En el Consejo de Ministros del 26 de junio del 2015, se aprobaron dos Reales Decretos Ley, de muy cuestionable legalidad. Los presentó el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y aunque ya no asistió su Ministro, José Ignacio Wert, por haber dimitido ese mismo día, creo que estarán firmados por él.

Se trata el primero de los nuevos estatutos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, institución muy criticada por tener entre sus académicos a personas como Rodolfo Martin Villa y Fernando Suárez, requeridos por la justicia argentina por crímenes contra la Humanidad (1).

 

Opino que se trata de darle el apoyo gubernamental a una institución desprestigiada ya que también tiene entre sus académicos históricos a exministros franquistas antisemitas, como Ramón Serrano Suñer y Manuel Fraga Iribarne, para los que hace más de un año solicité, como descendiente de víctimas judías del Holocausto, que se les revocara dichos honores… Sin contestación hasta ahora.

El día 25 fue registrada una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados (2), por la Izquierda Plural y el Grupo Mixto que pedía al Gobierno tomar medidas para poder juzgar en España a los acusados por la Querella argentina por crímenes del franquismo. Dudo que ese mismo Gobierno del PP, que acaba de darle su apoyo a la Real Academia de Ciencias Morales, legitimándola, haga nada al respecto.

El otro Decreto de Ley, regula al Instituto de España (3), para la integración en el mismo de la Real Academia de Ingeniería, pasando así a estar bajo el Alto patronazgo del Rey Felipe VI, como ocurre con las otras ocho reales academias, según señala la Constitución.

El Instituto de España fue creado por Franco en 1937 desde Burgos y posteriormente, por medio de un decreto ilegal franquista, recibió el patrimonio de la Junta para ampliación de Estudios, en mayo de 1938, cuando dicha institución republicana siguió funcionando hasta el final de la guerra en los territorios republicanos, en abril de 1939, bajo la legalidad de la Constitución republicana de 1931. Posteriormente por ley de noviembre de 1939 pasaron dicho patrimonio al recién creado CSIC.

Insistir sobre la legalidad del IE es ir contra la legalidad republicana y defender la creación fraudulenta del CSIC. Por ello es relevante, destacar que el Presidente de la Real Academia de Ingeniería Elías Fereres, pertenece al CSIC, del que fue Presidente, y además es miembro del Patronato de la Residencia de Estudiantes del CSIC. Lo mismo ocurre con José Fina Gómez Mendoza, académica de esa Real Academia (y de las de Historia y Jurisprudencia) y también del Patronato de la Residencia de Estudiantes.

El Ministro J. Ignacio Wert ya había conseguido que dicha Residencia de Estudiantes consiguiera el galardón “Sello Patrimonio Europeo”, a pesar de haber destruido su patrimonio y la historia del Hospital de Carabineros, que había sido dirigido por mi abuelo el eminente Dr. Luis Calandre Ibáñez, situado en dicho lugar durante la Guerra Civil, por lo que luego fue duramente represaliado por los franquistas.

Con estos dos decretos ley, el Gobierno vuelve de nuevo a ir contra la legalidad de la Constitución republicana y a defender al franquista CSIC y a la Monarquía, que para eso preside dichas Reales Academias. Y a ampliar los privilegios de esas instituciones, llenas de aristócratas, de franquistas y monárquicos, situados en edificios históricos de Madrid, de gran valor patrimonial.

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Fuente: loquesomos.org