Varios episodios que han ocurrido en los últimos días nos confirman que en la Justicia no es oro todo lo que reluce. Muchos se dedican, desde altas instancias a repetir el mantra más conocido: “La justicia es igual para todos”, mientras que la realidad lo niega, de forma obstinada.
La sentencia blandita e injusta sobre Urdangarín y la Infanta, de la que ya he hablado, han abierto la veda. Pero también hemos visto con estupor cómo en Murcia, y parece que no sólo allí, existen prácticas mafiosas contra algunos fiscales con casos de corrupción.

Precisamente --¡oh, casualidad!--, el fiscal López Bernal ha sido sustituido cuando estaba cursando la instrucción del presidente murciano y le había citado como investigado en el caso Auditorio.

Por otro lado se ha sabido que el fiscal general, de acuerdo con el gobierno, ha pactado con la AF (Asociación de Fiscales, la más conservadora) el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción. Curioso que sea el amiguete del ministro de Justicia y del gobierno, y que sea el único de los siete aspirantes que no tenia experiencia en causas de corrupción.

Mientras que el Fiscal General del Estado, cuyo objetivo debería ser la defensa del Estado, que no del gobierno, sea nombrado por el ejecutivo, no será sino un apéndice del ministro de Justicia, y más, si como ocurre ahora, el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá desprecia constantemente la separación de poderes, habla y no para, criticando y aconsejando a jueces y fiscales sobre su cometido y tratando de mantenerlos bajo la órbita del gobierno, sin ningún pudor.

Un hecho tras otro demuestra la tesis del cachondeo que es la Justicia. El último es que el tribunal del caso Urdangarín ha decidido que éste no tiene que sufrir prisión preventiva. Y, aunque sea discutible este hecho, lo que es un trato de favor inexplicable al ex duque –a parte de una condena mínima, inferior incluso a la de su socio Diego Torres, a pesar de que tenía una petición de pena mayor--, es que no le hayan aplicado ninguna garantía. Por ejemplo, no le han impuesto fianza, ni le han retirado el pasaporte –cosa que sí que han hecho a Diego Torres--. Es más, puede vivir fuera de España, fuera de la Unión Europea –de hecho, seguirá en Suiza--, y podrá hacer acto de presencia allí, todos los meses, como está prescrito. Lo único que le han impuesto es que comunique si cambia de domicilio o si viaja fuera de la UE, lo que puede hacer de vacaciones también. Vamos que me extraña que no le manden un juez todos los meses a su domicilio en Ginebra para que constate su presencia, sin que tenga el pobre que moverse de su casa. Algo inédito.

Y es que la Justicia es un cachondeo. ¿Cuándo podrán actuar con libertad, jueces y fiscales? ¿Por qué no se cambia la forma de elección de los Tribunales Constitucional, Supremo y CGPJ, así como del Fiscal General del Estado para garantizar su independencia?

Hoy, de nuevo, nuestra democracia se resiente en uno de sus puntos más importantes, la independencia del poder judicial. Montesquieu está de luto. El PP ha vuelto a asesinar a la Justicia.

Salud y República