El Partido Popular (PP) de la Comunidad de Madrid no esperó al inicio de semana santa para sufrir su particular ciclo de dolor y pasión. La publicación en Diario.es de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, habría logrado engordar su currículum con un máster (que realmente no posee) de la universidad Rey Juan Carlos, falsificando para ello el expediente y las notas, desató el pánico. Un pánico que está lejos de ser controlado y que ha provocado que se hable ya de su posible dimisión, de una moción de censura y hasta de elecciones anticipadas.

Los desmentidos improvisados y contradictorios ofrecidos por la propia Cifuentes y su entorno, las explicaciones imposibles del rector de la universidad, la aparición de profesores pagados y vinculados al PP como avaladores de unas calificaciones y de un trabajo del que no consta huella digital ni registro, y que, además, no se encuentra, sumando a que el mencionado trabajo fue supuestamente defendido por la ahora presidenta el mismo día en que coordinaba la seguridad de las celebraciones de la primera Eurocopa de la selección española de fútbol no han hecho más que agravar su mala situación y la del partido que preside.

El hundimiento definitivo de la mayoría parlamentaria del PP es ya algo que parece, a un año de las elecciones autonómicas, tocarse con los dedos y que coloca al resto de fuerzas políticas y sociales madrileñas ante una responsabilidad retrasada durante años. ¿Qué alternativa existe a la política neoliberal extrema que durante los últimos casi seis lustros se ha aplicado machacona e inmisericordemente en Madrid?

La corrupción

La política neoliberal llevada a cabo en la Comunidad y en buena parte de sus municipios durante todos estos año ha considerado a la Administración y su presupuesto un botín a repartir entre los amiguetes a través de privatizaciones, mientras se procedía a su vaciado de recursos vía  exenciones fiscales que han traído como consecuencia déficit, una profunda desigualdad y un recorte de derechos sin precedentes. A la par ha supuesto una verdadera ciénaga de corrupción que tiene al PP como centro y de la que nos hemos ocupado en varias ocasiones en estas mismas páginas.

A día de hoy, el Partido Popular cuenta en el Reino con cerca de 800 cargos inculpados y en la Comunidad de Madrid, con todos los presidentes y sus principales consejeros pendientes, en sus distintas variantes, de la justicia, ya sea a través de la fiscalía o del juicio. Así, entre los nombres más destacados se hallan Alberto Ruiz Gallardón  por la M-30 y el Canal de Isabel IIª, Esperanza Aguirre por la trama Gürtel, el exconsejero Francisco Granados por la Púnica, Ignacio González por la trama Lezo y la actual presidenta, Cristina Cifuentes por su posible participación en la trama de financiación ilegal del PP y ahora por  la falsificación de su currículum. Todo ello, por no mencionar la quiebra de Caja Madrid y el inicio de todo: el Tamayazo, un golpe de mano victorioso del capital contra el resultado electoral que le quitó la posibilidad del gobierno regional al PSOE en alianza con IU y que obligó, por la compra de dos diputados, a repetir unas elecciones para mayor gloria del lobby financiero-constructor.

Como decíamos, la política neoliberal ha generado un lodazal espeso que devora, traga y ensucia todo sin excepción. Un espacio asfixiante dominado por sectores muy reducidos, poderosísimos económicamente y con lazos de interés que tienen al PP como médula, pero que han hecho de Ciudadanos un imprescindible para su mantenimiento.

Un modelo agotado

La legislatura presidida por Cristina Cifuentes no ha servido para aprobar ley alguna reseñable, sino para mostrar la extenuación de un modelo que tuvo el comienzo de su caída en la última legislatura de Esperanza Aguirre. En estos 1000 días de Cifuentes la cacareada modificación del Estatuto de autonomía ha pasado a mejor vida, aplastada por la crisis de la financiación autonómica y la incapacidad de vertebrar una propuesta que aúne a la derecha bicéfala que gobierna la región. La ley del suelo ya se ha ganado, antes de su tramitación,  el rechazo de buena parte de los municipios y de las bancadas de PSOE y Podemos en la Asamblea regional. Por su parte, las publicitadas medidas de limpieza y regeneración democrática que Ciudadanos presumía como clave de su apoyo al gobierno del PP no solo se han revelado inútiles hasta ahora, sino que además, con la denuncia de falsificación de título de máster de la misma presidenta que las firmó quedan definitivamente enterradas.  Además, los presupuestos en esta legislatura, que han precisado para lograr su aprobación del voto de implicados en corrupción, han seguido reflejado la dimisión del poder público de sus responsabilidades al profundizar las privatizaciones, el empobrecimiento y todas las brechas desde un modelo económico de baja inversión, retroceso industrial y empleo precario y de baja calidad.

Incertidumbre y cambios

La presidenta Cifuentes, prácticamente muda desde mitad de la semana y supuestamente enferma con gripe las últimas horas, reúne el lunes 26 de marzo a su dirección. Veremos si presenta entonces su dimisión por las mentiras sobre su máster, falsedades que representan una bola de nieve que amenaza en devenir alud. Comprobaremos si prefiere un “mantenella y no enmendalla” o bien si adelanta la convocatoria electoral. También habrá que fijarse en qué pasos sigue a partir de mañana su socio, Ciudadanos. Observaremos si exige que se cumpla el punto de pacto de legislatura que considera un motivo de ruptura del mismo la mentira curricular y que puede llevar a la dimisión de Cifuentes. A partir del lunes, se desvelará en qué hoja termina la deshojada margarita en la que nos hallamos en este momento.

Sin embargo y más allá de ello y de la maniobra palaciega que se dé, existe mucha preocupación en las filas del poder real, es decir, entre aquellos sectores a los que la política de Cifuentes sirve y que son los que realmente gobiernan Madrid. Todo el mundo es consciente de que la enésima caída de un alto cargo del PP por corrupción y de un nuevo presidente/a de la Comunidad de Madrid no representaría un simple caso más. Solo hay que echar una ojeada a la prensa escrita y constatar el cómplice silencio y la “discreción” con la que han abordado tanto El País, El Mundo como el ABC la noticia del presunto fraude curricular de Cifuentes para darse cuenta de ello.

Caiga o no Cifuentes, el PP sabe que si pierde el control de esta nueva crisis, su mayoría, y no solo en la Comunidad, sino en las próximas elecciones generales, se colocaría abiertamente en juego. La oligarquía siente que el fin de Cifuentes, incuestionable más allá de la forma en que se produzca, abre un tiempo de incertidumbre capaz de debilitar el dogal neoliberal.

Construir la alternativa

Paralelamente, esta crisis en la crisis madrileña y su agravamiento no significan de manera automática cambios en la política de fondo del sector dominante. Por si generan dudas, las encuestas electorales señalan que C’s gana terreno día a día. Los de Aguado representan ya hoy en Madrid una pilastra fundamental sobre la que la política neoliberal de privatizaciones y recortes se apoya. Un puntal que nos lleva de nuevo a la pregunta que inició estas líneas: ¿Qué alternativa existe a ese modelo? La respuesta en lo más inmediato es ninguna. Ciertamente, cualquier paso que debilite a una de las patas de la derecha bicéfala será bienvenido y el de ahora, por supuesto, no hay que desaprovecharlo. Su profundización en sede parlamentaria y en la movilización resultará  esencial. Ahora bien, lo fundamental radicaría en aprovechar esta nueva corrupción para sentar las bases de las propuestas políticas de ese Madrid por el que se pelea en cada manifestación por las pensiones, los derechos de las mujeres, Amazon, la enseñanza o la sanidad. Ese Madrid que se opone a los desahucios y que quiere y exige igualdad, derechos, empleo, limpieza democrática y un modelo sostenible de desarrollo. Un Madrid, el de la mayoría de su población, que necesita de la más amplia unidad en la calle y en el parlamento para conseguir leyes y medidas que garanticen los derechos de una población maltratada durante mucho tiempo. Propuestas e iniciativas que rompan con la política neoliberal y que desplacen consecuentemente el poder de la oligarquía bancaría y financiera hacia el pueblo.

No al plagio: Exigimos una investigación

El pasado jueves 22 de marzo por la mañana, representantes de diversas asociaciones universitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid denunciamos ante la fiscalía los hechos publicados por el periódico digital eldiario.es relacionados con la falsificación de las calificaciones y acreditaciones que permitieron a la actual presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtener el título de Máster en Derecho Autonómico.

Entendemos que puedan existir delitos de falsificación documental y cohecho por parte del funcionariado de la Universidad rey Juan Carlos (en tanto que el citado máster se impartía en un centro adscrito a esta universidad) y por parte de Cristina Cifuentes, respectivamente. Delitos para los que el código penal tipifica, según los artículos 390 (relacionado con la falsedad de documentos públicos) y 419 (cohecho), sanciones de hasta seis años de cárcel y seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Como estudiantes sentíamos que debíamos tomar parte en esta cuestión en tanto que nos parece que los hechos publicados son pruebas más que suficientes para llevar a cabo la denuncia. Relacionamos los hechos acontecidos con que la propia presidenta es quien, como cabeza del Partido Popular en la asamblea de Madrid, está tratando de sacar adelante una nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) que, pese a haber caído por votación en asamblea y haber sido retirada, se están reanudado los trámites para tratar de implantarla de nuevo.

La Universidad Rey Juan Carlos en la que suceden estos hechos es ya conocida por el mediático plagio que realizó su antiguo rector, tanto en su tesis doctoral como en posteriores publicaciones, llevándole a la dimisión. También fue escándalo la colocación de Margarita Cifuentes (hermana de la presidenta madrileña) utilizando la figura de “profesor visitante” sin cumplir los requisitos y tratando de evitar concursos y controles. En este sentido, exigimos que tanto la URJC, como en general, todas las universidades públicas madrileñas, dejen de funcionar como el cortijo del Partido Popular y del gobierno de la Comunidad de Madrid.

La obtención de este máster ha supuesto remuneraciones concretas a Cristina Cifuentes. Por un lado prestigio y mayor consideración social como personaje público y presidenta de la comunidad de Madrid. Y, por otro lado, reconocimiento económico como funcionaria de la Universidad Complutense de Madrid, en la cual los ascensos que suponen aumentos económicos cuantificables se hacen en base a méritos académicos, como son por ejemplo los másters. Además este máster le permitiría acceder al doctorado una vez terminada su carrera política.

Las asociaciones de estudiantes estamos indignadas ante el hecho de que las universidades públicas sean feudos del Partido Popular, y de que se utilicen administraciones públicas para beneficios privados, mientras mercantilizan la universidad, privatizándola y elitizándola y la clase política se salta los procedimientos académicos habituales, nosotras padecemos cada uno de ellos y sufrimos el proceso de precarización de nuestra universidad, en la calidad de enseñanza, en los servicios educativos, en el aumento de tasas y la disminución de becas o en la incertidumbre de no tener un trabajo asegurado al salir de la universidad.

Por todo ello en la denuncia solicitamos a la universidad: copia certificada de registros, accesos y sistema de pagos del expediente; testimonio del personal universitario implicado en los hechos, como el director del máster, tutor del TFM, la persona designada por el servicio informático o el personal designado por el instituto de derecho público de la URJC; además del testimonio de la propia Cristina Cifuentes. La denuncia ya ha sido aceptada e incluso ha tenido respuesta en twitter por parte de la propia presidenta de la asamblea madrileña.