La relación de los políticos con las empresas privadas es uno de los desprecios éticos más evidentes. Se trata de hacer de la corrupción un acto de fe. Mires donde mires debes ponerte las gafas de 3-D porque las fotos movidas esconden siempre las pistas de un reguero de sinvergonzonería. Da lo mismo si es al centro, a la derecha o a la izquierda, siempre encuentras detalles que te mantienen en constante estado de alerta. Pero hay épocas en los que los datos y las pruebas son más que evidentes.

Los datos hechos públicos por Falciani sacaron a la luz unas 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes españoles y con cantidades no declaradas de más de 6.000 millones de euros.

La lucha contra el fraude es uno de los elementos fundamentales que Izquierda Unida ha venido reivindicando en los últimos tiempos. Son varios los motivos que podrían aducirse para llevar a cabo esta labor, pero podrían subrayarse dos de especial valor. En primer lugar porque la reducción de esa inmensa cuantía de fraude devolvería a las arcas públicas decenas de miles de millones cruciales que, además, contribuirían en buena medida a la reducción del déficit que exigen las políticas neoliberales desde Bruselas. De esta manera, esa contención del déficit no estaría aparejada a la reducción del gasto público, que es la única vía que, hasta el momento, han contemplado los gobiernos de PP y PSOE desde que comenzó la crisis.