La derecha que viene PDF Imprimir E-mail
Opinión / Actualidad - Política
Escrito por José M. Roca / El Viejo Topo   
Miércoles, 19 de Octubre de 2011 00:00

No a la derechaEl desgaste del Gobierno, acentuado por las últimas medidas contra la recesión económica, en especial por la precipitada reforma de la Constitución para tranquilizar -¿hasta cuándo?- al mercado financiero, y el deterioro de la figura del candidato por el empecinamiento de Zapatero de colocarle en el centro de esta negociación con la derecha y encomendarle la pacificación de las filas socialistas, han dejado en posición muy favorable al Partido Popular ante las elecciones generales, que probablemente ganará, no porque lo haya merecido, sino por los errores y carencias de su adversario, pues la actitud del Gobierno, y en particular del Presidente ante la crisis económica, ha sido errática, por no decir frívola, frustrante para sus electores y desconcertante para la mayoría de los ciudadanos.


Así, pues, tras la holgada victoria electoral en los comicios del pasado mes de mayo y fortalecida con los réditos ideológicos de la reciente visita de Benedicto XVI, a quien el Gobierno rindió excesiva pleitesía, la derecha que viene es una derecha exultante, no comprometida con los graves problemas del país -la recesión económica y la crisis política que revela la creciente desafección ciudadana-. Es una derecha resentida por su desalojo del gobierno en 2004 y ansiosa de poder, pero, carente de un verdadero liderazgo -Rajoy, que habla poco, se limita a pedir confianza en su persona, pero flota sobre las tensiones internas del partido y guarda silencio sobre los problemas más acuciantes del país-, está dirigida desde FAES por Aznar, que habla demasiado y concibe su partido configurado por el franquismo, el neoliberalismo rapaz y el catolicismo intransigente, y a la sociedad española moldeada por la contradictoria mezcla de las estrictas reglas del dogma católico y el laxo comportamiento del mercado global.

 

1. La aportación aznariana

La gran aportación de José María Aznar a España, en lo que él enfáticamente denominó segunda transición, fue el intento de corregir las reformas efectuadas  tras la muerte de Franco, pero, sobre todo, las acometidas en las legislaturas de González, la persona que encarnaba su peor pesadilla y cuya permanencia en el poder era un obstáculo para su proyecto. Así pues, tras las acusaciones de corrupción, que, en efecto, existió en los últimos mandatos de González, la verdadera discrepancia del PP con el PSOE no residía en fomentar o combatir la corrupción -FILESA fue un juego de niños comparada con la trama Gurtel-, sino en su aversión a las medidas correctoras de inspiración socialdemócrata que atemperaban la dureza del modelo económico capitalista.
Pero la reforma aznariana tenía como condición necesaria la reorientación del Partido Popular, obtenida con el desplazamiento ideológico hacia la extrema derecha y el integrismo católico, incluyendo el rescate de elementos simbólicos del franquismo para combinarlos con tendencias actuales del moderantismo político. El objeto de la operación no era acercarse al centro del espectro, sino neutralizar la influencia interna de los elementos provenientes de la extinta Unión de Centro Democrático, destruida y engullida para alumbrar la mayoría natural postulada por Fraga y obtener un partido homologable con los adscritos a la vigorosa corriente conservadora, impulsada desde los años ochenta por Ronald Reagan y Margaret Thatcher [La reacción conservadora. Los neocons y el capitalismo salvaje, José M. Roca, Madrid, La linterna sorda, 2009].

El resultado fue hacer del Partido Popular una celtibérica imitación del Partido Republicano de Estados Unidos, formada por una abigarrada mezcla de añejos y nuevos franquistas; democristianos y católicos de viejo cuño; neovaticanistas y abducidos por el nuevo integrismo católico; devotos atlantistas y escépticos europeístas -la Constitución europea está muerta, sentenció Aznar en Lisboa-; herederos de Don Pelayo partidarios del choque de civilizaciones; seguidores del conservadurismo yanqui, modernos neocons, viejos meapilas, ostentóreos machistas, cultivadores de la tradicional caspa hispánica, chistosos de casino, caciques de pueblo, xenófobos de raza, españolistas o mejor castellanistas acérrimos; falangistas de la España única y fervorosos partidarios de las taifas autonómicas; arrepentidos izquierdistas devenidos pregoneros del apocalipsis [José María Izquierdo: Los cornetas del apocalipsis, edit. Hoja del Monte]; demócratas de salón, falsos liberales y autoritarios neoliberales defensores del Estado mínimo y del beneficio máximo; apologistas de lo privado a expensas de lo público, falsos emprendedores, medradores, ventajistas, traficantes de influencias y conseguidores de chollos; empresarios abusones, imitadores de Berlusconi y granujas a caballo entre la literatura picaresca y la novela negra, que habrían de ser los agentes apropiados para llevar adelante con el oportuno engorde de la butxaca el modelo económico neoliberal, pero católico, que la segunda transición contenía. Pues, el PP, no es sólo el representante político de los sectores más dinámicos del capitalismo español, como afirman sus dirigentes; el partido de los empresarios audaces y de los emprendedores privados que crean riqueza con esfuerzo, imaginación y riesgo, pues poco hay de ello en la patronal española; lo es también de los empresarios perezosos y rutinarios, de los patronos despóticos y de los partidarios del dinero rápido y sin riesgo, de los defraudadores fiscales y de los morosos con la Seguridad Social, tan bien representados por Díaz Ferrán, el anterior presidente de la CEOE, y de los granujas, presentes en casi todos los partidos pero no con tal densidad, que se acercan a la política con intención de ganar dinero de manera rápida, cómoda y segura -para forrarse, como le decía el antiguo presidente provincial del PP, Vicente Sanz, a un debutante Eduardo Zaplana- al amparo de la gestión de lo público. Es un partido salpicado de pelotazos urbanísticos obtenidos con amañadas recalificaciones de suelo, de contratos en porciones -como los quesitos- para eludir concursos públicos, de adjudicaciones a dedo, de amigos colocados al frente de empresas privatizadas y de consorcios de gestión pública, de sobornos (en dinero contante y sonante, en coches caros, relojes de lujo o en trajes bien cortados), de dobles contabilidades, de evasión fiscal y, como no podía ser de otra forma, de la opacidad como norma de gobierno para impedir la labor vigilante de la oposición.

La intención de devolver el vigor a las esencias de la patria y hacer de sus añejos preceptos -reespañolizar España y reevangelizar la vida- valores de la sociedad postmoderna, tuvo, en el ámbito económico, una aplicación muy poco evangélica al instaurar un capitalismo despiadado, que polarizaba aún más la desigualitaria sociedad española al acentuar los rasgos más extremos del asimétrico reparto de costes y beneficios.

2. El modelo económico neoliberal español

El modelo económico tan estrepitosamente fracasado ha sido y sigue siendo el  del Partido Popular, el que sus responsables han estado aplicando con mano férrea allí donde gobiernan, y al cual no han renunciado. Este modelo es, con aportes propios del genio hispánico y el toque genuino de la derecha nacional, una variante del promovido por el neoliberalismo conservador, la corriente ideológica dominante durante las últimas décadas, que, persiguiendo la falacia de un mercado capaz de regularse sin intervención de instituciones políticas, ha promovido la extensión a escala planetaria de un capitalismo sin reglas, impulsado por el desmesurado crecimiento del sector financiero.
Pero este modelo, contra lo que afirma la plana mayor del Partido Popular, no es el del Partido Socialista, aunque a los dirigentes de la derecha les venga bien pregonarlo para cargar las tintas sobre una sola persona -la crisis de Zapatero; el paro de Zapatero; la deuda de Zapatero- y hacer del presidente del Gobierno el único responsable de las adversidades del país. Y no lo es, en primer lugar, porque Zapatero carecía de un modelo económico alternativo, pues, como miembro de Nueva Vía -marca hispánica de la Tercera Vía, puesta en marcha en 1999 por Gidens, Blair y Schroeder, tras el desplome de la URSS, para acomodar el laborismo y la socialdemocracia al emergente capitalismo global-, compartía el modelo en boga, y en segundo lugar, porque la versión española de ese modelo, fue instaurada por José María Aznar, aunque Zapatero, de modo tan oportunista como imprudente, lo asumiera como propio cuando llegó al Gobierno en los años de bonanza, si bien tratando de insuflarle un aire más social.

El modelo económico de Aznar, que atendía al corto plazo, no estaba basado en fomentar la investigación y la innovación científica, desarrollar las industrias más punteras y aplicar las últimas tecnologías; ni en incentivar la diversificación productiva para no depender tanto de sectores estacionales como el turismo y la agricultura ni en reducir la alta dependencia energética tratando de conseguir a largo plazo un crecimiento más sostenible y territorialmente más equilibrado, sino en fomentar un capitalismo salvaje y parasitario, que acentuó debilidades estructurales del modelo español por el desmesurado crecimiento del sector inmobiliario, basado en el empleo precario de mucha mano de obra con poca cualificación, en la ilimitada oferta de crédito barato y en la especulación del suelo. Modelo que, incentivando la urbanización de la costa, reforzaba el sector turístico y acentuaba el desequilibrio territorial.
Basado en la construcción, el modelo era claramente tercermundista, pues fomentaba un capitalismo irresponsable que incentivaba la subcontratación de empresas, el empleo clandestino, la actividad sumergida y el fraude fiscal, y alentaba la corrupción política y la depredación del territorio; por otro lado, cebaba el sector financiero alimentando la burbuja crediticia y, finalmente, al ser poco competitivo lastraba el índice de productividad nacional y no generaba pleno empleo, pues en los mejores años de Aznar, cuando la propaganda gubernamental alababa el segundo milagro económico español, la tasa de paro no bajó del 9% de la población activa.
De la importancia que tenía para el PP este modelo económico, que parecía calcado del modelo desarrollista de la dictadura, basado en la construcción de barrios dormitorio en la periferia de las ciudades y sus anejas infraestructuras, y en el uso del coche privado (el utilitario) para llegar a ellos, da cuenta la prisa con que se puso en marcha.

Entre las primeras medidas que adoptó Aznar, que tomó posesión de su cargo el 4 de mayo de 1996, estuvo el Decreto Ley 5/1996, de 27 de junio, y algo más tarde la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo, que liberalizaron el suelo, haciendo urbanizable todo el suelo nacional pero dejando la última decisión en manos de las comunidades autónomas, acortaron el tiempo de información pública, agilizaron los trámites para urbanizar, redujeron del 15% al 10% el porcentaje de terreno mínimo cedido por los promotores a los municipios e introdujeron la figura del agente urbanizador no propietario.
La Ley del Suelo, aprobada en el Congreso por 167 votos a favor, 143 en contra y 4 abstenciones, se presentó como una iniciativa para abaratar el precio de las viviendas. Arias Salgado, a la sazón ministro de Fomento, señaló que al aumentar la cantidad de suelo urbanizable, la esperable reducción del precio repercutiría en el coste final de las viviendas. Cristina Narbona, entonces portavoz del PSOE en la materia, dijo que con esa ley no se abaratarían ni el suelo ni la vivienda. Y así fue, porque el modelo respondía a lo que se quería obtener de él: resultados a corto plazo y proporcionar un dinero fácil y rápido a empresas constructoras y promotores inmobiliarios. Era la mejor prueba de lo bien que funcionaba lo que Aznar llamaba la España de las oportunidades.

Lo que ha venido después, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el derrumbe del mercado hipotecario, la congelación del crédito, el desvelamiento de una ingente deuda internacional de origen privado, la descapitalización bancos y cajas de ahorros saneados con dinero público, y el descubrimiento de extensas redes clientelares y tramas de corrupción ligadas al negocio de la construcción, no debería de haber sido una sorpresa para nadie, y menos para los dirigentes del Partido Popular, que fueron los inventores de un engendro del que no han renegado, pues, aún hoy, Rajoy ha indicado que piensa restablecer las deducciones fiscales por compra de vivienda. Carlos Velázquez, nuevo alcalde de Seseña por el Partido Popular, ha legalizado la urbanización El Quiñón, construida por Francisco Hernando, el Pocero, que el anterior regidor, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida,  había denunciado por falta de viabilidad, lo que le valió una docena de querellas del constructor, que fueron desestimadas por la justicia.

De modo general, el modelo aznariano favorecía fiscalmente al capital sobre el trabajo [entre 1996 y 2000, la aportación al IRPF de las rentas del trabajo se elevó al 83,15%, la de actividades profesionales era 3,70%, las aportaciones empresariales bajaron hasta el 8,22% y las rentas del capital mobiliario se redujeron a casi la mitad, colocándose en el 3,70%], aceleraba la privatización del patrimonio del Estado, la cesión y subcontratación de servicios públicos a compañías privadas y la formación de grupos empresariales con vocación monopolista ideológicamente afines al PP. Por otro lado, facilitaba la división y deslocalización de empresas y la fundación de otras con poca entidad -chiringuitos- para aprovechar la ola de especulación inmobiliaria, y los negocios montados rápidamente al abrigo del poder político, ya ejercido por el gobierno central o por gobiernos autonómicos, provinciales o municipales. Mientras se criticaba el tamaño del Estado, especialmente en su vertiente asistencial, y se negaba lo que la doctrina neoliberal prescribe -manos políticas fuera de los negocios (el reaganiano hands off)-, los diversos niveles de la Administración se convertían en lugares privilegiados para hacer negocios con buen rendimiento, escaso riesgo y nula responsabilidad, dada la pereza de los gestores públicos para vigilar el cumplimiento de los servicios adjudicados, mucho menos cuando habían sido sugeridos por las propias empresas o por promotores actuando a comisión.

En unos pocos años brotaron como hongos empresas montadas de prisa y corriendo para hacerse con una adjudicación a dedo o participar en un trucado concurso público con todas las bazas para ganar, a pesar de ofrecer peores condiciones que la competencia y de resultar más caros los servicios a prestar, o quizá por esa razón. Montones de empresas se crearon de la noche a la mañana sin ninguna experiencia en la actividad económica por la que, en teoría, debían competir con otras, y que, contra el pronóstico profesional, la ética democrática y el rigor presupuestario, les era adjudicada en un amañado concurso por contratación directa mediante procedimiento de urgencia o por alguna otra argucia legal o ilegal, como los contratos confidenciales, hurtados a la vigilancia de los partidos de la oposición. De este modo, muchas empresas, que sólo lo eran de nombre, obtenían la adjudicación de un servicio del que poco sabían y que a continuación subcontrataban, con la consabida ganancia, a otras, que, si no los cedían en un nuevo subcontrato a unas terceras o a trabajadores autónomos, eran las que realmente lo prestaban a los ciudadanos. Así mismo se fomentó la fusión o la agrupación de empresas (uniones temporales), que eran pantallas para hacerse con la adjudicación de grandes obras, cuyo coste final excedía sin remedio al presupuesto adjudicado, y que otras compañías subcontratadas habrían de ejecutar a precio menor, las cuales las volverían a subcontratar total o parcialmente con unas terceras, incidiendo en la precariedad laboral y la economía sumergida. Resultaron de este viciado juego, unas grandes empresas que prácticamente se dedican a todo para optar a los contratos millonarios de las grandes obras públicas, que, una vez obtenida la adjudicación, cedían la ejecución a otras de menor entidad mediante la subcontratación en condiciones leoninas, lo cual acababa casi siempre por desbordar el presupuesto inicial. 
Así, por ejemplo, hemos tenido el caso de servicios municipales de limpieza pública y recogida de basura doméstica que han sido adjudicados a empresas que poco sabían del tratamiento de residuos; empresas sin ambulancias han logrado un contrato para prestar servicios de transporte sanitario, empresas adjudicatarias de servicios clínicos sin experiencia en la materia, hospitales nutridos con pacientes cautivos provenientes de la sanidad pública, que corre con los gastos pero deja los beneficios al sector privado, o "empresas" de televisión que jamás habían realizado un programa, agraciadas con licencias de emisión por cable (TDT), porque la orientación ideológica de los promotores aseguraba el uso propagandístico que la autoridad política perseguía.

3. Mal perder. Una oposición crispada y desleal

Desde su inesperada derrota electoral en marzo de 2004, en el Partido Popular han acusado de ilegitimidad al Gobierno socialista, al que estiman en situación interina desde hace ocho años. En la primera legislatura, los dirigentes del PP solicitaron de forma crispada un adelanto electoral apoyándose en la fábula, tan machaconamente difundida como nunca probada, de una conspiración urdida por el PSOE con ETA, la policía y agentes secretos de varios países, para expulsarles del gobierno y debilitar el pacto de las Azores, mediante los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid. Disparate que echaron por tierra la comisión de investigación del Congreso y las largas penas de cárcel impuestas a los autores de la matanza, todos fanáticos islamistas, y a sus colaboradores, pero que dentro del PP aún conserva muchos adeptos.
En la segunda legislatura, el motivo para solicitar la convocatoria anticipada de elecciones generales ha sido la gestión gubernamental de la crisis económica. En ninguno de los dos casos el PP ha presentado en el Congreso una moción de censura, pero ha sabido convertir las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo en un referéndum sobre la gestión de Zapatero y en un plebiscito sobre el ignoto programa económico de Rajoy.

Al hacer de las elecciones locales y autonómicas la primera vuelta de las elecciones generales, los populares han logrado escamotear del debate político lo ocurrido en el ámbito local y autonómico, con lo cual se han evitado tener que dar cuenta de los resultados de su gestión allí donde han gobernado -en algunas ciudades y comunidades, desde hace décadas-, pues todo lo negativo a escala nacional, local o autonómica, ha sido cargado en la cuenta de los errores de Zapatero. Posiblemente, la campaña de las generales correrá la misma suerte, con el añadido de la deuda autonómica recibida el 22 de mayo presumiblemente inflada y la utilización del terrorismo, aprovechando el poder institucional de Bildu y el insólito caso "Faisán".
La labor de oposición del PP durante la legislatura ha consistido en criticar las medidas del Gobierno frente a la crisis económica, tanto las propuestas como las aprobadas, tanto las aplicadas como las que se han rectificado, con el adobo de la crítica por otros asuntos, pero sin correr el riesgo de señalar lo que había que hacer.

Ante las acuciantes necesidades financieras del país, la derecha ha desertado de su responsabilidad nacional sin aportar algo positivo, ha obstruido la labor gubernamental y legislativa y ha contribuido a desprestigiar la imagen de España en el extranjero, cuando se halla bajo la atenta mirada de organismos económicos internacionales y de las entidades que financian su elevada deuda soberana, de la que forman parte la deuda privada, de empresas, individuos y familias, tanto como la pública, que no sólo en la administración central es elevada sino en administraciones locales y en comunidades autónomas donde gobierna el PP desde hace décadas. Pero en este tema, los dirigentes populares han actuado como si hubieran permanecido siempre en la oposición, lejos de los órganos del poder central, municipal o autonómico, y al margen, por tanto, de cualquier responsabilidad en lo ocurrido.
Cultivando el catastrofismo y divulgando la idea de que la situación es mucho peor que la oficialmente admitida, porque el Gobierno engaña a los ciudadanos sobre la situación de la economía, en el PP han contribuido a que ésta vaya a peor, en primer lugar, porque donde han gobernado no han actuado de acuerdo con lo que exigía un momento señalado por ellos como muy delicado, y han continuado gastando dinero público como si no hubiera crisis, con el resultado de aumentar la deuda (Madrid y Valencia van en cabeza de la deuda autonómica), y desde el punto de vista del discurso, porque han creído que cuanto peor le fuera al Gobierno mejor les iría a ellos, y en eso han acertado, pero también han mostrado que el país en su conjunto les importa muy poco, y de ello hay dos pruebas contundentes.

La primera es su deserción como un partido responsable que aspira a reemplazar al que está gobernando, pues si el país se halla al borde del abismo por la incapacidad del Gobierno, lo que tenían que haber hecho, por responsabilidad o por ese patriotismo que tanto invocan, es presentar una moción de censura, con un gabinete y un programa mejor,  con la confianza de contar, en tan dramática situación, con el apoyo del resto de grupos del Congreso. Y no lo han intentado.
La segunda es que, estando el país, según ellos en situación mucho más que crítica, han reprobado todo lo que ha hecho el Gobierno, pero no han indicado lo que había que hacer; han sustituido su programa frente a la crisis, si es que lo tienen y si puede hacerse público, por una colección de vaguedades.

En lo que respecta al dictamen sobre el origen y las causas de la crisis, por arte de birlibirloque, los dirigentes del PP han convertido el estallido de la burbuja financiera en EE.UU, la subsiguiente crisis económica mundial y su repercusión en España, en la crisis de Zapatero, un sobrevalorado y negativo superhombre, culpable también del aumento del desempleo al haber dilapidado la formidable herencia de Aznar. Cuando gobierna el Partido Popular hay pleno empleo y cuando gobierna el PSOE aumenta el paro, han repetido hasta la saciedad los dirigentes de la derecha, que han experimentado un repentino interés por los problemas sociales -el partido de los desfavorecidos, dicen ahora- y alardean de que nunca congelaron las pensiones, ni reformaron el mercado laboral o, en el colmo de la desfachatez, de que no negociaron con ETA.

Claras mentiras y argumentos falaces de una simpleza insultante, pero que, machaconamente difundidos por una extensa red de medios, han producido el efecto esperado en un público ignorante, que ha sido mantenido crispado y en estado de movilización permanente con baratijas ideológicas sobre los nulos derechos de los fetos y los excesivos derechos de los inmigrantes, el atentado a la familia por el matrimonio homosexual y la agilización del divorcio, el imprescriptible derecho a fumar donde plazca y a circular por carretera a la velocidad que a cada cual le venga en gana, la dictadura que supone cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la excarcelación de algún etarra por haber cumplido su condena como una afrenta a las víctimas del terrorismo, la legalización de Bildu como resultado de la (presunta) negociación secreta del Gobierno con ETA para llevarla a los ayuntamientos o, en la táctica de conquistar el Estado deslegitimando sus instituciones, acusar al Gobierno de utilizar a la policía y a la judicatura para montar el caso Gurtel contra dirigentes populares de acrisolada honestidad o contra otros que aparecen imputados por tonterías, según la opinión de Esperanza Aguirre. Pero sería faltar a la verdad omitir los mensajes "en positivo" del Partido Popular indicando la manera de salir de la recesión económica, tales como que hace falta generar confianza, hacer los deberes, crear empleo, dar oportunidades a los jóvenes, contener el gasto, hacer reformas, fomentar la inversión, fijar por ley el tope del déficit y tener planes energéticos como Dios manda.

El resultado electoral del 22 de mayo ha mostrado que cuando el país se halla en una situación de aguda crisis económica y financiera, y el comportamiento de la clase política aparece como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, la derecha no necesita un programa económico para ganar, pues le basta con propagar el catastrofismo y adobarlo con tópicos neoliberales, retórica patriotera y populismo católico.

4. El fenómeno de la corrupción

Entre las pocas novedades aportadas por la campaña de las elecciones locales y autonómicas, hay que señalar como un nuevo y preocupante elemento la defensa numantina que la derechona ha hecho de las listas con candidatos imputados en casos de corrupción, actitud que sería de lamentar se repitiese en las próximas elecciones generales.
Aunque había imputados por prevaricación, cohecho o falsedad en documento público en las listas de otros partidos, los casos más escandalosos se han visto en las del Partido Popular -las listas Gurtel-, que, para pasmo de las personas honradas, han resultado clamorosamente victoriosas. Con lo cual, cabe colegir que, al defender a candidatos presuntamente corruptos, los líderes populares han logrado corromper a los votantes al habituarles a admitir la corrupción en las instituciones representativas como un elemento anejo a la actividad política, incluso como algo meritorio que requiere especial pericia. Una vez admitido el principio mercantil de que todos tenemos un precio, llegar a ser un corrupto importante depende de la ocasión y de la habilidad, disfrazada en el lenguaje de la calle como inteligencia, para negociar al alza el valor de la propia falta de honradez.

Por el modo en que se ha extendido y los niveles que ha alcanzado en los partidos políticos y en las instituciones representativas, el fenómeno de la corrupción política presenta una dimensión nueva, pues ya no se trata de una indeseable excrecencia del sistema o de una actividad anómala para financiar a los partidos, sino de un elemento dinamizador del modelo económico unido estrechamente a viejos usos como el caciquismo y el clientelismo político, que son los canales por donde se desparraman los ilegales beneficios de la colusión del poder político y el interés privado hacia los círculos de afortunados seguidores.
El fenómeno de la corrupción revela la ausencia de normas reguladoras más precisas, las romas herramientas de la oposición para ejercer su función vigilante y las deficiencias y vicios de la administración de justicia, pero sobre todo una forma despótica de ejercer el poder, sea local, autonómico o nacional, como es la opacidad, o gobernar en secreto para evitar rendir cuentas a la ciudadanía, como muy bien sabe Francisco Correa, amigo del dinero público obtenido de forma ilegal.

En el consejo que el experto cabecilla de la trama Gurtel daba al aprendiz en el asunto del mamoneo Carlos Clemente, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid [T. Calleja: "Manual de corrupción de Correa", El País Madrid, 18 de marzo de 2011, p. 1], -Hay que ser opaco y no transmitir que haces busines-, recomendaba actuar con intención dolosa para facilitar la disimulada cooperación de los gestores públicos y evitar el control de la oposición.

En un país con una alta proporción de economía sumergida (se estima en un 22% del PIB) y una extendida tolerancia hacia la evasión fiscal y los delitos económicos, el triunfo electoral de listas con imputados por corrupción es una muestra de la perversión de la actividad política y de la incontrolada autonomía de la clase política, que actúa como si gozase de privilegios de casta; de la impotencia de la administración de justicia, de la degeneración de la vida democrática y de la putrefacción ética de una parte importante de la ciudadanía, así como una prueba de la doble moral católica, tan presente en la derecha, y de la firmeza del voto ideológico: que ganen los míos, aunque sean, presunta o realmente, corruptos.

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Notas.

1. Sobre el origen y desarrollo de esta corriente, remito a los lectoresa La reacción conservadora. Los neocons y el capitalismo salvaje, Madrid, La linterna sorda, 2009.

2. Ver José María Izquierdo: Los cornetas del apocalipsis, edit. Hoja del Monte.

3. Entre 1996 y 2000, la aportación al IRPF de las rentas del trabajo se elevó al 83,15 %, la de actividades profesionales era 3,70%, las aportaciones empresariales bajaron hasta el 8,22% y las rentas del capital mobiliario se redujeron a casi la mitad, colocándose en el 3,70%.

4. T. Calleja: “Manual de corrupción de Correa”, El País Madrid, 18 demarzo de 2011, p. 1

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Fuente: El Viejo Topo