuesta social y profesional, como respuesta a la privatización del sistema sanitario, con la aparición de movilizaciones masivas, huelgas mayoritarias, e importante apoyo social, lo que ha venido a denominarse la Marea Blanca.

Los elementos fundamentales de la reforma sanitaria que contiene el Proyecto los Presupuestos para 2013 de la Comunidad de Madrid son los siguientes:

- Privatización de la gestión y de la asistencia sanitaria de los 6 hospitales nuevos que seguían el modelo PFI. Esta trasformación de estos hospitales en una empresa privada supone el traslado de todo el personal estatutario actualmente en estos centros que tendran que buscar acomodo en otros centros con plazas cubiertas por interinos o eventuales, los cuales pasarían al paro. Esto supondría una perdida de unos 7000.

- Desmantelamiento de la actual estructura de los hospitales de La Princesa (hospital general) y Carlos III (hospital de enfermos infecciosos), dedicándolos a los enfermos geriátricos.

- Se producirá la fusión de servicios de los grandes hospitales públicos. Se programa la fusión de los laboratorios de todos los hospitales en 4 macrolaboratorios localizados en los grandes hospitales, quedando en los restantes un laboratorio solamente para análisis de urgencias. Además se anuncia la centralización de servicios quirúrgicos muy especializados cerrando para ello muchos de los existentes y centralizándolos en los grandes hospitales.

- Privatización de los servicios no sanitarios de los grandes hospitales públicos, que aún no estuvieran privatizados.

- Privatización de momento de la gestión de un 10% (27) de los centros de Atención Primaria.

- Externalización del personal no sanitarios del nuevo hospital de Puerta de Hierro ne Majadahonda, con el personal actual en gran parte estatutario, que tendría que trasladarse a otros centros desplazando al paro a interinos, eventuales, etc de otros centros.

- Pago de 1 € por receta.

Fernando Pérez Iglesias es pediatra

En la foto Concentración ante el hospital '12 de octubre' de Madrid el pasado 2 de diciembre dentro de la jornada de movilización contra la privatización de la sanidad madrileña | Foto: Iván Pascual

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Fuente: Mundo Obrero