Algunas consideraciones preocupantes tras el encarcelamiento de otros cinco políticos de Cataluña.

Me propongo publicar aquí algunos apuntes sobre los últimos pasos de las instituciones españolas contra el llamado Procés catalán, sea eso lo que sea a estas alturas. Sin embargo, antes quiero que quede claro algo:

Esta semana, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos han impedido una modificación de la Ley de Amnistía del 77 cuya única intención era poder juzgar los crímenes franquistas de lesa humanidad. Es decir, asesinatos sumarios, desapariciones forzosas, torturas, robo de criaturas y similares. El conjunto formado por esos tres partidos suma 250 diputados de los 350 que tiene el Congreso español. O sea, que la gran mayoría del Parlamento está en contra de juzgar dichos crímenes. Sean cuales sean sus excusas, esto es así. No es casual que sean también los principales ejecutores de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Al conjunto de partidos anteriormente citado, que incluye el Gobierno de España, debe sumarse el jefe de Estado, o sea, el rey Felipe VI, ya que ha tomado partido abiertamente por las anteriores decisiones, así como por el castigo contundente a los partidarios del Procés.

Ahora, los apuntes:

Nos hemos acostumbrado ya a que el Gobierno de una comunidad autónoma esté ocupado por el Estado en aplicación del 155, algo que nos parecía escandaloso, si no marciano, hace apenas un año.

De la misma forma, se ha normalizado el llamado “delito de rebelión”, contra el que vienen advirtiendo no pocos catedráticos y estudiosos de Derecho.

Nos hemos acostumbrado a que varios líderes políticos y un par de presidentes de asociaciones cívicas permanezcan en la cárcel pese a no haber sido condenados.

En este sentido, hemos acabado asimilando la prisión preventiva como una forma de castigo.

Nos han convencido de que la actuación de los jueces es independiente del Ejecutivo. Más allá de dicha falacia, la Fiscalía, a instancias de la cual actúa el juez Llarena –pongamos por caso– pertenece y depende del Gobierno de España.

Hemos asumido que el independentismo no es una ideología sino un delito, admitiendo por parte de sectores del PP la posibilidad incluso de prohibir que dicha tendencia pueda presentarse a las elecciones.

Hemos asumido que el análisis de todos los acontecimientos vividos en los últimos meses debe ser jurídico, cuando es netamente una acción política.

Se ha popularizado la idea de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy “no hace nada” y “no toma decisiones”. Cunde la idea de la “inacción” de Rajoy, pasando por alto que toda inacción política –en el caso de haberla– es una forma de acción.

Se retrata a “la masa ciudadana” como un ente intrínsecamente peligroso, y su movilización como algo susceptible de ser castigado.

Aparecen aquí y allá titulares informativos y opiniones políticas que responden al enunciado “el Procés ha terminado”. Dichas afirmaciones pasan por alto el muy significativo grueso de la población catalana que apoya una nueva definición de las relaciones con España, sea esta el independentismo o no. Así pues, se crea la ilusión del “fin del problema”, cuando lo cierto es que el “problema” sigue creciendo.

Aparece como normal que el Partido Socialista se retrate con el PP y Ciudadanos en actos de Societat Civil Catalana, olvidando que los crímenes cometidos por el Partido Popular deberían ser considerados propios de una banda organizada para el delito. O sea, que el independentismo es “peor” que la destrucción de lo público, la corrupción, el robo y la asociación criminal generalizada.

Hemos permitido que perviertan la idea de violencia, tildando como tal a manifestaciones ciudadanas donde más de un millón de personas han salido a la calle una y otra vez en una muy notable paz. Y con ello permitimos, de nuevo, que cunda la idea de “la masa ciudadana”, o sea, de la manifestación multitudinaria, como ejemplo de violencia.

Hemos asumido como normal que en el resto de España los ciudadanos no se pronuncien contra encarcelamientos, ejercicios evidentemente represivos y arbitrariedades judiciales. Y por lo tanto descarten la evidencia de que las actuaciones institucionales llevadas a cabo en Cataluña sientan un preocupante precedente, aplicable a otras ideas, otras “masas ciudadanas” y otras protestas.

Queda añadir que deberíamos repensar qué es en este momento el Procés catalán; qué es lo que, lejos de terminar, acaba de comenzar; y cuál es nuestra definición de violencia.

En l imagen superior, Concentración Parlem, en Barcelona, el 7 de octubre. Foto: Jorge Lizana / Fotomovimiento

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Fuente: La Marea