Respuesta a la consejera de Educación de Murcia, Adela Martínez-Cachá, por su artículo “Por la libertad de elección” Imprimir
Servicios Públicos - Enseñanza Pública
Escrito por Dolores García Vidal   
Viernes, 20 de Julio de 2018 03:58

Estos últimos años la enseñanza concertada ha crecido en España de tal modo que en Madrid se acerca al 50% y en Murcia al 30% y esto ha sido propiciado por la Lomce que establece el principio de demanda social

En los últimos días aparece usted en la prensa como la `adalid´ de la enseñanza concertada, algo que me ha llamado mucho la atención porque el puesto que usted desempeña es público aunque, como todos sabemos, usted proceda de la UCAM.

Señala usted en un artículo: “Tristemente nos hemos acostumbrado a tener que luchar por la libertad de los padres a elegir el tipo de centro en el que quieren escolarizar a sus hijos”. Y dice la ministra defendiendo la enseñanza pública que “es la respuesta de la administración pública para garantizar el derecho a la educación y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural de la ciudadanía”, palabras con las que no puedo estar más de acuerdo.

Se ampara usted en el derecho constitucional a la libertad de enseñanza y es cierto que aparece  en la Constitución Española, como aparecen otros derechos como por  ejemplo “la vivienda” y no todos los españoles tienen vivienda.

No estoy en contra de la enseñanza concertada. Estoy a favor de la enseñanza pública. En países de nuestro entorno y con más tradición democrática la enseñanza pública atiende a la mayor parte de la población- más del 80%- y tiene más prestigio que la enseñanza privada concertada, que también es subvencionada por el estado. Y ¿por qué tiene más prestigio? Seguramente será porque los poderes públicos la han cuidado, asegurando un futuro de igualdad de oportunidades para sus ciudadanos salvaguardando la educación de intereses espurios.

Estos últimos años la enseñanza concertada ha crecido en España de tal modo que en Madrid se acerca al 50% y en Murcia al 30% y esto ha sido propiciado por la  Lomce que establece el principio de demanda social.  Las organizaciones del sector privado han manifestado que “la decisión de reformar la Lomce para eliminar  el principio de demanda social” —por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados— es “un ataque a la libre elección de las familias”.

Sin embargo la ministra considera necesario eliminar dicho criterio porque considera que: “En algunas comunidades autónomas, como Madrid, la Administración pública, en base a ese criterio, ha cedido terreno público para construir centros concertados en nuevos desarrollos urbanísticos”. La ministra considera que de esta forma “la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada”. Y le puedo asegurar que en Murcia también ha ocurrido y ¡claro! ¿Quién sale perjudicada? Evidentemente la escuela pública.

No se puede generalizar, pero podemos afirmar con contundencia que la enseñanza privada en España es un negocio porque ¿qué empresario iba a construir un colegio si no obtuviese beneficios de ello? Y es que la escuela pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades para todos y por ello tenemos que defenderla porque una sociedad será más justa y progresará mejor cuando todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y hoy por hoy la enseñanza privada concertada es elitista y tiene más medios que la escuela pública.

Dicen ustedes que la enseñanza privada se rige por los mismos principios que la pública, vamos a ir viendo como los adapta a su filosofía:

1.-La enseñanza es gratuita en los dos modelos.

  • Debería serlo pero la pública no cobra cuotas y la concertada sí, aunque sea de forma encubierta (en conceptos como : actividades extraescolares, donaciones, ayudas…). Ayudas que, en muchos casos, los padres no se pueden permitir ya que pueden rondar los 60€ mensuales.

2.- Libertad de elección de las familias

No es lo que parece porque

  • La escuela pública llega a todos los rincones de España, no es el caso de la privada concertada que donde no hay posibilidades de negocio no llega.
  • La mayor parte de los centros privados concertados son religiosos por lo que muchos inmigrantes no los solicitan porque creen que sus hijos serán adoctrinados en una religión que no es la suya. (Sólo el 9% de los inmigrantes son alumnos en la concertada)
  • En la mayoría de los centros privados-concertados los alumnos llevan el uniforme que elige el centro y que en algunos casos vende, uniforme que no todas las familias se pueden permitir.

3.-Los criterios de admisión son iguales para todos

  • Cierto pero los centros concertados suelen tener también la enseñanza de 0 a 3 años que no es obligatoria y que por tanto hay que pagarla. Dinero que puede rondar los 300 € mensuales que pocas familias se pueden permitir. Se aseguran así un cierto nivel económico y elitista ya que desde los ciclos de infantil estos alumnos accederán a una plaza en el Centro pues, normalmente, se establece como criterio complementario “haber estado escolarizado en el centro en el ciclo de escuela infantil de 0 a 3 años”.

4.- Profesorado

  • El acceso a la docencia en los centros privados concertados debería ser el mismo que los docentes de la escuela pública como ocurre en los países de nuestro entorno, pero no, en España se hace mediante la compra de la plaza escolar (más de 100.000€) o mediante el enchufismo.
  • Según el punto anterior está claro quién ocupa las plazas de la enseñanza privada-concertada –aquellas personas que tienen los medios económicos y sociales para ello.
  • Cuantas más plazas escolares privadas-concertadas existan menos plazas públicas habrán por lo que se deduce que `la libertad de enseñanza´ de los padres para elegir el modelo de educación de sus hijos no es tal ya que siendo el mismo modelo la privada- concertada lo que hace es defender a las élites y los padres piensan que de esta forma aseguran las relaciones de sus hijos/as con niños y niñas de su misma esfera social.

La educación debería ser un tema de Estado, por tanto es necesario un gran pacto de Estado por la educación.

*Dolores García Vidal es maestra y directora jubilada

 

En la imagen superior, la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá

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Fuente: El Diario