Cuando las personas que han atravesado el mar en una barca tienen la suerte de alcanzar las costas de Almería, Granada o Cádiz, sienten una gran alegría por estar vivas. Ello significa que no han perdido la vida en esa guerra encubierta que son las fronteras –como bien explica Helena Maleno–, o que sus barcos no han sido devueltos en alta mar infringiendo secretas violaciones de derechos humanos fundamentales.

Miles de personas pierden sus vidas en el intento de obtener protección en un país «seguro» mientras que las políticas europeas de migración y asilo se centran únicamente en el blindaje y la externalización de fronteras. Hoy, las mismas compañías que venden armamento para las guerras se están quedando también con el negocio de la seguridad en las fronteras, un negocio facilitado por la UE que aporta beneficios millonarios.

La Unión Europea es responsable de las vulnerabilidades que se están produciendo en esos espacios de no derechos. Las prácticas de cierre, bloqueo y devolución en las fronteras, constituyen un factor de riesgo real para las personas que migran, para su vida, su integridad física y su salud además de vulnerar el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce el derecho a la libre circulación.

Después de una largo y peligroso viaje, a la inmensa mayoría de las personas que llegan a las costas del sur de la península se les abre un proceso de devolución que tiene como objetivo la deportación forzosa a su país de origen. Cuando no son deportadas directamente, son puestas a disposición judicial para que se autorice su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Buena parte de la opinión pública ignora que los CIEs no son otra cosa cárceles de carácter no penitenciario camufladas sin garantías penitenciarias para personas que no han cometido ningún delito.

En otros casos, como está ocurriendo este verano, tras la fase de identificación en la que las personas se encuentran retenidas se deja a las personas en libertad con un permiso de tránsito de 45 días. A pesar de que el número de personas que llegan desde las costas a la Comunidad Autónoma Vasca es muy reducido, ridículo si se compara con la llegada de turistas, los medios de comunicación siguen describiéndolo como «crisis humanitaria», «avalancha», «saturación» o «desbordamiento».

Resulta muy complicado para la ciudadanía vasca hacerse una opinión real sobre el tránsito de estas personas porque recibe mensajes confusos. En lugar de comunidades no numerosas en movimiento, las llegadas de migrantes son tratadas como un fenómeno amenazante, en lugar de personas con derechos se nos presentan como víctimas, o como delincuentes a los que hay que controlar enviando a la Ertzaintza, cuando no como amenaza frente a unos «limitados» recursos sociales.

Se ha generalizado un discurso contra un supuesto «enemigo exterior» que nos va a invadir. Sin embargo, las comunidades de las que estamos hablando han logrado resistir y sobrevivir a múltiples peligros y violencias –de redes criminales, de género, institucional– y están en movimiento por unas causas estructurales que la propia Europa ha generado en África en forma de guerras, cambio climático, control de fronteras, explotación de los recursos o empobrecimiento de las economías locales.

Nos creemos que vivimos en una sociedad perfecta y democrática, que estamos construyendo la «Europa de los derechos» pero nos negamos a ver el insoportable sistema de desigualdad, racismo y colonialismo que estamos sosteniendo.

Las comunidades en tránsito, en lugar de de ser tratadas como víctimas o como transeúntes sin derecho a quedarse –tal y como ha declarado el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, entre otros–, deben ser consideradas como personas en movimiento con derechos equivalentes al resto. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados tiene en cuenta a los desplazados por el clima y a las poblaciones empobrecidas, y la pobreza es también una violencia por la que la gente se desplaza.

Las migraciones han existido siempre, forman parte del destino humano, también en la Comunidad Vasca se han producido históricamente desde siempre y debemos entenderlas como un proceso natural de transformación y cambio social en un mundo en el que el poder económico ya se ha globalizado.
Ante la vergonzosa ausencia de políticas públicas que garanticen una acogida digna después de los tres o cinco días que se les permite pernoctar en el albergue gestionado por la Cruz Roja en Bilbao, han tenido que ser las organizaciones sociales Ongi Etorri Errefuxiatuak y vecinales de Atxuri y Bilbao la Vieja, las que mediante una red solidaria de acogida se están ocupando de asistir a las personas a las que las instituciones dejan en la calle.

Llama la atención la falta de sensibilidad, la incompetencia, y la improvisación del conjunto de las administraciones de la CAV. En lugar de esconderse bajo el paraguas de la «falta de recursos» y «el efecto llamada» deberían actualizar su discurso, reconocer el derecho a la protección social de las personas independientemente de su situación administrativa y destinar un presupuesto suficiente para crear un dispositivo de acogida integral perdurable en el tiempo.
Mientras no haya políticas inclusivas reales, las personas que transitan y las que se quedan seguirán sufriendo la discriminación y el racismo institucional que les condena a vivir aquí durante años sin poder tener los papeles y optar a un trabajo legal.

Por todo ello, los representantes públicos y los medios de comunicación de la CAV deben dejar de promover discursos que dividen a las personas en ciudadanía de primera y de segunda y utilizar su capacidad de presión al Gobierno español para exigir que se suspendan de inmediato las medidas ilegales de devolución en frontera, el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y la derogación de la Ley de Extranjería que condena a las personas migrantes a la explotación, la invisibilización y la exclusión durante años.