El Código Penal español, reformado casi por completo en 1995 para adaptarse a la normativa de su entorno, establece una frágil ambivalencia entre el concepto de pena, como castigo que cumple funciones de prevención colectiva y escarmiento individual, y la reinserción del procesado, intentando que el cumplimiento de la sentencia promueva las circunstancias adecuadas para que el sujeto no vuelva a delinquir. Esa dualidad a la hora de enfrentar las incorrecciones de la paz social deben calibrarse con meticulosidad casi de equilibrista, ya que pasarse o quedarse corto en las medidas puede resultar catastrófico a la hora de emitir sentencia tanto en las consecuencias del penado como en el escándalo colectivo que supone encontrarse fuera del espacio del sentido común.

No queremos protagonismo, queremos acabar con un gobierno que quiere acabar con nosotros

Así planteada, esta pregunta pudiera referirse a multitud de cuestiones. Pudiera plantear hacia dónde se dirige un país sumido en una profunda crisis y al que desde las ademocráticas instituciones europeas se le exigen cada día más recortes; pudiera referirse al proceso represivo que desde el Gobierno, a través de delegados de escaso perfil democrático, está llevando a reprimir con dureza injustificada la movilización ciudadana; pudiera hacer referencia a la profunda erosión del sistema democrático por culpa de una corrupción anidada en amplias estructuras sociales. Pero no. Por lo que me pregunto es por el horizonte que tiene la izquierda política y social para hacer frente a esta situación que casi cabe calificar de desesperada.