En estos días los de siempre, los políticos corruptos que lejos de servir a su pueblo se dedican a traicionarlo, a legislar y gobernar en favor de los banqueros y especuladores, a cumplir inexorablemente con el programa establecido por el FMI y la OMC (instrumentos del imperialismo yanqui y de las élites que lo controlan) en 1994 y que consiste en la destrucción total de los estados, en su malbaratamiento en beneficio de las grandes corporaciones y la total pérdida de derechos sociales y políticos de los diferentes pueblos, y en este caso concreto del español, andan lanzando espumarajos por la boca contra quienes se atreven a protestar por su indigno, culpable, delictivo y traicionero proceder y sacando pecho "democrático" esgrimiendo el peregrino argumento de que ellos son los verdaderos representantes del pueblo porque han obtenido un poder desproporcionado con respecto a su número de votantes, inferior en cualquiera de los casos al número, nunca tenido en cuenta, de quienes se abstuvieron o votaron en blanco.

Para estos indivíduos, más acostumbrados a cenar y tomar copas a costa del erario público con banqueros y empresarios que a codearse con el pueblo, que cada día que pasa se encastillan más y más en sus palacios de cristal convirtiendo en cotos privados edificios que en la práctica son públicos y pertenecen al pueblo, la democracia se reduce a que un pueblo desinformado y a menudo manipulado e ignorante cumpla con el rito de votar cada cuatro años para legitimar su tiranía civil que siempre están dispuestos a apuntalar con métodos de represión policial o militar.

Hasta ahora andaban presumiendo de trajes caros, de poder y privilegios, pavoneandose ante un pueblo sumiso y desorganizado como si fueran próceres de la patria a la que no han hecho otra cosa que empobrecer y vender y ahora que se les piden responsabilidades se encabritan gritando (a menudo incluso con los ojos en blanco de furia, ellos y los mercenarios que les sirven en los medios de propaganda del régimen: periódicos, televisiones, radios...) que en ellos reside la legitimidad institucional y democrática y quienes no reconozcan este hecho son poco menos que golpistas y peligrosos antisistema.

Sin embargo hay que tener en cuenta el hecho de que cuando un pueblo anteriormente sumiso e incluso apático, llega a tal grado de hartazgo que se une para salir a la calle proclamando que ni los políticos ni las instituciones le representan es que algo habrán hecho mal esos políticos y esas instituciones.

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En 1981, después del golpe de estado del teniente coronel Tejero, hubo una manifestación multitudinaria en la que el pueblo mostró su adhesión a las instituciones y el régimen vigente. En 2011 eso ha cambiado. Cientos de miles de personas están saliendo a las calles, con el apoyo de la mayor parte de la población, proclamando que esas mismas instituciones han dejado de representarles. Y los políticos no pueden seguir viviendo de aquel lejano respaldo de 1981. En estos treinta años algo ha sucedido que, sencillamente, ha restado legitimidad a las instituciones, las urnas, los cargos públicos y los políticos mismos. Claro: la opción fácil es contentar a los verdaderos amos de los políticos, los banqueros y especuladores, la oligarquía corrupta y antipatriota, y lanzar a la policía contra quienes protestan. Reprimir manu militari a un pueblo al que se ha traicionado después de lanzar sobre él el anatema y la difamación.

Pero hay que reconocer que ese pueblo no estaría en la calle, antes al contrario seguiría participando en las instituciones, si estas no hubieran sufrido un gravísimo déficit de legitimidad en las últimas décadas.

¿Cual es la causa de dicho déficit?...ya la hemos expresado en estas mismas líneas: que las elecciones han dejado de tener sentido porque se conforme la mayoría que se conforme siempre se hacen las mismas políticas: las que enriquecen más y más a la oligarquía corrupta a costa de empobrecer más y más al pueblo. Nuestros políticos han dejado de ser servidores públicos para convertirse en lacayos del gran capital, en simples mercenarios dedicados a demoler el bienestar del país para enriquecer a unos cuantos tiburones financieros que, en su mayor parte, ni siquiera son españoles. Constatado esto a lo largo de los años, y especialmente desde la artificial crisis de 2008, es lógico que la población haya dejado de considerar legítimas unas instituciones que los propios políticos han corrompido y prostituido.

Ahora, cuando les decimos a esos impresentables, a esos traidores con corbata, a esos proxenetas del bien común, a esos prevaricadores que no nos representan porque prostituyeron durante años su sagrada condición de representantes del pueblo y gestores de los intereses comunes, se engallan, se suben frenéticamente a la parra y reclaman para sí la sacralidad institucional como sinónimo de democracia.

Pues bien, hay que recordarles un pequeño axioma democrático: en democracia la soberanía reside en el pueblo, no en las instituciones, ni siquiera en aquellas elegidas mediante sufragio, y estas instituciones, al igual que quienes las encarnan, solo son legítimas mientras cumplen fielmente con sus funciones que son las de garantizar eficazmente la libertad y el bienestar del pueblo. Cuando se convierten en instrumentos para facilitar la esclavización y el empobrecimiento de ese mismo pueblo a manos de unas oligarquías corruptas y avaras, pierden toda su legitimidad.

Por mucho que los políticos griten y se rasguen las vestiduras en estos días de protestas, por mucho que se quieran envolver en los minoritarios votos recibidos (y que incomprensiblemente les proporcionan crecidas mayorías) y aparecer como legítimos representantes del pueblo lo cierto es que con sus acciones han dejado de representar al pueblo al que han traicionado. Las instituciones solo son legítimas mientras cumplen su función. Cuando se convierten en instrumento de tiranía la soberanía revierte al pueblo y tanto las instituciones como quienes las encarnan pierden toda legetimidad, se convierten en simples y llana tiranía.

Hoy España se encuentra en esta situación. Las instituciones y quienes las encarnan han caido en el mayor descrédito y por lo tanto la soberanía ha revertido al pueblo.

Por supuesto las oligarquías y sus lacayos insisten en sacralizar a las instituciones confundiéndolas intencionadamente con el estado y con la democracia. Pero las instituciones y las formas de gobierno son accidentales mientras que la soberanía popular es en sí misma eterna y representa la verdadera naturaleza del estado y de la democracia. Estamos en nuestro perfecto derecho de cambiar las instituciones y a quienes las detentan porque han dejado de servirnos, de sernos útiles, de representar nuestros intereses. Y este es un hecho objetivo e incontrovertible.

Las oligarquías y sus lacayos mercenarios quieren ampararse en la fuerza de los votos para justificar su tiranía. Pero ese es un argumento inservible. Cuando los votantes están lo suficientemente alienados como para votar a corruptos manifiestos y son tan ignorantes que sustentan con sus votos a quienes han traicionado al país, al pueblo y a sus propios intereses, no pueden ser considerados ciudadanos sino populacho. Y los votos del populacho no merecen consideración.

 La verdadera democracia está en la calle, los de los escaños y los despachos no representan al pueblo, son simples tiranos al servicio de la oligarquía corrupta  y quienes les han votado merecen exactamente la misma consideración que los que aclamaban a Hitler, a Franco o a Stalin en sus momentos de triunfo.

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Fuente: http://disidenteporaccidente.blogia.com/