El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, pidió ayer a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía.

Salvioli impartió en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia. En su intervención recordó que España fue examinada en julio de este año. Según explicó, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, se preguntó.

Fabián Omar Salvioli destacó que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, añadió. Salvioli también destacó que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”. También consideró que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, puntualizó.

Además, recordó que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, apuntó. – E. P.