Pueden existir pocas dudas de que la causa del descalabro que en los últimos ocho años ha sufrido la economía y, por tanto, la sociedad española, se encuentra en el comportamiento irresponsable de los administradores de las entidades financieras durante la etapa anterior. No obstante, hay una versión bastante extendida e interesada en hacer ver que la culpabilidad solo atañe a las cajas de ahorros. Versión falsa y parcial porque una cosa es que haya sido principalmente en las cajas de ahorros donde se han producido las quiebras e intervenciones estatales y otra muy distinta que no haya sido todo el sector financiero el que ha actuado de forma imprudente e incompetente.

Los defensores de esta versión aprovechan para arremeter contra lo público y ensalzar lo privado, pero olvidan que, dada la normativa que regía en las cajas de ahorros, estas entidades tenían muy poco de públicas. El tema de las cajas de ahorros merece un artículo completo que prometo abordar en otra ocasión, pero hoy quiero dedicar mis comentarios a señalar cómo han sido todas las entidades financieras las que se han visto implicadas en la crisis y que todas ellas también las que con sus múltiples errores han puesto a la economía española contra la cuerdas. Y, además, con especial atención a un tema que está pasando -no de forma inocente- desapercibido, pero que puede tener graves consecuencias para el futuro: los créditos fiscales diferidos y su aval por parte del Estado.

Todos los bancos han sufrido numerosas e ingentes pérdidas, resultado de las equivocaciones cometidas por sus gestores, financiando proyectos demenciales y ruinosos, en la creencia ingenua de que el valor de las casas y los terrenos se iba a incrementar indefinidamente. Personas tan listas y tan bien pagadas cometieron errores de bulto, lo que parece un escenario ciertamente recurrente en nuestro país, en el que nos vemos condenados a enfrentarnos periódicamente a una crisis bancaria. Los recursos los habían obtenido de los banqueros extranjeros, personas también tanto más listas y bien pagadas, que, confiados en la ausencia del riesgo de cambio, al estar todos integrados en la Unión Monetaria, se olvidaron del riesgo de insolvencia. Bien es verdad que los riesgos y los errores se asumen con alegría, si se piensa que, como siempre, los que pagan son los contribuyentes.

Al estallar la crisis de las hipotecas subprime y cerrarse el grifo de la financiación exterior, los bancos nacionales se precipitaron en una crisis de liquidez que, como toda crisis de liquidez, se convierte en crisis de insolvencia cuando los activos no se pueden realizar y se deslizan por una pendiente progresiva de pérdida de valor. A pesar de los discursos bobalicones tanto del Gobierno de Zapatero como del gobernador del Banco de España acerca de que nuestros bancos eran los más sanos de Europa, lo cierto es que sus balances se fueron llenando de activos tóxicos, con la secuela del estrangulamiento del crédito, precipitando a la economía al estancamiento y más tarde a la recesión. La recaudación tributaria cayó en picado y el déficit público se incrementó sustancialmente. He aquí el primer perjuicio que las entidades financieras (todas) causaron a la sociedad española: impedir el crecimiento y cortocircuitar la actividad económica. El daño fue tanto mayor cuanto que los banqueros, las autoridades monetarias y el Gobierno se empeñaron en no reconocer la situación.

Tuvieron que pasar varios años para que poco a poco se fuesen contabilizando las pérdidas y dotando provisiones o para que se traspasase parte de los activos tóxicos al banco malo (Sareb) después de que este fuese creado, con una participación estatal del 45% y el aval del Estado al 95% de la deuda sénior. De manera que en el caso de que se produzcan pérdidas -que las habrá y abundantes-, el sector público tendrá que asumirlas en su mayoría.

Todo esto es bastante conocido, aunque no está de más recordarlo. Lo que permanece más bien oculto a la mayoría de los ciudadanos es que el Estado ha avalado los créditos fiscales diferidos de las entidades financieras, es decir, ha asegurado las futuras insolvencias que puedan presentarse en la banca española para los restos. Esos bancos tan sanos que se permiten fijar retribuciones fabulosas y fondos de pensiones astronómicos a sus directivos precisan del aval del Estado para cumplir el coeficiente de solvencia fijado por Basilea III.

Se da el nombre de activos fiscales diferidos (DTA) a las expectativas que las entidades tienen de poder deducir de sus futuros impuestos determinadas cantidades provenientes bien de determinados gastos futuros pero ciertos, como son las pensiones complementarias de sus empleados (ya que a los bancos se les ha eximido de tener que externalizarlas como fondos de pensiones); bien de posibles pérdidas que, aunque provisionadas, aún no se han realizado o bien de pérdidas ciertas que no han podido deducirse en el año correspondiente por carecer de beneficios con los que compensarlas, y que según la normativa española podrán hacerlo si presentan resultados positivos en los dieciocho años siguientes.

Las entidades financieras anotan en sus balances los DTA como un activo, que computa por lo tanto como capital. En estos momentos, cerca del 40% de los fondos propios a efectos de solvencia de las entidades financieras estarían compuestos por término medio por esta partida (más de 60.000 millones de euros). ¿Es esto lógico? ¿Podemos basar la solvencia de un banco en las cantidades que piensan deducirse de futuros impuestos en el caso de que obtengan beneficios? Lo increíble es que este haya sido el criterio internacional vigente hasta la nueva normativa de Basilea III, que con lógica excluye estas partidas de las que se contabilizan en el coeficiente de solvencia. Este cambio dejaba a la banca española en una situación sumamente delicada, con la obligación de buscar capital adicional, lo que sería imposible en la mayoría de los casos en estos momentos.

Una vez más, ha sido papá Estado el que con dinero público ha venido a paliar la situación, avalando los DTA (de los tres grupos señalados anteriormente, por el momento ha avalado solo los dos primeros). A pesar de que Guindos estimó la cuantía en 30.000 millones de euros, lo cierto es que de los propios balances de la banca se extrae por ahora una cifra superior a los 40.000 millones, de los que alrededor de 5.400 pertenecen al Santander, más de 5.000 a la Caixa, 4.800 al Sabadell, 4.400 al BBVA, etc.

La consecuencia más inmediata del aval es que el Estado se ha convertido, si no en teoría sí en la práctica, en el mayor accionista de toda la banca española. No en teoría porque no participa de los hipotéticos beneficios ni del control sobre la entidad; sí en la práctica porque, junto con el resto de accionistas, responde de cualquier insolvencia o pérdida frente a los acreedores. El Gobierno garantiza con dinero público cualquier crisis bancaria (que son frecuente en España) que pueda acontecer en el futuro, al menos durante dieciocho años, aunque todo indica que el periodo tendrá que ser incluso más largo, librando a los acreedores de cualquier responsabilidad. Situación que resulta al menos curiosa cuando el planteamiento europeo desde la crisis de Chipre era precisamente el contrario, no hacer recaer en el futuro el coste sobre los contribuyentes y sí sobre los acreedores. Curiosa porque las únicas objeciones que ha puesto la Comisión a esta medida provienen del posible daño a las reglas de la competencia, motivo por el que gobierno no se ha incluido en el lote los DTA del tercer grupo.

El aval se ha concedido sin contrapartida. Hasta el FMI había recomendado que a cambio de ese balón de oxígeno se impusiesen obligaciones a los bancos, tales como reforzar por sus propios medios el capital, reducir el dividendo o conceder un montante mayor de crédito a las empresas y familias. O limitar el sueldo de los directivos, diríamos nosotros, o incluso intervenir activamente en la gestión y el control, porque lo más preocupante es que tal patente de corso puede empujar a los banqueros a una asunción mayor de riesgo, o a una administración imprudente o desleal en la creencia cierta de que la entidad no va a ser liquidada.

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Fuente: martinseco.es