Madrid, 6 de Septiembre. Contra la modificación constitucional.Manifiesto: Imprimir
Opinión / Actualidad - Política
Escrito por CCOO, UGT...   
Martes, 06 de Septiembre de 2011 04:07

6 de Septiembre[Intervención de cierre de la manifestación de Madrid del 6 de septiembre de 2011]

Ciudadanas y ciudadanos de Madrid,

Muchas gracias por vuestra masiva asistencia. En nombre de las … organizaciones convocantes de esta gran manifestación quisiera comentar los motivos que nos han llevado a reunirnos aquí. Se podrían resumir en dos cortas frases: “ASÍ NO”, y, también, “ESTO NO”

¿Por qué decimos “así no”?

 

Porque resulta intolerable para la calidad de la democracia española que una reforma de tanta trascendencia sea definitivamente aprobada tan sólo quince días después de que el Presidente del Gobierno la anunciara en el Congreso, sin conocimiento previo ni debate alguno. Y, además, lo que es más grave, se haga hurtando a la ciudadanía la posibilidad de pronunciarse sobre la misma en referendum. ¿Cómo es posible que hayan olvidado tan pronto sus declaraciones públicas, sobre la necesidad de aumentar la transparencia de las conductas políticas y la participación de la ciudadanía, realizadas en respuesta a las justificadas protestas sociales de los últimos meses?

Decimos “así no” porque las razones que se aducen para proceder de esta manera representan un grave atentado a la soberanía popular y al prestigio de las instituciones democráticas. Volvemos a escuchar, una vez más, que se hace “para ganar la confianza de los mercados”. ¿Quiénes son “esos mercados” que condicionan tan decisivamente nuestro presente y nuestro futuro? Sabemos que quienes los siguen manejando son los especuladores y las entidades financieras, los mismos que propiciaron la larga y profunda crisis económica que padecemos, que tanto empobrecimiento, hambre, desigualdad, inseguridad y dolor están produciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo. Los siguen manejando porque los gobiernos de los principales países del mundo han incumplido todos los compromisos formulados en sus cumbres multilaterales para regular los mercados financieros y, así, poder gobernarlos en función del interés general. Si las instituciones democráticas tienen que seguir sometiendo sus decisiones más importantes a los designios, reales o supuestos, de unas fuerzas tan oscuras e irracionales, que sólo se mueven para obtener beneficios particulares, el deterioro de las mismas será irreversible. ¿Cómo es posible que se argumente así, en sede parlamentaria, para justificar la reforma constitucional?

Si, como parece evidente, los interpretes políticos de tales designios son, ahora, el Banco Central Europeo y los líderes de los gobiernos de Alemania y Francia, como lo han sido en otros momentos el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, nos parece que someterse a ellos de esta manera representa también un grave ataque a la soberanía democrática del pueblos español. Ningún precepto del Tratado de la Unión Europea, ninguna decisión vinculante de los órganos de gobierno de la Unión Europea establece que deba incluirse la llamada “regla de oro del déficit cero” en las constituciones de los países miembros. Quieren que se proceda así los políticos europeos que más responsabilidad tienen en la desastrosa gestión de la crisis de las deudas soberanas que comenzó en Grecia a finales de 2009 y que todavía sigue abierta. En lugar de permitir que se adopten de una vez las medidas que podrían resolver la crisis de las deudas soberanas, que existen y son conocidas, prescriben reformas constitucionales que no van a contribuir en nada a la solución de tan urgente problema.

Hay que decir “así, no” porque el proyecto de reforma constitucional que aprobó el pasado viernes el Congreso de los Diputados certifica la ruptura del consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de la Constitución Española de 1978. Por la forma y, también, por el fondo: esta reforma tiene un signo ideológico tan marcadamente conservador que la hacen incompatible con las bases sobre las que se fundó el consenso constitucional. Después de haber estado postergando durante más de tres décadas reformas de la Constitución sin duda más necesarias e, incluso, algunas de ellas, más fáciles de consensuar, argumentando que cualquier reforma debía hacerse con sumo cuidado y máximo consenso, resulta incomprensible e inaceptable que los grupos parlamentarios de los dos principales partidos, PSOE Y PP, quieran aprobar ésta por un procedimiento de máxima urgencia que impide cualquier tipo de debate público. Aunque no vulnerasen las leyes al hacerlo, tenemos que decirles bien alto que su proceder es profundamente antidemocrático.

¿Porqué decimos “esto no?

Decimos “esta reforma no” porque es innecesaria, inconveniente e inútil, pone en grave riesgo las prestaciones y los servicios públicos básicos de nuestro Estado de bienestar y condiciona gravemente la autonomía de los gobiernos para tomar decisiones de política presupuestaria, es decir las de su principal instrumento de acción de gobierno.

En absoluto se necesita esta reforma como base jurídica para limitar la utilización del déficit público como instrumento de política presupuestaria. La ley española de estabilidad presupuestaria de 2006 y el Pacto de Estabilidad europeo ya lo hacen de forma más que suficiente. Por cierto, este último establece el techo de déficit público en el 3% del producto interior bruto y no en el 0,4% que se quiere imponer con la reforma.

España tiene hoy un elevado déficit público como consecuencia directa de la crisis. Mienten quienes dicen que es el producto del derroche de las administraciones públicas porque, entre otras cosas porque el gasto social en España es de los más bajos de la Unión Europea. Por supuesto que se pueden y se deben reducir los gastos superfluos y las duplicidades de gasto. Pero antes de la crisis España tenía superávit en sus cuentas públicas y un volumen de deuda pública de los más bajos de Europa. Las causas del fuerte déficit público que padecemos han sido la recesión de la economía y los enormes niveles de desempleo, lo gastado en el saneamiento de las entidades financieras, el hundimiento de un modelo económico en el que el principal factor de crecimiento era la especulación inmobiliaria y la insuficiencia fiscal del Estado. Esta última motivada por las regresivas reforma fiscales realizadas a lo largo de los últimos quince años. Los casi cinco millones de parados que seguimos teniendo hoy en España son una realidad política, social y humana intolerable y, además, como factor económico, perpetúan el estancamiento y dificultan grandemente la reducción del déficit público.

Resulta inaceptable, política y moralmente, que las políticas de ajuste impuestas por las instituciones de la Unión Europea, desde el mes de mayo del pasado año, que nuestro Gobierno ha aceptado sin rechistar y que están promoviendo graves recortes de los derechos sociales y laborales, olviden por completo cualquier medida que permita reactivar la economía y crear empleo, en particular entre los jóvenes, cuando casi la mitad de los mismos están en paro en nuestro país. Estas políticas están produciendo paro, empobreciendo a muchas familias que se ven abocadas al desahucio de sus viviendas o perjudicando gravemente a las pequeñas y medianas empresas, miles de las cuales han cerrado.

Las políticas de ajuste, cuya medida simbólica y jurídica estelar es llevar la “regla de oro del déficit cero” a las constituciones europeas, son la causa principal de la brusca caída del crecimiento en la mayoría de los países europeos que ha acentuado el riesgo de una nueva recesión. Las turbulencias de agosto en los mercados bursátiles y de la deuda han sido causadas, según los principales analistas financieros, por el injustificado retraso en la aprobación del segundo plan de rescate de las finanzas públicas griegas y, sobre todo, por el temor a una nueva recesión. Las consecuencias de este temor han sido amplificadas por los especuladores, que ahora se enriquecen haciendo caer los valores sin que apenas se les ponga trabas. Es decir, los motivos que se aducen para justificar la urgentísima reforma de la Constitución se basan, además, en un grave error en el diagnóstico de la coyuntura económica.

Por eso decimos: “NO A ESTA REFORMA”

España tiene hoy un sistema fiscal injusto y que, además, no proporciona al Estado, a sus distintas administraciones, los ingresos suficientes. Esto era así antes de la crisis y lo es, mucho más, ahora. La recaudación fiscal se basa, sobre todo, en lo que pagan los asalariados y las clases medias. Las personas con rentas más altas y numerosas empresas o no pagan, por practicar un fraude fiscal insuficientemente perseguido y penado, o pagan mucho menos de lo que debieran porque se benefician de leyes que permiten la elusión fiscal y contemplan todo tipo de exenciones al pago de los impuestos. ¿Como es posible que en plena crisis se supriman los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones que afectan mucho más a las personas de mayor renta? ¿Como es posible que simultáneamente se disminuya el sueldo a los empleados públicos, se congelen las pensiones y se reduzcan la inversión pública y los gastos sociales? Comparando España con los países de la Unión Europea, tenemos salarios, pensiones y prestaciones sociales inferiores a la media y unos impuestos más bajos y más regresivos.

Nuestro sistema fiscal, insuficiente e injusto, es una de las causas del déficit público. Por eso las organizaciones sindicales y sociales convocantes de esta manifestación pedimos a todos los partidos políticos que promuevan una profunda reforma fiscal de carácter progresivo para que contribuya a la reducción del déficit público.

Finalmente, decimos con toda contundencia “NO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL”, porque condiciona de modo innecesario e inconveniente la autonomía política de los futuros gobiernos democráticos, especialmente de quienes quieran mantener o mejorar las prestaciones y las instituciones básicas del Estado de bienestar, las políticas sociales y de cooperación al desarrollo y, en especial, la universalidad, gratuidad y calidad de los servicios públicos educativo y sanitario.

Con la reforma aprobada por el Congreso los futuros gobiernos no podrán, para evitar la caída en una recesión antes de entrar en ella, utilizar medidas de estímulo fiscal aunque produzcan sólo un déficit moderado, inferior al 3% del producto interior bruto. La supuesta flexibilidad en la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución, sólo permite hacerlo cuando ya se haya entrado en la recesión. A partir de ese momento ni las leyes ni la Constitución impedirán que el déficit se dispare, a no ser que se recorten fuertemente las prestaciones por desempleo y otros gastos sociales o de inversión. Es decir, al condicionar tan fuertemente la política presupuestaria de los gobiernos, estableciendo además que el pago de la deuda tenga prioridad absoluta, se impide que se puedan adoptar las medidas necesarias para evitar una recesión. Y así, la nueva obligación constitucional puede llegar a producir los efectos contrarios a los preconizados: más déficit público del que costaría una intervención preventiva de la recesión.

Sin la profunda reforma fiscal, que las organizaciones convocantes de esta manifestación proponemos, el Estado de bienestar y los servicios públicos fundamentales corren un serio riesgo de deterioro profundo. Por si quedasen dudas, que no puede camuflar la burda manipulación propagandística, alguna presidenta autonómica acaba de basar la justificación de un drástico recorte de los gastos en educación, sanidad y otros servicios sociales, en que supone la aplicación en su Comunidad de los principios de la reforma constitucional.

Las equivocadas y socialmente injustas políticas actuales para salir de la crisis están produciendo estos dañinos efectos. La reforma eleva estas políticas al rango constitucional.

Las organizaciones sindicales y sociales convocantes de esta manifestación queremos expresar nuestro total apoyo a la lucha que el profesorado de la enseñanza pública va a emprender desde el comienzo del nuevo curso escolar contra los drásticos recortes del gasto educativo en Madrid, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra y otras comunidades autónomas. Estos recortes van a producir la pérdida de muchos miles de empleos y una clara disminución de la calidad del servicio público educativo.

Estamos hartos de escuchar a tantos políticos que dicen que el futuro de nuestro país, el necesario cambio de su modelo productivo, dependen de la inversión en educación y en investigación, desarrollo e innovación, al tiempo que cuando tienen responsabilidades de gobierno recortan los gastos en educación, investigación y desarrollo. Cuando existen otras políticas, cuando pueden aplicarse otras medidas, no cabe decir que son las circunstancias las que les obligan, para añadir a continuación que, desde luego, no van a subir los impuestos a los ricos. ¡Estamos hartos de tanta mentira, de tanta demagogia, de tanto servir a los intereses de los poderes económicos!

Para concluir esta intervención queremos referirnos a otras medidas que el Gobierno aprobó, por Decreto-Ley, la misma semana en la que anunció la reforma constitucional y que han sido informativamente tapadas por ésta. Nos referimos a los cambios en la legislación de los contratos de trabajo que son una apuesta decidida por la temporalidad y la precariedad. Contradiciendo la filosofía de la anterior y negativa reforma laboral de mayo del pasado año, que ha fracasado, y que supuestamente se basaba en promover la contratación indefinida –con medidas como rebajar las indemnizaciones por despido-, el Gobierno defiende ahora que como lo importante es crear empleo hay que facilitar más aún la contratación temporal que hoy afecta a más de una cuarta parte de los trabajadores. Para ello crea un nuevo “contrato de aprendizaje” para jóvenes de hasta 33 años, en el que sólo se exige que haya un 25% de formación, sin decir quien la va a impartir y cómo, y suprime los límites al encadenamiento de contratos temporales que ahora podrán sucederse uno tras otro permitiendo una precarización extrema de este tipo de contratos. Este nuevo viraje del Gobierno, que como sabemos por una larga experiencia no va a crear empleo, es otra muestra de actuación política equivocada y errática.

Por todo lo que os hemos comunicado y desde una profunda convicción, las organizaciones sindicales y sociales convocantes de esta manifestación pedimos a los senadores y senadoras que mañana deberán votar la reforma constitucional que lo hagan negativamente.

A todos los parlamentarios y parlamentarias que, en los siguientes quince días, tienen la oportunidad de solicitar la convocatoria de un referendum, les pedimos que lo hagan, porque al margen de lo que hayan votado, es muy grave para nuestra democracia y termina de romper el consenso constitucional el que, en asunto de tanta trascendencia, que afecta a derechos fundamentales incluidos en el Título primero de nuestra Constitución, se impida que el pueblo español pueda decidir.

La Constitución nunca fue tan difícilmente reformable como pretendieron hacernos creer durante décadas quienes ahora la cambian en 15 días con modos tan vergonzosos. A partir de ahora lo será menos.

Mientras tanto seguiremos luchando, promoviendo la movilización de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía, contra las políticas neoliberales que propiciaron la crisis y que ahora pretenden que, para mantener los privilegios y las ganancias de una minoría, sea la gran mayoría de la población la que siga pagando sus consecuencias.

Damos las gracias a los partidos políticos que se han opuesto a la reforma constitucional, han pedido la convocatoria de un referendum y han apoyado la convocatoria de esta manifestación. A todas y a todos los que habéis participado en esta manifestación y en las que se han desarrollado en muchas ciudades españolas o han participado en otras iniciativas de protesta: ¡Muchas gracias!

 

-        ¡NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN!

 

-        ¡QUE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA DECIDA EN REFERENDUM!

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 Suscriben: CCOO, UGT, USO, Paz con Dignidad, Consejo de la Juventud de España, Sindicato de Estudiantes, Paz Ahora, Confederación Intersindical, Habitáfrica, Coordinadora de ONGD, Plataforma 2015 y +, Asamblea de Cooperación por la Paz, Socialismo 21, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción