El franquismo y la Transición a la luz del siglo XXI PDF Imprimir E-mail
Nuestra Memoria - La Transición
Escrito por Eduardo Luis Junquera Cubiles   
Domingo, 24 de Diciembre de 2017 07:08

Llevo más de 30 años-desde que era adolescente-oyendo hablar de Alfredo Astid, el infame ex capitán de fragata responsable de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. No me alegro de que esté en prisión (desde 2003), aunque tampoco me entristece que un canalla responsable de tanto sufrimiento haya terminado en la cárcel. En cualquier caso, el debate no debe plantearse en esos términos porque los culpables deben pagar una vez se cometa un delito. Lo que me preocupa es esa patraña de la generosidad aplicada a quienes han cometido crímenes bajo el amparo de la obediencia en el ejército o en cualquier estamento dependiente del poder político en un sistema totalitario. A esta generosidad se suele apelar en virtud de la “responsabilidad” y la razón de Estado, que son las razones de quienes son condescendientes con estos asesinatos y torturas porque en el fondo no les duele el dolor de los oprimidos, a quienes no consideran depositarios plenos de derechos como seres humanos.

En España, tras la muerte del dictador optamos por ese modelo de “responsabilidad”, que no creo que sea el mejor camino, no sólo porque quedaron en la impunidad cientos de miles de crímenes, sino porque la sociedad, después de una dictadura de cuatro décadas, necesitaba enfrentarse a sus demonios ocultos y mirar cara a cara al terror. Lo que no se soluciona hasta el final acaba repitiéndose, y aquí estamos 40 años después debatiendo acerca de las mismas cuestiones. La historia no se escribe sin conflictos, y la cultura de la Transición se creó para eliminar cualquier conflicto. En aquel entonces, primó la estabilidad en detrimento de la justicia y el resarcimiento de las víctimas, algo que nada tiene que ver con la venganza, y fue así por el ruido de sables. Lo triste es que haya continuado siendo así tras la neutralización definitiva del golpismo en nuestro país en 1985, cuando se desmantela la conspiración del 2 de junio del mismo año. Durante la Transición, se hizo un especial hincapié en la idea de olvidar los crímenes franquistas en virtud de alcanzar una verdadera reconciliación entre todos los españoles, pero esa concordia era imposible o cuando menos muy dolorosa porque ignoraba deliberadamente a las víctimas de la dictadura. Finalmente, esa “reconciliación” fue la excusa perfecta para que no se hiciera justicia persiguiendo a los criminales franquistas.

El miedo a una reversión del proceso democrático propició una falsificación del relato histórico por parte de los franquistas, que destacaron los escasos logros de la dictadura en materia social en vez de poner de relieve, claro está, los crímenes del régimen. Esa desdramatización del franquismo, esa edulcoración del pasado homicida de la dictadura era imprescindible para crear esa ficción de entendimiento entre las dos Españas, siempre separadas por insalvables diferencias sociales e ideológicas. Sobre esta base, la izquierda negoció la Transición en clara inferioridad ante la amenaza del régimen franquista, que no tenía apoyo en las calles, pero que aún conservaba la fuerza de las armas. De esta forma, el Parlamento surgido de las elecciones de 1977, que redactó la Constitución de 1978, contaba con 29 ex procuradores franquistas elegidos como diputados, a los que había que sumar 34 parlamentarios, todos en las filas de UCD y de AP, que se sentaban en los consejos de administración de los grandes bancos. Al menos otros 16 diputados y senadores estaban vinculados, además, a diferentes empresas financieras aprovechando que no había conflicto jurídico alguno al no existir una ley de incompatibilidades. El franquismo se apresuró a reconvertirse con el fin de pervivir con otro nombre y otra forma, y a fe que tuvo éxito en esa empresa.

Los consejos de administración de Banesto, el Banco Exterior de España (hoy integrado en el BBVA), La Caixa, Iberdrola, Telefónica y algunas compañías navieras o mineras fueron el refugio de la mitad de los últimos ministros de Franco, mientras que la otra mitad terminó en la política. Alguno de ellos, como el ex ministro de Trabajo Fernando Suárez González, acabó plenamente integrado en la sociedad militando en Alianza Popular, partido por el cual fue elegido diputado en el Congreso de los Diputados (1982-1986) y parlamentario europeo (1986-1994). En 2007 fue escogido como miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, después de varios intentos fallidos para crear un partido de ultraderecha. En cuanto al poder judicial, 10 de los 16 miembros del Tribunal de Orden Público, creado para reprimir actividades políticas contra el régimen franquista, pasaron en democracia a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo.

 

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Fuente: Diario 16