Para el gobierno del PP, la exclusión social no es un riesgo, sino un insignificante daño colateral del que nadie debe hacerse responsable

Lo peor ni siquiera es el cinismo. Invocar la inviolabilidad del hogar o la edad del hijo de la vicepresidenta del Gobierno para condenar los escraches, implica consecuencias más graves. Estas declaraciones explicitan que la sensibilidad de quienes se sienten agredidos se limita a los miembros de su propio grupo. Así, el hogar de los desahuciables se puede, y se debe, violar con una ley injusta en la mano, y sus hijos, igual que los de los proletarios del siglo XIX, no cuentan como bebés. Para el Gobierno del PP, la exclusión social no es un riesgo, sino un insignificante daño colateral del que nadie debe hacerse responsable.

En los últimos días viene siendo objeto de polémica el escrache como medio de reivindicación. Mientras unos sostienen su legitimidad, otros afirman que se trata de una coacción intolerable, una vejación, un método propio del fascismo o una forma de coartar la libertad de voto del Diputado o Senador. Ante tal debate, el propósito de estas líneas es el de contribuir a esclarecer, desde un prisma exclusivamente jurídico, la legitimidad constitucional del escrache como medio de manifestar la crítica frente a la actuación de los Poderes Públicos.