El 22 de diciembre de 2010 el Tribunal Federal 1 de la República Argentina ha condenado al ex–general y ex–dictador Jorge Rafael Videla a prisión perpetua, en una cárcel común, por la comisión de delitos de lesa humanidad durante los cinco años en que ocupó de facto la presidencia de la nación, entre el 24 de marzo de 1976 y el 24 de marzo de 1981. Han pasado 29 años, pero los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca.

   El ex–dictador alegó en su defensa que el golpe de Estado militar, contra la presidenta constitucional María Estela Martínez, fue necesario para impedir el auge del comunismo en la nación. Es la disculpa habitual de los golpistas. La junta militar le designó presidente, y sus primeras medidas consistieron en cerrar el Congreso, disolver los partidos políticos y los sindicatos, y ordenar la detención de las personas consideradas izquierdistas, para torturarlas y en muchos casos asesinarlas. Unas treinta mil personas murieron a causa de la represión militar. Otras actuaciones complementarias fueron la quema pública de libros calificados de subversivos, la edición de otros libros para el adoctrinamiento en las escuelas, y el tráfico de niños arrebatados a sus padres para dárselos a parejas sin hijos afines a la dictadura.

   El golpe fue planeado y financiado por la Agencia Central de Inteligencia, la todopoderosa CIA, desde la Escuela de las Américas, un centro de instrucción militar instalado en Panamá para controlar a todo el hemisferio.

   Durante su usurpación del poder legítimo, en 1978, se celebró en la República Argentina el Campeonato Mundial de Fútbol, utilizado como opio para embrutecer a la población. Cuando el dictador entregó la copa de vencedor al equipo nacional, en el estadio de River Plate, el entusiasmo de la multitud drogada le sirvió para considerarlo un plebiscito a favor de la dictadura. Es lo típico de los dictadores.

   Al restablecerse la democracia, fue juzgado en 1983, y condenado dos años más tarde a la destitución de sus cargos y reclusión perpetua, pero el presidente Menem lo indultó en 1990. Sin embargo, en 1998 se le volvió a procesar, acusado del robo de niños, un delito de lesa humanidad imprescriptible. Mientras se resolvía quedó en arresto domiciliario, debido a su edad (nació en 1925), aunque en 2008 se le internó en la prisión militar de Campo de Mayo por la gravedad de las acusaciones.

   El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el indulto concedido por Menem, por lo que debe cumplir todas las penas impuestas. Y el 22 de diciembre ha sido condenado a prisión perpetua en una cárcel común.

   Estos delitos fueron tipificados por el llamado Acuerdo de Londres, de 8 de agosto de 1945, al establecer el tribunal de Nuremberg, como "actos contra la población civil por motivos religiosos, raciales o políticos". Este principio fue aceptado por la asamblea general de las Naciones Unidas en 1946, y dio lugar a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la misma asamblea el 9 de diciembre de 1948: su artículo tercero declara delito "la complicidad en el genocidio", el cuarto dice que los culpables deben ser castigados "ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares", y el séptimo afirma que estos crímenes "no serán considerados como delitos políticos".

   Al constituirse la Corte Penal Internacional por el llamado Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, esos principios han sido reconocidos en su artículo sexto. Este tribunal de Justicia está rechazado por los Estados Unidos, que tratan de anularlo para impedir que actúe contra sus militares desplegados por el mundo, culpables de acciones genocidas en Latinoamérica, África y Asia.

   Pero en virtud de esos acuerdos internacionales se ha juzgado y condenado al ex-dictador Videla, por los delitos de lesa humanidad cometidos durante los cinco años de su mandato, acusado de la muerte de unos treinta mil civiles considerados izquierdistas, entre 1976 y 1981, y de tráfico de niños arrebatados sus padres.

   En España hubo una dictadura militar durante 36 años y ocho meses, sin contar el período de la guerra, porque sus 32 meses no afectaron de la misma forma a toda la población civil. A consecuencia de la sublevación militar, justificada por el deseo de impedir un imposible golpe de Estado comunista, murió alrededor de un millón de personas durante la guerra y la posguerra, debió exiliarse otro millón, y es incalculable hasta ahora el número de presos políticos.

   La Iglesia catolicorromana bendijo la rebelión militar, y calificó de cruzada contra el comunismo la guerra derivada del golpe de Estado. Los militares rebeldes se dedicaron a exterminar a cuantas personas consideraban izquierdistas, lo que constituye un genocidio según el Acuerdo de Londres de 1945, y sus posteriores incorporaciones a la legislación penal internacional.

   Toda España se convirtió entre 1939 y 1975 en un inmenso campo de concentración, en el que la Policía Secreta detenía a quien quería con absoluta impunidad, se torturaba a los detenidos, estaban proscritos los partidos políticos y los sindicatos, existía una durísima censura de publicaciones nacionales e importadas, así como de películas y espectáculos, la televisión era estatal, lo mismo que las únicas agencias informativas de prensa autorizadas, se adoctrinaba a los estudiantes en escuelas y hasta universidades, se exigía la adhesión al régimen para desempeñar cualquier trabajo, se restringía la concesión de pasaportes y solamente para determinados países, y se ejecutaba la pena de muerte declarada o mediante "accidentes" contra acusados de delitos comunes y políticos. Todavía el 27 de setiembre de 1975 fueron fusilados cinco activistas antidictatoriales, y a otros seis se les conmutó la pena capital por la de prisión perpetua, cuando al dictadorísimo no le quedaban ni siquiera dos meses de vida, puesto que falleció a consecuencia de enfermedades propias de la vejez en la cama de un hospital el 20 de noviembre.

   Murió él, pero sus cómplices nunca fueron juzgados. Según el citado artículo tercero de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los cómplices son culpables de cometerlo, y según el cuarto debe ser castigados, sin que sus crímenes prescriban. Todos cuantos juraron lealtad a la persona del dictadorísimo y fidelidad a los llamados Principios Generales de Movimiento Nacional por los que se regía la dictadura, son tan culpables como él mismo de crímenes de lesa humanidad contra los españoles "por motivos religiosos, raciales o políticos", condenados por el Acuerdo de Londres de 1945.

   En la República Argentina actúan los tribunales de Justicia contra los genocidas, aunque allí la dictadura fue mucho más corta y por ende mucho menos sanguinaria que la española. En el reino de España no se ha juzgado a ningún cómplice de la dictadura, aunque existen un Ministerio de Justicia y una Fiscalía General del Estado.

----------------------