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Opinión / Actualidad - Política
Escrito por Antonio Álvarez Solís   
Jueves, 16 de Febrero de 2017 00:00

La corrupción política en sus más variadas expresiones, incluyendo la liviandad moral o la conciencia viciada, la inconsciencia o falsedad en lo que se comunica, la inconsecuencia de lo que se dice o la prevalencia de intereses deshonestos y bloqueantes, ha alcanzado tales dimensiones que ha convertido en irrisoria la afirmación de que el mundo, incluyendo a los países al parecer más comprometidos con las supuestas libertadas y con los derechos humanos, vive en democracia, aunque sea evidente que se trata de una democracia evanescente e impregnada de retóricas irritantes y de falsedades escandalosas.

Hagámonos una pregunta muy simple: ¿cómo se puede hablar de democracia, o sea, el gobierno del pueblo por el pueblo, si el pueblo ha sido privado de herramientas como la verdad, de libertad para confrontar sólidamente el pensamiento y de la instrucción precisa para conocer sólidamente lo que le rodea? Suelen decir los matemáticos que la respuesta más adecuada ante un problema es la que responde aceptablemente al planteamiento más sencillo. Pues esa es mi pregunta, gestada en una dialéctica sin recoveco.

Esta es la situación política e ideológica a la que ha de enfrentarse una sociedad esquilmada cínicamente y, a la que hay que dotar con urgencia de responsabilidad si de verdad se desea una neutralización de la violencia creciente; una violencia, y esto es lo más grave, ciega, anárquica patológicamente. Una violencia vacía de revolución, encorsetada en constitucionalismos que no pretenden un robustecimiento de los derechos sino una coacción que los inmovilice. Frente a esta inocultable realidad hay, creo, solamente dos formas de proceder cara a la supervivencia: o mantener resignadamente el múltiple choque de trenes existente, que equivale a la aceptación de lo apocalíptico como futuro, o reivindicar una ciudadanía eficaz en la arquitectura constitucional de cada nación.

Dada la tragedia en que vivimos quizá la hora demande la activación de un cuarto poder que controle los poderes existentes en la desmadejada democracia actual para introducir en esa cancerizada política el aire limpio del poder elemental y primigenio, que es el poder directo de la calle; lo popular como normalizante. Es inútil mantener que existe la democracia mientras no exista una simbiosis entre lo institucional como máquina delegada y el verdadero control popular de esa máquina para validar o invalidar el producto resultante. Hablamos, por ejemplo, de un tribunal popular, o un gran jurado público, encargado de velar por el cumplimiento de cosas esenciales como los programas prometidos en las elecciones y su desarrollo posterior en los diversos escalones de gobierno. No se trata, insistamos, de incrementar el espacio de la jurisdiccionalidad establecida sino de verificar a plena luz la salud moral de los poderes delegados, cada vez más alejados de la calle. Hablamos, por tanto, de una cámara paralela a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que obligue a los legisladores, gobernantes e interventores a comparecer ante el pueblo en caso de comprobar incumplimientos graves de las promesas que llevaron a la ciudadanía a depositar en las urnas un determinado voto de adhesión o a confiar la dirección de su vida a personas, partidos u organismos que han falsificado al final sus promesas de gobierno. En lenguaje figurado hablo, pues, de algo parecido a una Cámara de la Verdad, que abriese la primera puerta a una verdadera defensa ante la prevaricación.

Tal vez una propuesta de este carácter pueda ser juzgada como arbitrismo, pero lo cierto es que tras unas elecciones alimentadas por mil promesas en muchos casos inmediatamente incumplidas la nación ha de resignarse a la espera de un futuro indefinido para restablecerse del engaño, si es que ese restablecimiento acaba por suceder con alguna dosis de verdad. Los gobiernos establecidos se vuelven hoy coriáceos y literalmente imbatibles en el día a día a no ser que la calle cuente con una herramienta protegida, al menos hasta cierto punto, por un escudo público reconocido. Esta Cámara de la Verdad habría de funcionar con una elección calificada de sus miembros, con una permanencia de los mismos que sólo fuera limitada por la muerte o una ancianidad avanzada, con una independencia total de sus miembros respecto a los partidos –sin marca de partidos ni antes ni después– con una procedencia territorial constatable y dilatada que vinculase a una honrosa vecindad... ¿Propuesta difícil de satisfacer? Puede que la a la calle le satisfaga una elección de ciudadanos honrados y sin más aspiración que proceder con un espíritu limpio a juzgar sobre la verdad y la mentira en el proceso político. A juzgar sabiendo que tras la incardinación en esa Cámara ya no se puede subir por la escalera del poder institucional, por la rampa del poder económico, ni por el árbol de la gloria. Ciudadanos que representen a una ciudadanía poseída permanentemente por un poder creador de la verdad. Porque hemos llegado al punto escandaloso de la expropiación del poder popular en todas sus posibles manifestaciones políticas, morales, económicas, culturales. Ese dolor de desposesión se encalabrina en mí cuando paso ante la sede del Parlamento, ante la fachada de un Ministerio, cerca de los mil organismos financieros, ante la bandera de una sede policial, por la puerta de cámaras que poseen el teléfono rojo que conecta con el poder. En ese tránsito me acogota el dolor de pensar que todo eso proviene de una herencia que me corresponde y que me ha sido arrebatada; que en esa monumental casa de empeños, con mil puertas que se abren y se cierran como fauces depredadoras, están depositados mediante papeles inicuos mi libertad, mi ciudadanía, mi existencia limpia y justa. Y creo ver que un empleado con bata gris me pregunta si traigo el voto o el recibo de cualquier adhesión a los poderes para devolverme la democracia que mis abuelos creían haberme dejado como vida inalienable y que no puedo recuperar por carecer de medios de pago. Y el empleado me dice: «Pues es muy sencillo: venda usted otro poco de libertad, subaste su fondo de justicia, acuda al Rastro de la moral política, entregue la dignidad que le sobre y tendrá usted los medios para desempeñar su alma ciudadana, descontando los intereses correspondientes» «¿Y si no quiero desprenderme de todo eso, qué será de mí?», le pregunto al empleado, que encoge los hombros y me dice simplemente: “Eso es cosa suya; la ley es la ley». Cuando regresa al interior de su zahúrda oigo que le dice a su compañero de ventanilla: «Ahí afuera hay un loco que quiere recobrar su democracia sin abonar lo que debe».

Vuelvo a pasear por mi patria y veo que ya no soy dueño del sol al que han puesto precio, ni del agua de los ríos que producen la electricidad, ni del viento que han apropiado en sus molinos unos poderosos empresarios, ni de los minerales que sirven para hacer mis herramientas, ni de la orilla del mar que ha sido puesta a disposición del ayuntamiento para recuperar la economía del ladrillo, ni de la salud que me administran a plazos tras pagar su precio cada mes, etc.

Todo eso era mi herencia cuando el Creador giró el interruptor de las estrellas, pero alguien pidió papel y pluma y empezó a distribuir lotes entre sus amistades para poner en marcha el progreso. Hablé de ello con un cura del PP, que mira de través al actual Pontífice, que me dijo: «La propiedad es sagrada, pero la vigila la Iglesia en sus encíclicas. Usted peca de populismo». Y me vendió de segunda mano un  ejemplar de la “Rerum novarum” a fin de que me ilustrara. Cada vez da menos de sí mi pensión.

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Fuente: Gara