Desaprobar y criticar sin ambages la sentencia contra Baltasar Garzón no implica de ninguna de las maneras aprobar o admirar toda su trayectoria jurídica -sí algunos nudos imborrables, el caso Pinochet por ejemplo, que no eliminan otros muy poco presentables en mi opinión- ni, claro está, su trayectoria y posiciones políticas que no viene al cuento ahora recordar.

     J. A. Martín Pallín [1] ha señalado un nudo esencial de lo ocurrido: "Se le dice a los jueces que la interpretación de la jurisprudencia puede ser prevaricación". No se sabe qué puede pasar con el trabajo cotidiano de los magistrados a partir de la sentencia que inhabilita a Garzón por 11 años. El Supremo ha sentado un precedente peligroso. Juega con fuego. Tal vez no les importe.

     Mercedes García Arán, catedrática de derecho penal de la UAB, de cuya prudencia y moderación es difícil dudar, ha transitado por la misma senda que el ex magistrado del Supremo: "Por mucho esfuerzo que se haga es evidente que no logra sostenerse la acusación de prevaricación que sólo es posible cuando la actuación del juez es completamente insostenible, sin ninguna posible explicación jurídica. Es evidente que nunca puede darse este supuesto cuando la misma decisión ha sido avalada después por otro juez instructor, por la fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo se persigue a uno de ellos".

     Jaume Asens, un jurista y activista imprescindible donde las haya, ha iluminado también la situación: "Lo que hay en la sentencia es un mensaje para todos los jueces: cuidado con lo que hacéis porque si os saltáis el guión os arriesgáis a que se os considere prevaricaciones". La sentencia es un ataque a la independencia de los jueces. No es sólo eso desde luego. "Se consolida una doble vara de medir en Derecho Penal. Una, exquisita para los amigos, y la otra, durísima, para los adversarios". Aún más y apuntando directo a la diana: "Lo que los jueces del Tribunal Supremo [¿hay que seguir llamándoles jueces?] han dejado claro es que es un peligro investigador a los poderosos. Y lo que ya es el colmo es que la sentencia coincida además con que el Poder Judicial esté investigando al juez que instruye la causa de Iñaki Urdangarin". ¿Vemos como se enlazan los hilos?

     "Es la crónica de una muerte anunciada", ha declarado Hernán Hormazábal, a nadie ha sorprendido, no hay rastro jurídico de prevaricación, una sentencia, en síntesis, que "es un sinsentido que no tiene ni pies ni cabeza". Este catedrático de Derecho Penal ha señalado, en mi opinión, uno de los vértices (algo oculto y ocultado) de la operación político-jurídica, del desaguisado antidemocrático en marcha: el Supremo, no cualquier tribunal, "necesitaba una sentencia condenatoria antes de la causa de la memoria histórica y, aunque está completamente fuera de lugar, la de las escuchas es la única que tenía posibilidades de construirse desde un punto de vista técnico". No está nada mal la hipótesis.

     No hay que quitar valor a la sentencia en sí misma –Asens ha apuntado con acierto, como se indicó, hacia la corrupción, los poderosos y este cortijo en manos de 200 familias al que llamamos España- pero no hay que desechar que el círculo se cierre con el otro punto: el de la memoria histórica, el intento de Garzón -con el admirable y tenaz apoyo de Asociaciones y familiares- de adentrarse, con pies de plomo ciertamente, en aguas turbulentas y prohibidas, en un territorio intocable lleno de desaparecidos, asesinatos, tiros en la nuca, cunetas, juicios militares fascistas, cadáveres arrojados de cualquier forma, niños robados y así siguiendo. El drama continúa, peor imposible. Por ahí no: los hijos o nietos de asesinados tenemos que seguir sin saber donde están nuestros familiares y/o tenemos que seguir siendo nietos o hijos de delincuentes -que sigue siendo considerados como tales- que cometieron el delito imperdonable de defender la República, en muchas ocasiones sin pegar un solo tiro, y luchar contra la "gran cruzada franquista nacional-católica".

     Algunas perlas para finalizar que valdría la pena fijar bien nuestra memoria: "No hay ninguna valoración política que hacer" Alberto Ruiz-Gallardón. "Demuestra [la sentencia] que el fin no justifica los medios", doña Esperanza Aguirre. "En lo personal lo lamento; en lo institucional, la sentencia hay que respetarla y acatarla", Guillermo Fernández Vara. "El Partido Socialista respeta y acata la sentencia de todo tribunal y si se trata del Tribunal Supremo español, si cabe, todavía más", Julio Villarrubia, portavoz "socialista" de Justicia. "La justicia es igual para todos", Rosa Díez. "Se compartirá o no, pero se respeta profundamente", Josep A. Duran i Lleida. Tal como son.

Cayo Lara ha declarado que fue ayer un día triste para los demócratas. Se entienden sus palabras y no es que uno esté siempre de acuerdo -más bien todo lo contrario- con aquel lema de "contra peor, mejor", pero en este caso, hay miles y miles mucho menos conocidos, la (in)justicia institucional española se ha quitado la venda de los ojos a la luz pública y esto, bien mirado, no está mal del todo. Quien después de lo sucedido siga creyendo en el equilibrio, la ecuanimidad, la prudencia, la consistencia, la honestidad de la justicia española, pues tal vez no tenga remedio: no hay hechos que refuten teorías, principios o dogmas, sino hechos interpretados según esas mismas pseudoteorías, dogmas sesgados y principios grouchomarxianos. Según Pablo Larena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, "La sentencia era esperada porque el auto tiene una gran solidez jurídica... El fallo demuestra que España es un Estado de derecho" en el que el Tribunal Supremo enjuicia, nada más y nada menos, con equidistancia y neutralidad. 

Nota:

[1] Tomo las informaciones y declaraciones de los artículos de Pere Rusiñol, Iñigo Aduriz, Ángeles Vázquez y M. A. Marfull aparecidos en Público, 10 de febrero de 2012, pp. 2-8. 

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