El que fuera fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, participó en la 'Cumbre para las personas' que organizó el colectivo del 15-M en su vuelta a la Puerta del Sol para protestar contra la reunión de líderes del G-20 de este fin de semana en Cannes.

 En la pasada Junta de accionistas del Grupo Santander se dieron a conocer los siguientes datos: durante los ejercicios 2006-2010, el Grupo obtuvo beneficios por valor de 42.656 millones de € y los Consejeros en dichos ejercicios fueron retribuidos en 1.200 millones de € y solo en 2010 en 225 millones de €. Es un ejemplo entre muchos de la rapiña de los capitalistas mientras el mundo de las clases populares y los países pobres su hunden en la miseria. 

"El beneficio es lo que cuenta". Era el título de un conjunto de reflexiones de N. Chomsky sobre el "neoliberalismo y el orden global". 

Reflexiones que tienen como objeto el análisis de la concentración del poder económico y cómo se sustrae al control del poder político, a consecuencia de un proceso que denomina de "minimización" del Estado. En definitiva, un dominio económico que se

traduce en cada vez mayores beneficios para las empresas con un coste social cada vez mayor en perjuicio de los trabajadores. 

La proclamación constitucional de que "la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" (artículo 38 CE) es el eje de nuestro sistema económico esta en el origen del actual estado de cosas. Pero es lo cierto que dicho planteamiento estaba sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales: la función social de la propiedad privada que "origina deberes para el propietario en función de intereses distintos y del interés público general", la subordinación de toda la riqueza del país al interés general, la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (artículo 131.1) y, finalmente, por imperativo del artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la efectiva y real igualdad de los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. 

Todas estas perspectivas han quedado anuladas y subordinadas a los intereses de los grandes poderes económicos y especialmente del poder financiero que acumulan la riqueza del país y disponen de ella en función de su afán insaciable de enriquecimiento hasta provocar, ellos y solo ellos, el crack de 2008 y sus dolorosas consecuencias para quienes nada tuvieron que ver con la crisis económica actual. 

En la medida en que el valor Justicia es, sobre todo, igualdad económica y social, una reflexión como esta debe partir de la realidad social de la comunidad internacional. Una comunidad donde ya es sabido que no van a cumplirse los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de NNUU para el Desarrollo, concretamente reducir para 2015 la pobreza extrema a la mitad. 

Porque ese objetivo es inalcanzable mientras se mantenga, como decía un ilustre Profesor "un "norte" rico, armado y muy minoritario poblacionalmente frente a un "sur" de hambre, carencia de medios y que incluye a la inmensa mayoría de la población mundial". 

En este contexto tan difícil, debe plantearse el efectivo reconocimiento de los "derechos económicos, sociales y culturales" que persiguen alcanzar una sociedad más igualitaria, mucho más allá de los límites actuales. 

Especialmente, cuando el Estado o la Administración competente incumplen muchas veces el deber prestacional que les imponen la Constitución y las Leyes en materia de derechos sociales como los derechos al trabajo, a la vivienda, a la salud, a prestaciones asistenciales, etc., derechos que constitucionalmente están desprotegidos frente a los intereses financieros que imponen una reforma constitucional que, frente a lo que se expone en la motivación, va a arruinar la prosperidad presente y futura de trabajadores y trabajadoras. Porque, frente a quienes sostienen que dichos derechos no son mas que "directrices al legislador" y que su satisfacción dependerá de las "disponibilidades financieras" de los poderes públicos, es necesario afirmar su condición de derechos individuales y universales y, por tanto, fundamentales. 

La satisfacción de los mismos exige los siguientes objetivos: 

– Exigir de los Estados mayores controles de la economía de mercado particularmente de los movimientos económicos especulativos, es decir, Banca privada, cuentas de corresponsalía, paraísos fiscales, actividad en éstos de las filiales de la Banca y Cajas de Ahorro, etc. 

– Exigir una institucionalización de los sistemas de protección social –sanidad, educación, ocio, cultura, etc. 

– Exigir una redistribución de la renta a través de un sistema fiscal progresivo y de un incremento del gasto público. 

- Y exigir un mínimo vital. 

Hoy, ante el creciente endurecimiento de la política económica, los derechos sociales son la base de legitimidad pública, de la condición de ciudadanos. 

Ciudadanos empobrecidos y marginados, son ciudadanos excluidos de la participación política activa, falseándose los presupuestos y fines de la democracia, que se constituye en un aparato al servicio del poder económico como esta comprobándose a diario bajo las directrices de la clase política europea subordinada a dicho poder. 

Son muchos los obstáculos que encontramos para superar esta crisis tan profunda y perjudicial para la mayoría. 

Los paraísos fiscales son uno de ellos y muy importantes. Ellos "pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica", acordó el Parlamento Europeo en Abril de 2010.Con la rotunda oposición del Partido Popular Europeo que definía así muy bien su alianza con los capitalistas, principales protagonistas en esos llamados, paradójicamente, paraísos, que ciertamente lo son para sus usuarios habituales. La consecuencia de dicho acuerdo fue su flagrante incumplimiento. 

La razón es bien sencilla. 

En 1997, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea mantuvo que Las Islas Caimán eran el octavo centro financiero del mundo —incluso por encima de Suiza— con depósitos y pasivos por importe de 461. 000 millones de dólares. 

El BBV, desde 1987 hasta que fueron descubiertos a principios de 2000, mantuvo cuentas ocultas en la Isla de Jersey por un importe de más de 6. 000 millones de euros, todas de titularidad no acreditada pese a la investigación penal y los requerimientos judiciales que se hicieron. Por cierto, el Juez de la Audiencia Nacional rechazó proseguir el proceso alegando el principio de "intervención mínima" del Derecho penal.

Intervención que no se excluye para la delincuencia económica menor, como serían los "carteristas", porque los Jueces, mayoritariamente, optan por la benevolencia ante la delincuencia financiera. 

El Parlamento Europeo, con motivo de aquella Declaración, admitió que "la riqueza embalsada en los paraísos ronda los 10 billones de euros" (1) 

Y, mas recientemente, el Juzgado Central nº 4 ha abierto un procedimiento penal contra el grupo familiar Botín, uno de los principales asesores del Gobierno, por un presunto fraude fiscal cometido a través de cuentas abiertas en el HSBC Private Bank Suisse, lo que se conoció por una denuncia de las Autoridades fiscales francesas. ¡Estos son los que asesoraban al Gobierno sobre las medidas a tomar ante la crisis! 

Los paraísos fiscales son el espacio de la economía capitalista más libre de toda clase de normas y leyes, allí donde se cumple a la perfección, como decía Wacquant, la reducción del Estado al "mínimo" imaginable. Eso sí, con el conocimiento y complicidad de los Estados que controlan aquellos territorios y consciente pasividad de la comunidad internacional. 

Es evidente la relación de dichos territorios con el fraude fiscal anual denunciado por los Inspectores de Hacienda en Octubre de 2009 de 70. 000 millones de euros.

El actual sistema económico neoliberal vigente en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, que favorece la total libertad de movimientos de los capitales y, sin embargo, camina hacia una política de menos impuestos, menos servicios públicos y menos Estado, ha originado un movimiento sin control, a lo largo y ancho del planeta, de una gran masa financiera que elude toda contribución social y sólo persigue ver incrementados sus beneficios de forma ilimitada. 

La trascendencia de estos acontecimientos para el sistema económico internacional es notoria en la medida en que están contribuyendo al agrandamiento de la brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados y al desmantelamiento del Estado Social en los países desarrollados. 

La liberalización del mercado de capitales ha facilitado la salida de capitales nacionales sin que sea posible distinguir entre aquellos que se han querido situar fuera del control fiscal de aquellos otros que han sido originados en actividades ilegales . Es decir, la desregulación de los mercados financieros es un instrumento más que idóneo para la comisión de fraudes fiscales y de blanqueo de capitales. 

En la medida en que el desarrollo de los pueblos muestra una relación directamente proporcional con los recursos de sus respectivos Estados, se pone de manifiesto la necesidad de arbitrar a nivel internacional un conjunto de medidas fiscales tendentes a mejorar la distribución de la renta global. Estas medidas deben pasar necesariamente por la armonización de las figuras impositivas que gravan las distintas fuentes de renta, con especial atención a las rentas del capital, por la eliminación del secreto bancario y por la desaparición de los paraísos fiscales como territorios de baja o nula tributación. 

"Abundancia e injusticia han sido los rasgos salientes del siglo XX. En los últimos cuarenta años el PIB mundial se duplicó mientras se triplicaba la desigualdad económica entre el centro y la periferia del planeta. El 25% de los más ricos consumen el 80% de los recursos disponibles, mientras casi 2. 000 millones de personas subsisten con menos de 2 dólares diarios", decía el Presidente Lula en enero de 2005. 

Es sabido que filiales de entidades bancarias españolas domiciliadas en paraísos fiscales ofrecen a clientes residentes en territorio español estructuras constituidas por entidades domiciliadas en diversas jurisdicciones offshore y onshore aptas para deslocalizar rentas y patrimonios generados en España, a partir de la confidencialidad que se brinda al cliente respecto a la identidad del usuario de tal estructura. La adquisición de los llamados productos fiduciarios offshore permite ocultar la identidad de quien percibe una renta, posee un patrimonio, realiza entregas de bienes, prestaciones de servicios o adquisiciones patrimoniales u obtiene incrementos de patrimonio a título lucrativo, y permite, por tanto, la elusión de los impuestos españoles que gravan esos hechos imponibles. 

La actividad bancaria, en alguna de sus manifestaciones, constituye un factor de riesgo para la comisión de actos delictivos.

Entre otras, pueden referirse la "correspondent banking", la banca privada, la banca on-line, las cuentas internas del propio banco, las cuentas bancarias temporales, las "cuentas escoba", las cuentas anónimas, las numeradas y las sociedades filiales de la entidad matriz en el extranjero y, en particular, en jurisdicciones offshore. Otro obstáculo importante para la investigación y la cooperación internacional frente a la delincuencia económica es el secreto bancario que impide acceder al conocimiento de los movimientos de las cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y otras operaciones activas y pasivas, así como el origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago. 

Sin embargo, algunos tímidos avances se han producido. La Convención de NNUU sobre la criminalidad organizada establece que "los Estados parte no invocarán el secreto bancario para negar la asistencia judicial recíproca". Y en el ámbito europeo, el Protocolo de 2001 se dice que "ningún Estado miembro invocará el secreto bancario para rechazar una cooperación relativa a una solicitud de asistencia policial de otro Estado miembro". 

En los propios Acuerdos de Schengen se proclamaba la voluntad de las Partes "de reforzar la cooperación entre sus autoridades aduaneras y policiales, en especial en la lucha contra la criminalidad, contra el fraude fiscal y el contrabando", haciéndose una mención explícita a la asistencia mutua contra los "movimientos irregulares de capitales", movimientos nunca definidos y prácticamente nunca investigados. 

Pero, en todo caso, las dificultades siguen presentes. Así se desprende con toda evidencia de la Directiva comunitaria 2003/48/CE, de 3 de junio de 2003, sobre fiscalidad del ahorro. Constata que son frecuentes los casos de residentes que consiguen eludir toda tributación en su Estado de residencia por los intereses percibidos en un Estado distinto al de su residencia. Reconoce que estos movimientos de capital originan "distorsiones que son incompatibles con el mercado interior". Y admite que "mientras Estados Unidos, Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y los territorios dependientes y asociados pertinentes a los Estados miembros (2) no apliquen todos medidas equivalentes o idénticas a las previstas en la presente Directiva, la fuga de capitales hacia dichos países y territorios podría hacer peligrar el logro de sus objetivos". 

El centro offshore, desde un punto de vista estrictamente económico, podría entenderse cómo la jurisdicción o territorio que ofrece servicios financieros a clientes cuya actividad principal tiene lugar en otra jurisdicción (es decir offshore). 

Los centros offshore se definen por diversos criterios, dos de ellos de significación económica pero muy significativa: la ratio entre sociedades constituidas y población residente y la ratio entre depósitos de residentes y de no residentes. Los datos disponibles indican que la población residente en dichos territorios, con escasos miles de habitantes, y las características de su economía local en modo alguno podrían generar la actividad financiera que allí se produce, lo que expresa un grave desequilibrio, es decir movimientos de capitales, que de forma importante solo pueden ser fruto de la evasión fiscal y del blanqueo de dinero. (3) 

Máxime cuando, según datos suministrados por la Declaración de Berna, "las transacciones financieras de cerca de la mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales". 

Como decía el que fuera fiscal de Ginebra, Bernard Bertossa, "El fraude cometido por algunos ciudadanos no es neutro para los demás contribuyentes. El fraude fiscal determina, por un efecto puramente mecánico, que el importe defraudado tenga que ser soportado por los contribuyentes 'honrados'...". En efecto, los fondos depositados o remansados en los paraísos fiscales, con un tratamiento fiscal tan favorable, escapan a la economía real de los países de donde proceden, y, por tanto, son sustraídos a la aplicación de políticas sociales perjudicando a las medidas a favor del trabajo, la sanidad, la educación y la protección social. 

El problema es de tal alcance que mereció la atención de la OCDE. En 1998 publica un amplio Informe sobre "La competencia fiscal nociva". 

"Tal competencia fiscal nociva disminuye en bienestar global y vulnera la confianza de los contribuyentes en la integridad de los sistemas fiscales". 

Ante este retroceso generalizado frente a la realidad indiscutible de los paraísos fiscales, como refugio seguro del dinero ilícito, el Gobierno español ha mostrado una preocupante debilidad y hasta complicidad con esa realidad. 

Para superar dichas insuficiencias, DEBEMOS EXIGIR que la banca abandone toda actividad en dicho territorio y mientras tanto, que el Gobierno y el Banco de España adopten ya las siguientes medidas: 

a) Establecer que la autoridad monetaria, como requisito previo para autorizar una entidad de crédito, para operar a través de una filial en un paraíso fiscal exija a la entidad matriz: 

a. 1) que facilite los justificantes y antecedentes relativos a la documentación contable de dichas filiales. 

a. 2) que suministre a la autoridad tributaria información con trascendencia fiscal de las operaciones realizadas por residentes en territorio español por medio de la filial, así como las llevadas a cabo por los derechohabientes residentes en dicho territorio de entidades constituidas de acuerdo con el derecho del paraíso fiscal que realicen operaciones con la filial del banco español. 

b) Establecer el deber de suministrar la identidad de los clientes que hayan constituido, con su intervención o mediación, bajo titularidad directa o fiduciaria, entidades domiciliadas en un paraíso fiscal. 

c) La obligación de suministrar la identidad de los clientes que hayan adquirido, con titularidad directa o fiduciaria, productos comercializados a través de sus filiales en paraísos fiscales, con origen y/o destino, directo o indirecto, en cuentas abiertas en España d) la obligación de suministrar la identidad de quienes hayan cobrado o ingresado fondos por importe igual o superior a 3.000 euros en cuentas de corresponsal abiertas en España de las filiales radicadas en aquellos territorios. 

Ciertamente, se produjo una moderada reacción del Banco de España de efectos prácticamente nulos. En la Memoria de supervisión bancaria de 2004, correspondiente a 2003, llama la atención sobre la expansión internacional de la banca a través de los "establecimientos offshore". 

El Banco de España admite la realidad de los paraísos fiscales como espacio de la actividad bancaria. Pero no solo los admite sino que reconoce oficialmente la presencia de la banca española en los mismos. En el documento, que no contiene referencia alguna al marco legal aplicable, continua sin plantear una reforma legal para garantizar el control de esa actividad bancaria. Sin embargo, reconoce el problema como grave en cuanto puede afectar a los "posibles riesgos de reputación" de las entidades por su actuación en los "centros financieros offshore". 

En todo caso, resulta inadmisible que la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña y los Estados europeos ya mencionados, mantengan el principio de la disparidad fiscal y toleren y acepten los paraísos fiscales, fuente de injusticias y de desigualdades, mediante un ejercicio abusivo y perverso del principio de soberanía cuando están en juego, como es el caso, principios básicos de la convivencia internacional. Máxime, desoyendo llamadas constantes de colectivos académicos y jurisdiccionales contra los paraísos fiscales como L'appel de Génève (octubre de 1996), la Declaración de París (junio de 2003). (4) 

El desarrollo por el Gobierno de la Directiva europea sobre la fiscalidad del ahorro no ha podido tener consecuencias mas funestas. Significó el comienzo de la aceptación por el Gobierno español de la gravísima realidad de los paraísos fiscales. 

En efecto el Gobierno celebró diez Tratados Internacionales —con la denominación de Canjes de Nota— con otros tantos paraísos fiscales para la puesta en marcha de aquella Directiva el 1 de Julio de 2005. Los Canjes de Nota se han producido entre le Gobierno español y Holanda, en representación de las Islas Aruba y las Antillas holandesas, con el Reino Unido, en representación de las Islas Caimán, Islas Vírgenes británicas, Anguila, Montserrat y las Islas Turcas y Caico y directamente con las autoridades de Jersey, Guernsey y Man. Finalmente, para un objetivo de escasa relevancia fiscal en cuanto solo afecta apersonas físicas y para operaciones muy limitadas. 

Llama la atención que el Estado español celebre Tratados con territorios que según el ordenamiento nacional —R. D. 1080/91— están incluidos en una lista negra en calidad de paraísos fiscales, sospechosos, por tanto, de servir de cobertura al fraude fiscal internacional. 

Los paraísos fiscales subsisten como única expresión y a la vez baluarte de los negocios ocultos, del dinero sucio, de un secretismo que impide saber si los flujos económicos que protegen proceden del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de armas o de la fraudulenta evasión fiscal. En definitiva, "los flujos de evasión fiscal son, por lo común, los mismo flujos que emplean las organizaciones criminales para disimular los beneficios de su tráfico". 

Recientemente, el Congreso de Diputados, "en respuesta a las demandas de la ciudadanía"5, el 12 de Julio de este año ha aprobado instar al Gobierno —ya veremos cual será— a "continuar reforzando la lucha contra el fraude fiscal y a respaldar, de manera coordinada con la comunidad internacional..., la supresión de los paraísos fiscales...". Concurren razones muy sólidas para un absoluto escepticismo, que justifica mantener la denuncia y el combate democrático contra esa lacra y sus responsables.

Porque es completamente rechazable y condenable que los Estados más fuertes del mundo, de formalidades democráticas, mantengan espacios como los paraísos fiscales que son gobernados y prestan servicios económicos desde la más completa

opacidad, ausencia de tributación y total impunidad, lo que permite su calificación como delictivos. Concluyendo, deben ser denunciados y perseguidos ante todas las instancias como parte sustancial de la delincuencia financiera. Porque favorecen fraudulentamente a los más poderosos en directo perjuicio de las clases y pueblos más marginados y pobres que, además, carecen de capacidad de reacción ante dichos poderes. Es una razón más que justifica vuestra presencia-el 15-M- y vuestras exigencias ante tanta flagrante injusticia.

Carlos Jiménez Villarejo.

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1 "La Eurocámara exige una acción más enérgica contra los paraísos fiscales". El País. Lunes 5 de abril de 2010. Economía 20.

2 "Islas del Canal, Isla de Man y los territorios dependientes o asociados del Caribe".

3 Gibraltar, con 4, 5 kilómetros cuadrados tiene registradas del orden de 100.000 sociedades, (Paraísos fiscales y blanqueo de dinero, J. Estefania. El País, 1 de mayo de 2005).

En las Islas anglonormandas del Canal, el capital depositado se aproxima al PIB del Reino Unido (Le Monde, 21 de noviembre de 1998).

La cuantía total de los activos acumulados en los paraísos fiscales asciende a la del PIB de Estados Unidos, según el Informe de la "Misión de información sobre los obstáculos al control y la represión de la delincuencia financiera y del blanqueo de capitales en Europa", de los parlamentarios franceses Arnaud Montebourg y Vincent Peillon.

El Banco suizo UBS gestiona los patrimonios de 250.000 clientes acaudalados. Informe "Islas Caimán, el tesoro negro español", El País, 29 de julio de 2001.