Hace algunas décadas, muchos de los pequeños españoles que accedían a la educación elemental en las escuelas del régimen, debían compartir como único material escolar un pizarrín y un trozo de tiza. Las desigualdades sociales convertían el resto de materiales escolares básicos en territorio vedado para los hijos de las familias trabajadoras.

Más tarde, el raquítico Estado del Bienestar que se implantó en este país entre principios de los ochenta y finales de los noventa, aproximadamente, contribuyó a difuminar estas diferencias, dando lugar a un periodo en el que parecía que la igualdad de oportunidades se hacía presente por primera vez en España.

Sin embargo, han bastado cinco años de despidos masivos, rebajas salariales y recortes presupuestarios para disolver esta ilusión y retrotraernos a realidades pasadas en las que los precios de los libros de texto y de los materiales escolares se han vuelto prohibitivos para muchas familias trabajadoras.

Aunque algunos gobernantes no lo sepan, el artículo 27.5 de la Constitución Española (“los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”) les obliga a crear las condiciones necesarias para que todos los alumnos matriculados en la enseñanza básica obligatoria (es decir, infantil, primaria y ESO) dispongan de los medios necesarios para formarse. Dicho de otra manera, donde no lleguen los ingresos familiares, deben llegar obligatoriamente las becas del Estado, más allá de cualquier otra consideración macroeconómica o ideológica.

Sin embargo, la ideología neoliberal del régimen de Rajoy se ha impuesto sobre el tenor literal de la Constitución en forma de recorte de becas escolares. De ahí que resulte tan necesaria y apropiada la llamada de atención que el pasado 30 de agosto realizaron varios activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) cuando entraron en una gran superficie comercial para apropiarse de diez carros de material escolar, que ayer fue entregado a treinta familias pobres de un barrio de Sevilla.

No son pocos los voceros de la derecha mediático–cavernaria que han calificado estos hechos como un “robo”, sin tener en cuenta que el artículo 237 del actual Código Penal dice que “son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas” ¿Dónde está el “ánimo de lucro”?

En todo caso, algunos desde su ideología ultraliberal siempre han antepuesto, anteponen y antepondrán el derecho a la propiedad privada sobre todos los demás derechos sociales descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia Constitución Española. Los resultados de esta fracasada ideología los estamos comprobando actualmente en España, con los niveles de pobreza y desempleo más altos desde la década de los sesenta.

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Fuente: Crónica de Aragón