La segunda República española, de González, Cobo, Martínez y Sánchez

Un libro desgrana, de forma ecuánime, los éxitos, errores y el fracaso de la segunda República española, un régimen político que llegó con ilusión para regenerar España y que acabó en una guerra civil.

La historiografía española se ha caracterizado por su imposibilidad para analizar hechos recientes sin caer en discursos políticos que enturbiasen la interpretación de los mismos.

Por eso, una obra como La segunda República española (Ediciones de Pasado y Presente, 2015) es tan necesaria. El trabajo ímprobo de Eduardo González, Francisco Cobo, Ana Martínez y Francisco Sánchez ha conseguido sintetizar en un volumen de 1.247 páginas la complejidad del segundo periodo republicano español, el momento democrático que con más ilusión se implantó en España y que acabó en una guerra civil trágica que sólo sirvió para atrasar la sociedad, la economía y las mentes de todo un país.

Los cuatro autores, todos ellos profesores en la universidad española, no han escrito un libro para mitificar la segunda República (1931-1939), más bien al contrario: la obra abre en canal este periodo histórico para señalar los aciertos y errores de las principales figuras políticas, partidos, sindicatos, asociaciones empresariales, intelectuales, militares e incluso religiosos en la conformación del nuevo orden institucional surgido tras las elecciones del 12 de abril de 1931, que supusieron el final de la monarquía del rey Alfonso XIII y del sistema político del turno. Sin duda, la República de 1931 sirvió para llevar al debate político español cuestiones que habían sido retrasadas durante 200 años tras el fin del régimen constitucional de 1812 y la restauración de la monarquía. Temas como la separación entre la Iglesia y el Estado o el divorcio elevaron el debate político en el país y permitieron brillar a una serie de oradores que se separaron de la decadencia de los años finales de la monarquía alfonsina.

Los autores han realizado un trabajo de síntesis de la multitud de estudios sobre temáticas concretas que se han ido realizando sobre la República, así como de la bibliografía que se ha publicado sobre el periodo, para dar una visión general de todos los aspectos que influyeron en el desarrollo de este momento histórico y que complementa sus propias aportaciones. Así, no sólo se abordan temas políticos, también de cultura, sociedad, ocio, economía, calidad de vida, etcétera, para conseguir una visión lo más amplia posible sobre los motivos que llevaron a la proclamación de la República, su evolución y los hechos que produjeron su fin. Es muy interesante el repaso que se realiza de todas las formaciones políticas de relevancia y de los modelos constitucionales europeos que se daban en 1931, que sirven para contextualizar la situación de España en el continente. Aunque en muchos aspectos este es un líbro de síntesis (lo que no le resta interés ni importancia), los autores también ofrecen sus propias interpretaciones a la luz de los datos y los hechos, como que la multitud de partidos políticos que concurrieron en la formación de las Cortes no son explicación suficiente del fracaso de la República, aunque sí de la inestabilidad de los diferentes gobiernos que se iban sucediendo.

Usos y abusos

El 14 de abril de 1931 se finiquitó la monaquía de Alfonso XIII, que se carcaterizó por sus intromisiones políticas y por la permisividad de un sistema que impedía el avance social y económico de España. Aunque las elecciones municipales del día 12 las ganaron las fuerzas monárquicas por número de votos, la realidad es que los partidos republicanos consiguieron amplias victorias en casi todas las capitales de provincia. Este es el punto clave, ya que en el ámbito rural la elección estaba manipulada y mediatizada por los caciques, mientras que en las grandes ciudades las posibilidades de manipulación eran mínimas y los resultados electores reflejaban el verdadero deseo de cambio de los ciudadanos. Tras este momento, el gobierno provisional republicano adopta las primeras medidas e inicia la redacción de un Constitución que dio verdaderos quebraderos de cabeza. Las primeras Cortes republicanas contaron con una amplia mayoría a favor del nuevo régimen político, aunque también hubo detractores que desde el primer momento quisieron acabar con el mismo.

Sin ser perfecta, los primeros años de la República (hasta la llegada de la Confederación Española de Derechas Agrarias [CEDA] al poder) sirvieron para sentar las bases de la renovación económica y social que necesitaba España. Las mujeres, el 50% de la población, vieron reconocidos derechos que eran de lógica, pero que la sociedad patriarcal les había negado continuamente. Lo mismo con los trabajadores, sobre todo en el campo, quienes vieron elevados sus salarios y empezaron a contar con un sistema de protección frente al paro (seguro de desempleo) y una legislación social que les garantizaba determinados derechos. Quizá, el principal error fue la aprobación de una Ley de Reforma Agraria que no ponderó bien los intereses entre jornaleros y propietarios. Esta es una de las explicaciones del fin de la República.

En el aspecto laboral, los autores hacen un buen trabajo al comparar las leyes sociales y laborales de la República con la actualidad, así como con el periodo franquista, que algunos discursos han vendido como el renovador de los derechos de los trabajadores. Nada más alejado de la realidad. El régimen dictatorial implantado por Francisco Franco utilizó algunas de las leyes laborales de la República y, en cualquier caso, supuso un retroceso para los derechos de los trabajadores, así como para sus condiciones económicas.

Mitos que no lo son

Otra de las carcaterísticas más relevantes de La segunda República española es su ecuanimidad, que sirve para desmitificar determinadas concepciones que han solidificado con el paso del tiempo y de algunos discursos interesados. Una de ellas es que la República de 1931 significase una ruptura total con el periodo anterior. Más bien al contrario: se permitió a políticos de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera presentarse al Congreso de los Diputados e incluso algunos de ellos, que habían tenido cargos de responsabilidad en la monarquía, fueron ministros en la República. Y también contrasta con lo que sucedió en las democracias de otros países del entorno europeo, como Francia, donde tras la II Guerra Mundial se inhabilitó a los colaboracionistas con los nazis para desempeñar cargos políticos e incluso se fusiló a algunos de ellos.

Los datos y cuadros que contiene la obra también acaban con el mito de que los gobiernos de izquierda no elevaron el gasto público durante la República, algo lógico si se tiene en cuenta la actividad legislativa de reformas sociales y políticas que se puso en marcha entre 1931 y 1933. Y, por contra, cuando el gobierno de derechas de la CEDA accedió al gobierno aplicó una política de recortes presupuestarios. Hacer un juicio sobre cuál era más acertada o menos es una tarea difícil, por la cantidad de variables que se deben tener en cuenta y por las interpretaciones políticas que todavía hoy tiene la aplicación de una u otra política. Además, la segunda República tuvo que desarrollarse en un contexto de crisis económica internacional, tras la depresión de 1929, lo que hacía muy difícil conciliar las necesidades de reforma social y económica con las limitaciones presupuestarias.

Un país agrario

En los años treinta del siglo pasado España era un país eminentemente agrícola. Las grandes capitales empezaban a despuntar, con Barcelona como referente por su posicionamiento histórico como centro del comercio. Madrid también comenzó a ser foco de una intensa renovación y de una vida muy urbanita. Pero en el campo se concentraban el 50% de los trabajadores en activo dentro de España. La distribución de las tierras y del trabajo en el campo fue el principal error de los primeros gobiernos de la República y el punto de choque de los poderes fácticos. Hay que tener en cuenta que el 50% del aporte a la economía española provenía de la agricultura, por lo que tocar este sector podía levantar muchas ampollas, como así fue.

Los primeros gobiernos de izquierda realizaron una legislación basada en llevar derechos laborales a los trabajadores del campo. También se intentó una redistribución de la propiedad, ya que más de un 40% de las tierras de cultivo en España estaban en manos de un 1% de grandes propietarios. El resto se distribuía entre medianos y pequeños propietarios. Estos últimos (denominados “campesinos” en el texto) fueron fundamentales en el cambio político que se produjo en 1933 hacia la derecha, ya que vieron reiteradamente como los gobiernos de izquierda no atendían sus demandas frente a la ultraprotección que se dispensaba a los jornaleros. Cuando se produce la sublevación militar contra el régimen legal republicano, las tropas franquistas tienen un aliado inquebrantable en los grandes latifundistas, que habían visto perjudicados sus intereses por la legislación laboral y de reparto de tierras, pero también en los pequeños campesinos que veían como negativa la legislación republicana sobre su sector económico.

Más que centrarse en un discurso de buenos (los jornaleros) y malos (los propietarios), los autores desgranan y detallan las condiciones del campo en los años 30 para unos y para otros. Los trabajadores de la tierra, sin duda, necesitaban de mejoras laborales y sindicales. Por su lado, los propietarios tenían que competir, con sus cosechas, en un mercado con precios devaluados por la fuerte crisis internacional. Por ello, las subidas de costes salariales o la fuerza sindical, que casi siempre acababa en huelgas, les suponían un perjuicio hondo en su estructura de beneficios. Hay que pensar que buena parte de los propietarios de tierras no eran grandes terratenientes, sino campesinos que usaban su propiedad como modo de vida y subsistencia, más que de abultado enriquecimiento.

El fin de la República

La obra de los cuatro profesores se fundamenta en el análisis del periodo revolucionario y no entra, en profundidad, en la guerra civil. Sí que realiza diferentes anotaciones sobre los motivos que llevaron al fin de la segunda República y aprovecha para desmontar otras afirmaciones que ha mantenido cierta historiografía con el paso de los años. En primer lugar, la revolución de octubre de 1934 no fue el síntoma de una inevitable guerra posterior. Bien es cierto que tras los incidentes de octubre, el gobierno de la CEDA inició una represión, casi siempre amparada por la propia ley, de los elementos que habían intentado socavar el régimen republicano, pero no fue, como se quiso hacer creer, una lucha contra elementos revolucionarios o el bolchevimo, sino, en la mayoría de los casos, una cuestión de orden público.

En canto a las elecciones de febrero de 1936, que ganó una coalición de partidos de izquierda, los autores realizan varios apuntes interesantes. La denominación “Frente Popular” (que se asociaba con otros movimientos de izquierda más extrema en Europa) de esta coalición no nació en el seno de la misma, sino más bien desde sus opositores, como una fórmula propagandística. Además, esta coalición no defendía ningún programa revolucionario ni, cuando llegó al poder, puso en marcha una revolución comunista, sino medidas renovadoras y regeneradoras y, sobre todo, una posicióon común frente al fascismo. De hecho, el partido comunista en 1936 era irrelevante en el juego político, a pesar de su existencia en el Congreso de los Diputados. Esta coalición de izquierdas estaba encabezada por los socialistas, que tenían un discurso mucho más moderado en lo que cuestiones revolucionarias se refería. Tampoco Manuel Azaña, primero presidente del Consejo de Ministros y después de la República, trajo ningún bolchevismo ni fue rehén de las posiciones más extremistas en la coalición que encabezaba.

Para terminar, también es importante el apunte del sistema institucional de la República que hizo muy difícil la gobernabilidad. Amén de un régimen electoral propocional, pero absolutamente absurdo, complejo y desquiciado, el poder ejecutivo se dividía en dos. Por un lado, el Gobierno, encabezado por un presidente del Consejo de Ministros (un primer ministro), y, por otra parte, el presidente de la República. El problema se encontraba en este último, que, aparte de desempeñar la función de representación del Estado, contaba con amplíos poderes de veto, disolución del Congreso e intromisión en la política interna. A diferencia de otros países, como EEUU, España no se configuró como una República presidencialista, sino como una República parlamentaria, pero el presidente de la República, la mayor parte del tiempo Alcalá Niceto-Zamora, no dudó en inmiscuirse en la política interna y en el veto de variadas leyes y disposiciones que venían del Gobierno, pero habían sido aprobadas por un Congreso muy fragmentado y en el que funcionaban los pactos y acuerdos. Ello contribuyó a desestabilizar la República y a disminuir la legitimidad de los diferentes Gobiernos. También propició las numerosas crisis gubernamentales que en muchos casos pudieron dar imagen de caos y poca estabilidad.

Proclamación popular de la II República en Madrid | Foto: Alfonso

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Fuente: Revista 80 días