Hemos sido testigos estos días en diferentes medios de comunicación de la terrible situación en la que se encuentran las temporeras de la fresa en Huelva, puesto que están sometidas a una explotación laboral y opresión sexual y racial que refleja un problema estructural de fondo que es necesario analizar. Lo que ocurre en Huelva con las trabajadoras inmigrantes temporeras no es una excepción, no se trata de un caso aislado, sino que es consecuencia de unos mecanismos legales, sociales y económicos, inmersos en el mercado laboral de los países capitalistas, que las empresas y los gobiernos utilizan para esclavizarlas.

La inmigración en España ha sido uno de los factores del crecimiento económico a lo largo de estos años. En la década de los 2000, durante el auge económico, fueron los trabajadores y la mano de obra de las mujeres quienes hicieron posible “el despegue español”. En estos años la economía española en crecimiento se apoyó entre otras cosas en la precarización de un sector de trabajadores, los inmigrantes. El trabajo precario y sumergido que durante aquellos años se comenzaba a desarrollar fue la base real del crecimiento económico español y del enriquecimiento de unos pocos. Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica del Gobierno en 2006, afirmaba que los trabajadores extranjeros han aportado el 50% del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de los últimos cinco años y un 30% al de la última década”. Tras esta afirmación se esconde el verdadero modelo liberal, en el que las condiciones laborales se devaluan al máximo y permiten un gran beneficio para los empresarios españoles.

Pero esta precarización de los sectores de inmigrantes no venía de la nada, se apoyaba en una legislación preparada por los distintos gobiernos que permitía un retroceso en las condiciones laborales de los inmigrantes. Es en este momento, en la década del 2000, cuando se crearon los "contratos en origen". Estos contratos permitían al gobierno regular la inmigración y garantizar a los empresarios que los trabajadores extranjeros fueran contratados desde sus países bajo unas “condiciones especiales”. La Ley Orgánica LO4/2000 de 11 de enero, aprobada bajo el gobierno de Zapatero, regulaba esta práctica, y los acuerdos entre el Gobierno español y distintos países la fomentaron.

En un periodo de crecimiento económico, con bajos niveles de desempleo, la patronal española requería de mecanismos que avanzaran en la precarización y explotación y que aplicaba a la población más vulnerable como era la inmigrante. Los trabajadores inmigrantes tienen una serie de cualidades desde la óptica del sistema capitalista y para la patronal (flexibilidad, movilidad, versatilidad, disponibilidad), lo que condujo en aquellos años a contratar mano de obra extranjera directamente “en origen” en países de América Latina, África o Europa del Este.

Con las contrataciones en origen la situación legal de la persona contratada quedaba en manos del empresario. En este sentido el chantaje a los trabajadores era y es absoluto. Siendo del empresario de quien depende la situación de legalidad se da una situación de dependencia total. Esto llevó a que, por ejemplo, la legislación incorporara aspectos como la exigencia de “compromiso” de permanencia en el puesto de trabajo por un periodo de tiempo, si no se respetaba por parte del trabajador, habría deportación. Sin duda esto devaluó las condiciones de estos trabajadores que quedaban literalmente atados a sus trabajos y se veían obligados a asumir condiciones de gran precarización.

Esta situación se agravó con la llegada de la crisis económica en 2008. Ahora las condiciones cada vez más precarias se generalizaban y se requería una devaluación mayor de las condiciones laborales ahí donde fuera posible. El marco legal existía desde hacía tiempo, pero el sistema avanzaba en la precarización. Las condiciones de las contrataciones en origen empeoraron aún más. En 2012 el Gobierno aprobó una orden que reducía a cero la contratación en origen de inmigrantes para trabajos “de carácter estable”. Así las contrataciones en origen ya estaban condicionadas a la inestabilidad.

Las administraciones además ayudaban a los empresarios a eligir “a la carta” las caracteristicas del contratado, para que sea más vulnerable y por lo tanto mucho más esclavizable. Los y las contratadas en origen hoy “a petición” de los empresarios provienen de las clases más desfavorecidas y se ocupan de los trabajos más precarios en España. Además, con la crisis económica que azota el país desde 2008, la mayor parte de los empleos se convierten en temporales lo que aumenta aún más la precariedad de los trabajadores. El efecto para la inmigración y para las contrataciones en origen es que la inmigración cíclica reemplaza a la inmigración permanente. Es lo que se conoce como migración selectiva circular con contrato en origen. Con ella los empresarios contratan solo por un tiempo determinado, el estrictamente requerido según la actividad, lo que permite un beneficio mucho mayor para el empresario.

Este es el caso de Huelva, provincia conocida a nivel mundial como una de las mayores productoras de fresas de Europa, hecho que se debe a su modelo de gestión de la mano de obra extranjera temporera por medio de los contratos en origen. Esta región, que anteriormente era una zona de emigración, se ha convertido en la actualidad en una zona de acogida temporal de los extranjeros que trabajan algunos meses en la recolección de la fresa.

El contrato en origen permite a los empresarios contratar colectivamente en los países de origen un cupo de trabajadores inmigrantes, en este caso la mayoría son mujeres, que tendrán autorización temporal de residencia y trabajo para el tiempo que dure el contrato. Después de finalizar, los trabajadores tendrían que volver a su país de origen como condición para volver a trabajar en la siguiente temporada. Se supone que este modelo intenta luchar contra la inmigración ilegal y clandestina creando una fuerza de trabajo utilizada en un periodo concreto, precaria y poco cualificada al mismo tiempo que asegura un modelo intensivo e insostenible de agricultura.

Además, lo que vemos es que se produce una feminización de estos trabajos temporales y precarios. En el caso de Huelva, entre los requisitos del contrato se pide ser mujer, originaria de un medio rural con experiencia en la agricultura, estar casada, viuda o divorciada y tener al menos un hijo menor de 14 años, es decir, tener ataduras que condicionen que regresen a su país de origen. La mayoría son mujeres sin recursos, de escasa formación y con cargas familiares. Debido a que no pueden optar a formalizar un contrato de trabajo, se las expone a condiciones precarias de empleo y a una alta fragmentación e inestabilidad de sus trayectorias laborales. Muchas de estas mujeres de origen marroquí y procedentes de entornos pobres de Marruecos viven en las fincas en las que trabajan y apartadas de los trabajadores de otras fincas o del pueblo. Además de denunciar con ayuda del SAT (Sindicato Andaluz de los Trabajadores) las precarias condiciones laborales en las que trabajan (jornadas de diez horas, no respetar el tiempo mínimo para la comida, los días libres o la paga por las horas extraordinarias, una vigilancia constante), también denunciaron los abusos sexuales y el intento de deportación por parte de las empresas tras la denuncia. El SAT declaró que los empresarios "se querían quitar de encima a las incómodas" devolviendo a su país apresuradamente y antes de que se terminara el contrato a las mujeres que quieren denunciar los abusos sexuales e incumplimiento en las condiciones laborales.

La situación de estas temporeras marroquíes que se revelaron contra los abusos patronales reabre multitud de debates y pone a la luz prácticas que, como la contratación en origen, generan el marco legal perfecto para que empresarios y caciques se enriquezcan a base de la devaluación de las condiciones laborales llevada a niveles brutales. Esta situación de abuso comienza a cuestionarse. Las jornaleras de Huelva ya han levantado la voz contra la impunidad que los empresarios hasta ahora tenían en esos campos.

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Fuente: Izquierda Diario