El anunciado incumplimiento del déficit público en el año 2015, que del  programado 4,2% del PIB ha resultado ser del 5,2%, tiene en términos cuantitativos una importancia menor si se tienen en cuenta las inmensas cifras que alcanza el endeudamiento del país.  Una desviación de unos 10.000 millones de euros,  comparados con el más del billón de euros que ya alcanza ya la deuda pública española, o los 1,8 billones de euros de la deuda externa del conjunto del país, no se puede decir que sean insignificantes, pero dejan intactos los problemas derivados de la acumulación de déficits en el pasado que se van traduciendo en un avance de la deuda. Ahora bien, desde el punto de vista político,  la noticia tiene un significado trascendente en unos momentos de gran confusión política y de toma de posición de los partidos cuando negocian un casi imposible gobierno.

Habría que extender un manto de duda, desde luego, sobre cuál fue s la magnitud real del déficit público el año pasado, considerando la fácil manipulación y ocultamiento de las cifras y el gran número de instituciones que incluyen las Administraciones Publicas.  Como cabe prever, será inevitable en el futuro referirse a la herencia recibida, será entonces cuando emergerán las cifras auténticas del déficit público actual, por no considerar que basta con que se degraden las infraestructuras y los servicios de un país y se dejen de acometer gastos necesarios para que el déficit no resulte afectado.

Lo primero que pone de manifiesto el incumplimiento del déficit es la contradicción que encierra la política de austeridad por cuanto los intentos de reducción de ese déficit llevan acarreado un deterioro económico que entre otros efectos disminuye la recaudación impositiva. Es como perseguir la propia sombra: más austeridad no implica disminuir el déficit por una cuantía determinada sino que tiende a tener un impacto menor por la caída de impuestos y algunos aumentos de gastos ineludibles comprometidos con derechos de los ciudadanos.

Con más perspectiva, el aumento del déficit público, desmentido hasta última hora por el gobierno del PP con la misma desfachatez con que niega la corrupción, así como su nivel actual, por encima de las muchas proyecciones programadas en el pasado para cumplir el pacto de estabilidad con la Comisión europea, revelan el gran fracaso de la política de austeridad, impulsada e impuesta por la Troika y tan dócilmente aceptada por los gobiernos españoles de los últimos tiempos. En la última legislatura por el PP y en la anterior por el PSOE, cuando el BCE impuso un cambio de política en el 2010 que llegó a traducirse en la reforma del artículo 135 de la constitución.

Casi nos acercamos a una década de crisis con la austeridad como gran aportación teórica y base de la política seguida,  y es con ella con la que se pretenden afrontar los años próximos. El PP, no se cansa de repetir que hay que profundizar en las reformas del pasado, queriendo decir que deben seguir los recortes y degradación de los derechos sociales. Las demás fuerzas políticas disimulan lo que pueden ante la siniestras perspectivas que tienen ante sí, jugando perversamente a no querer enterarse que la guadaña de la Troika espera pacientemente a la formación de un gobierno al que exigirle un endurecimiento de la política de austeridad.

Sin embargo, ese incremento del déficit público en 2015 va a tener la virtud de desenmascarar la irresponsabilidad en la que están sumidas todas las fuerzas políticas de la izquierda,  que pretenden hacer caso omiso de la realidad y las presiones anunciadas de la Troika.

De repente, todo ha saltado por los aires, y las propuestas de una política económica más activa y socialmente más avanzada quedan derruidas, ilusorias, convertidas en papel mojado ante el hecho de que las exigencias de la Troika sobre el nivel de los recortes necesarios se han duplicado de la noche a la mañana. Y aunque la capacidad de mirar para otro lado de todos los políticos es colosal, el crudo escenario de que serán necesarios introducir recortes por más de 20.000 millones de euros inmediatamente cualquiera que sea el gobierno que finalmente se forme, deja desnudos todos los programas que con tan buena voluntad pero con tanta incompetencia política se han lanzado en los meses interminables de estas elecciones inconclusas.

El PSOE calla pero ya ha recurrido a la “herencia recibida” para justificar cualquier política si llega a gobernar. Podemos, según su última interpretación de que la política consiste en ceder, ya ha rebajado su inexplicada política keynesiana de 96.000 a 60.000 millones de euros, aunque tanto una cifra como otra son cartas infantiles a los reyes, cargadas de buenos deseos pero inviables. Izquierda unida, o Garzón si se quiere,  por ser más preciso en estos momentos de debate previos a su próxima asamblea federal, saca pecho y se atreve a decir que ya, si es preciso, hay que rebelarse contra la Troika, emulando al fracasado Tsipras, y como si el caso de  Grecia no hubiera ocurrido y no hubiese acabado con una claudicación del gobierno de consecuencias pavorosas.

Llegados a este punto y ante la vesánica situación política y social del país,  sólo me cabe confirmar mis respaldo pleno a la declaración presentada por Julio Anguita y otros compañeros de la dirección de IU sobre la cuestión de Europa, que deja claro que la única oportunidad existente para salir del atolladero histórico en que se ha sumergido la sociedad es que: “los problemas económicos y sociales de la sociedad española sólo pueden ser afrontados y tener solución si se admite que es necesario recuperar la soberanía popular y, en consecuencia, romper con el yugo de la unión monetaria, los requerimientos de las instituciones europeas y los pactos por la austeridad”.

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Fuente: Socialismo 21