Consumidores en Acción pide al Gobierno que acabe con la trampa legal que están utilizando algunas entidades financieras para quedarse con viviendas de familias desahuciadas a menor precio. Cuando les interesa, determinadas estas cajas y bancos se apropian de inmuebles por sólo el 50% del valor de tasación utilizando a una filial que puje por debajo en la subasta. 

El Ejecutivo socialista aprobó hace un año el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, que elevó hasta el 60% del valor de tasación reconocido en la escritura el precio mínimo por el que los bancos, ante el impago de la hipoteca, pueden adjudicarse las viviendas que salen a subasta pública si ésta queda desierta. 

FACUA considera que el porcentaje no deja de ser ridículo para beneficio de la banca, aunque antes era todavía más bajo, el 50%. 

La cuestión es que si en lugar de quedar desierta alguien puja en la subasta, el banco se queda con la vivienda con sólo mejorar la oferta alcanzando el 50% del valor de tasación. 

Así que, si a la entidad le interesa quedarse con el piso, hace que una filial lance una oferta, con el fin de lograr su objetivo. 

Es el resquicio legal que ha encontrado la banca para saltarse la reforma del artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducida por el citado Real Decreto-ley, que permite al ejecutante de la hipoteca quedarse con el bien subastado por el 50% más un céntimo, siempre que mejore la oferta de otro aspirante. Un aspirante que en estos casos en realidad es el mismo banco bajo otra personalidad jurídica. 

Por eso, FACUA reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que proteja los intereses de las familias desahuciadas introduciendo, entre otras medidas, un cambio en la norma aprobada el año pasado para que el valor mínimo por el que se adjudiquen los bancos las viviendas sea el mismo haya o no ofertas en las subastas. 

Valor que, además, debería ser muy superior al 60%, ya que éste deja a los usuarios en una grave situación de inferioridad frente a las entidades financieras. Y es que en muchísimos casos les exigen además que sigan pagando cantidades adicionales más allá de las costas que les haya supuesto la ejecución hipotecaria, argumentando que la cantidad por la que se adjudica la vivienda es muy inferior a la deuda pendiente.

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Fuente: Crónica de Aragón