Con estivalidad, premeditación y alevosía. Así se reunió el viernes pasado el Consejo de Ministros del Gobierno español para abordar «asuntos urgentes» que no podían demorarse por vacaciones. La reunión, inédita en pleno mes de agosto, tuvo lugar casualmente en una semana en que la actualidad informativa estaba distraída en otros frentes. Las fastuosas y multitudinarias celebraciones de Rouco y sus hermanos para festejar la visita de Ratzinger, el oportunísimo afán de protagonismo del dedo de Llourinho y la particular y vergonzosa interpretación que la policía hizo de su papel como garante y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía en Madrid mantuvieron ocupados a los falsimedia.

Aun así, la rueda de prensa posterior fue transmitida en directo, como es costumbre, por el Canal 24h de TVE. Una conferencia que –también como de costumbre– resultó mucho más reveladora por sus omisiones que por sus declaraciones. Los temas que se soltaron al público no fueron más que fuegos de artificio para distraer. Política de sonajero, como lo llamaba Umbral. Reajustes en los plazos de pago del impuesto de sociedades, rebajas fiscales para la compra de vivienda nueva, maquillaje a la política de precios de los medicamentos… Todo eso no fue más que una cortina de humo. De lo verdaderamente importante, de los más de 38.643 millones de euros (cerca de 6 billones y medio de pesetas; casi seis veces el precio de la construcción y puesta en funcionamiento del AVE Madrid-Sevilla) que nuestro Estado se verá obligado a avalar (léase apoquinar) «para aumentar la dotación efectiva de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF)», ni una palabra. Este organismo es en realidad una sociedad anónima con sede en Luxemburgo que nuestros mangantes europeos se sacaron de la manga el año pasado para «hacer frente» a posibles desequilibrios del sistema financiero. Dicho en román paladino: un fondo de rescate privado soportado con fondos públicos.

¿Para qué se crea ese fondo? Para rescatar/chantajear a aquellos países (Grecia, Irlanda, Portugal…, ¿España?) cuya situación financiera ponga en riesgo la devolución de sus emisiones de deuda pública a los bancos privados. ¿Y por qué se crea como sociedad anónima? Para que, además de los 16 países fundadores, puedan participar en el futuro los capitales privados que lo consideren conveniente. ¿Y por qué es necesario crear un fondo, teniendo como tenemos ya un Banco Central Europeo? Porque el BCE no puede financiar directamente a los Estados miembros de la Unión (de hecho, las últimas y recientes compras de deuda española e italiana por parte del BCE se han realizado a través de intermediarios privados que, por supuesto, operan con ánimo de lucro). ¿Y por qué no puede el BCE adquirir directamente deuda pública de los Estados miembros? Porque ese fue uno de los requisitos básicos de su creación ¿Y quién puso esos requisitos? Principalmente, Francia y Alemania; o mejor dicho: sus grandes bancos, que son los que controlan el cotarro. ¿Alguien no se lo cree? Puede consultarlo en el Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, en el Protocolo nº4 sobre el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (pdf) o, si aún le quedan ganas, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (pdf). Advertimos, sin embargo, que su lectura, además de suponer una considerable inversión de tiempo, puede producir somnolencia, náuseas, cefaleas, vértigo, mareos, angustia, depresión, irritabilidad e incluso ulcus péptico.

En resumen, que la reunión estival extraordinaria de nuestro Consejo de Ministros nos ha salido por un pico. Tal y como refleja el sumario correspondiente (pdf, página 13), el citado incremento de la aportación española a la FEEF, sumado a los 53.900 millones iniciales, supone la bonita cifra de 92.543,56 millones de euros (más de 15 billones de pesetas). A efectos prácticos, hubiera dado lo mismo que nuestro Gobierno hubiera dicho: «vamos a robarles otros 800 euros por barba a estos pringaos, para redondear hasta los 2.000 euros por habitante». Y no se crean que esas cantidades se van a quedar ahí. En el caso de que con ese dinero –nuestro dinero– Europa decidiera rescatarnos, los importes a devolver serían aún mayores. Que San Pancracio nos coja confesados.

Pero eso no fue todo, no. Tras el fin de semana, el presidente del Gobierno compareció en el pleno del Congreso para anunciar, a pocas semanas de que se disuelvan las Cámaras, nada menos que una reforma constitucional para incluir un techo normativo que limite el déficit público. Ahora resulta que la sacrosanta Constitución del 78, cuyo famoso e intocable consenso se ha esgrimido tantas y tantas veces, se va a modificar en pleno verano, en apenas dos semanas y sin referéndum. No es necesario, nos dicen, porque la modificación no supone un cambio esencial que afecte a los capítulos que establece su artículo 168.

Eso es mentira. La inclusión de un límite al déficit público menoscaba seriamente el principio de soberanía a que se refiere el artículo 1. La modificación que se plantea supone arrebatar una parte importante de esa soberanía, que se supone que «reside en el pueblo español» para concedérsela a los mercados, es decir, a la clase dirigente. El propio portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, lo reconoció públicamente: «hay que ceder soberanía nacional a favor del bien europeo». La reforma que pretenden las marionetas del PP$OE es, por tanto, una reforma esencial –en realidad, es un golpe de Estado encubierto– y debería contar con el respaldo de la ciudadanía mediante consulta popular.

No podemos permitirlo. No debemos. Si lo hacemos, estaremos aceptando que nos condenen a la miseria. A nosotros y a las generaciones futuras. A partir de ese momento, la excusa de «porque lo demandan los mercados» se convertirá en «porque lo establece la Constitución». Eso es algo inadmisible en democracia. Limitar el déficit público supone cercenar gravemente la capacidad del Estado para maniobrar con autonomía frente a los ataques especuladores del gran capital. Equivale a una sumisión ciega a los intereses de la oligarquía financiera internacional. La misma que compra nuestra deuda pública con nuestro propio dinero (obtenido mediante los rescates que ya estamos pagando entre todos) como quien compra acciones de una empresa. Esta aberración jurídica pretende dar forma legal a dicha sumisión, que ya se está produciendo de facto, pero que quedaría confirmada para siempre al incorporarse al articulado de nuestra Norma Máxima. Es un atropello; una traición al pueblo soberano; un crimen en toda regla. No solo es necesario oponerse. Deberían pedirse responsabilidades a quienes proponen algo así, ya que, al hacerlo, están rompiendo su juramento de «guardar y hacer guardar la Constitución».

Los falsimedia a sueldo, como siempre, se han apresurado a difundir la confusión mediante palabras y conceptos que tergiversan el espíritu de esta medida. Se habla ya de que «limitar la deuda» no es algo tan negativo. Eso es una burda manipulación. Nadie está hablando de limitar la deuda. Más bien al contrario: con su capacidad de maniobra drásticamente mermada, el Estado se verá obligado cada vez más a endeudarse con nuevas emisiones que nos empobrecerán aún más. Los intereses de esa nueva deuda serán cada vez mayores, con lo que los recortes al ya maltrecho Estado del bienestar se multiplicarán. Es un círculo vicioso que nos hundirá durante generaciones en la pobreza. Y quieren hacerlo sin contar con nosotros, sin un referéndum, dado que –aceptando la falsa premisa de que no es una modificación esencial– la consulta solo es necesaria si la solicita un 10% de los diputados o senadores. ¿Será posible que no haya 35 diputados ó 27 senadores con algo de decencia para promover un referéndum en respeto a la Constitución que juraron defender? De ser así, nunca será mas cierta la frase «no nos representan».

Llama también la atención el silencio hasta ahora de los sindicatos mayoritarios, adocenados en el pesebre de las subvenciones y cómplices por omisión de este crimen. Unos sindicatos que hace ya tiempo que dejaron de cumplir su función de defensa de los trabajadores. Unos sindicatos que convocan huelgas generales ante recortes puntuales de derechos, pero que callan vergonzosamente ante una maniobra que institucionaliza los recortes ad aeternum.

 

La pelota está en nuestro tejado. ¿Tragaremos una vez más? ¿Nos resignaremos mansamente a esta crucifixión, como hacían los reos de la Judea romana en La vida de Brian, la inolvidable película de los Monty Python? ¿Aceptaremos con docilidad el castigo de llevar durante generaciones «una cruz por persona»? Si lo hacemos, habremos dado un paso más, enorme y puede que definitivo, hacia el abismo. La traición de nuestros presuntos representantes es gravísima, y deberíamos obligarles a rectificar. Es cierto: hay centenares de miles de familias que piden un techo. Pero no era esto, coño. No era esto.

Una Cruz por persona (La Vida de Brian)

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Fuente: http://desdemiposadero.blogspot.com/