Primero fue la bajada de retribuciones a los empleados públicos con el correspondiente deterioro de los servicios; después llegó el abaratamiento del despido que ha convertido todos los contratos laborales en medio precarios. Ahora se pretende reformar las pensiones, y en la lontananza se vislumbra la ofensiva contra la sanidad pública.

Algunos periódicos airean ya las dificultades que están afectando, dicen que por la crisis, a los sistemas sanitarios de las distintas Autonomías. Lo cierto es que pueden tener razón. Con la crisis y antes de la crisis, la sanidad pública española vive una especie de esquizofrenia. El nivel técnico y profesional es muy bueno, casi óptimo. Es frecuente escuchar a los propios médicos el consejo de que si se tiene un problema grave de salud se debe acudir a la sanidad pública y pasar de la privada. Pero, al mismo tiempo, el usuario constata una serie de carencias, escasez en el personal sanitario, deterioro y obsolescencia de las instalaciones no estrictamente médicas y, sobre todo, periodos de espera totalmente inaceptables no sólo para las intervenciones quirúrgicas, sino también para los análisis clínicos y otros medios diagnósticos, así como para obtener una consulta con los especialistas.

El hecho de que el Consejo Interterritorial haya limitado a seis meses el periodo de espera es sintomático de la sinrazón del sistema y del error que subyace en el planteamiento. Los pacientes que habrá que operar serán los mismos y también los equipos técnicos y humanos, tanto si la espera es de diez días como si es de un año. La demora por tanto no soluciona nada sino que constituye una huida hacia adelante, a no ser que con dilaciones tan amplias se esté propiciando que muchos pacientes acaben costeándose la operación en una clínica privada o, lo que es peor, que la intervención quirúrgica ya no sea precisa debido al fallecimiento del paciente.

La transferencia de la sanidad a las Comunidades Autónomas ha venido a complicar la situación generando diferencias significativas en la asistencia que reciben los españoles según sea su domicilio. Además, cada Autonomía ha optado por realizar experimentos en las entidades sanitarias adoptando los procedimientos y las figuras jurídicas más diversas. En muchos casos dando entrada al sector privado o al menos estableciendo eso que se llama métodos privados de gestión.

Es un hecho incuestionable que en los últimos treinta años el gasto en sanidad ha crecido considerablemente en todos los países desarrollados. Pero esta aseveración no tendría por qué ser en sí misma motivo de alarma o de zozobra, sino, más bien, aceptarse como algo lógico e incluso positivo que el Estado debería incentivar. La sanidad es lo que se llama en economía un bien superior. Su consumo aumenta con la renta más que proporcionalmente, por lo que parece coherente que en los distintos países, a medida que se incrementa el PIB, se dedique una mayor proporción de éste a gastos de salud.

La ofensiva contra el gasto sanitario carece de sentido porque el hecho de que la sanidad sea privada en ningún caso reduce la proporción del PIB que hay que destinar a ella. La única diferencia se encuentra en si se financia vía impuesto o vía precio. El caso más evidente es el de Estados Unidos donde el gasto sanitario por habitante es tres veces el de nuestro país, a pesar de que una parte importante de la población carece de la cobertura necesaria: el 16,5 por ciento se encuentra privado por completo de protección y el 56 por ciento la tiene limitada. Conviene añadir que ni siquiera en Estados Unidos la sanidad es por completo privada. El 40 por ciento del gasto sanitario es público, financiado por el Estado, aunque bien es verdad que su gestión es enteramente privada, ya que el sector público contrata los servicios con clínicas particulares.

Ni la reducción de las prestaciones ni el copago o cheque moderador pueden ser por tanto una alternativa. En ninguno de los dos casos estamos financiando el gasto público en sanidad, sino privatizándola con las consecuencias negativas para la equidad que comportan. Penalizan a los más necesitados, ya sean los más enfermos o los más débiles económicamente.

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