"... encierra una virtud grande amparar y defender de los poderosos y soberbios a los humildes y a los que poco pueden."

     ("El coloquio de los perros", de Miguel de Cervantes)

Nuestros Derechos, los que hablan de Justicia e Igualdad, Los Derechos Humanos, la defensa de los débiles ante los opresores y explotadores, esos Derechos nos invisten con la razón, son los nuestros. Ahora bien, en cada Estado su aplicación depende de la clase que les pone su sello, así será la justicia y la igualdad. De nuestros Derechos sale el Derecho Internacional y de éste sale un mandato para los jueces: investigar las violaciones masivas de los Derechos Humanos, descubrir qué ocurrió y dónde están las víctimas. ¿Hay magistrados del tribunal supremo que cumplan con esa su obligación? No. La corporación no quiere y no hay justicia. ¿Qué clase de libertad hay entonces? Si acaso una pantomima de ella, puesto que los jueces se alinean con la injusticia. Si no hay justicia no hay libertad. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Aunque absuelve al exjuez Garzón de «prevaricación», remarca en su sentencia que los crímenes del franquismo no pueden ser investigados judicialmente ni condenados. Alega que no cabe la «justicia universal» en el Estado español y que un juzgado no puede saltarse la Ley de Amnistía.

Como se preveía y como planteó la Fiscalía, el Tribunal Supremo español ha evitado un gran escándalo internacional absolviendo al juez Baltasar Garzón de «prevaricación». Sin embargo, el mismo fallo da la razón a quienes le llevaron al banquillo al sentenciar, y con abundantes argumentos, que los crímenes del franquismo no pueden ser perseguidos debido entre otras cosas a las decisiones adoptadas en la llamada «transición», hacia la que se deshace en elogios.