Cabe preguntarse si no queda otra opción, si de verdad la única solución pasa por privatizar la mayoría de las cajas para transformarlas en bancos, que ya no tendrán como objetivo prioritario la obra social. Es discutible que la única salida sea la que ayer el Gobierno anunció: que el Estado asuma las pérdidas de las cajas de ahorro más tocadas, las nacionalice y después –una vez saneadas, ya como bancos– las privatice, vendiéndolas al mejor postor (China ya quiere pujar).

Tal vez sea así, tal vez no nos quede otra. Tal vez el error sea precisamente haber tardado tanto en tomar esta decisión. No sabemos, sólo intuimos, cómo de maquillados están los balances reales de las cajas: las entidades financieras, al igual que los Papas, siempre mueren en perfectas condiciones de salud. ¿De qué vale que nuestras cajas pasasen los test de estrés si hasta la banca irlandesa aprobó?

 Pero lo que sí es evidente es que no hemos llegado hasta aquí sólo por mala suerte o casualidad. No todas las penurias de las cajas son achacables a la mala situación financiera internacional; para variar, alguien debería asumir alguna responsabilidad, porque la muerte de las cajas es un enorme robo a toda la sociedad. ¿Dónde estaba el Banco de España cuando las cajas se empezaron a entrampar en la evidente burbuja inmobiliaria? ¿Por qué ha tenido que ser Bruselas quien señale, hace unos meses, la mala gestión del supervisor? ¿A qué ha dedicado el último lustro el locuaz gobernador Fernández Ordóñez, al que sólo le ha faltado opinar sobre la titularidad de Benzema? ¿Piensan asumir alguna culpa los consejeros que han hundido las cajas por su mala gestión? ¿Y los partidos políticos que los nombraron? ¿Y los sindicatos y empresarios que también se sentaron en sus consejos de administración?