Las 818.000 pesetas de la época equivalen ahora a 11,5 millones de euros y el consistorio cree que será necesario elevar el caso a Estrasburgo

Sant Julià de Ramis (Girona) se convertirá en el primer ayuntamiento en llevar al Estado a los tribunales para que devuelva el dinero republicano espoliado por el franquismo. Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que no será fácil y creen que será necesario llegar a Estrasburgo, se muestran dispuestos a ir “hasta el final” para restituir “la memoria histórica”.

En agosto de 1938 el régimen franquista decretó que el dinero emitido por la República a partir del golpe de estado del 18 de julio del 36 era ilegal. “Lo que hicieron fue invalidar lo que ellos llamaban como ‘dinero rojo’ o ‘dinero del enemigo’ y así anular de golpe una parte de la riqueza de la población”, explica el historiador Narciso Castells que, junto con el despacho de abogados Delso Quintana y el ayuntamiento, hace más de dos años que investiga el espolio.

Esto obligó tanto a los particulares como a las administraciones o entidades a entregar toda la moneda republicana y llevarla al Banco de España. “Mientras que la moneda anterior al golpe de estado se cambió, la posterior se incautó y desapareció”, detalla Castells.

Según el historiador, esta fue una “decisión de guerra” del régimen franquista que repercutió directamente en la población. “La economía está destruida y, en un contexto de posguerra y de racionamiento, la pérdida patrimonial fue terrible, es como borrar por decreto una parte del dinero de la gente, que se tiene que espabilar para sobrevivir”, concreta. Por ello, Narcís Castells asegura que es sorprendente que este episodio de las postrimerías de la Guerra Civil haya quedado, hasta ahora, en un segundo plano.

El régimen organizó la recogida de todo el papel moneda ilegalizado y, en aquellas poblaciones pequeñas o medianas con dificultades para ir hasta el Banco de España más cercano, fueron los ayuntamientos franquistas los encargados de recoger el dinero. En las comarcas de Girona, por orden del gobernador civil Francisco de Correa Véglisson, entre abril y julio de 39 los ayuntamientos entregaron el dinero “a fondo perdido y sin compensación” a cambio de un recibo “que nunca fue integrado”.

El hecho de que fueran los ayuntamientos los encargados de hacer este trámite hace que hoy en día consten los recibos del dinero espoliado. El historiador detalla que, tras dos años de investigación, tienen constancia o indicios de situaciones similares en una treintena de ayuntamientos de las comarcas de Girona y unos noventa en Catalunya. “Seguramente es sólo la punta del iceberg y hay que investigar más”, indica.

Sant Julià de Ramis, el primero

Uno de los ayuntamientos que tiene más bien documentada la confiscación es Sant Julià de Ramis. El alcalde de la población, Marc Puigtió, subraya que hay un listado con el nombre de cada familia, entidad y administración de la población, cuánto dinero entregó cada uno y cuentan, también, con dos recibos del dinero que se depositó en el Banco de España. En total, entregaron 818.784,50 pesetas pertenecientes a 134 vecinos del pueblo que, según peritaje experto, equivaldría actualmente a 11,5 millones de euros.

Es por ello que, de la mano del despacho de abogados Delso Quintana, han acordado llevar España a los tribunales para intentar recuperar ese dinero. Puigtió ha afirmado que será un proceso “lento, largo y difícil” pero sostiene que debe servir para conseguir una compensación y restituir la memoria histórica.

El pleno extraordinario de este lunes, aprueba una moción que acuerda iniciar los trámites legales necesarios para “resarcir” el dinero decomisado. El texto subraya que es “de justicia” que el ayuntamiento inicie el litigio “para devolver la dignidad” a las familias. “Es un buen momento para hacerlo ahora porque hace 80 años de la Guerra Civil”, ha indicado Puigtió que añade que llegarán “hasta donde haga falta”.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Con la mirada puesta en Estrasburgo

El portavoz del bufete Delso Quintana, Antoni Quintana, expone que, de entrada, harán una reclamación patrimonial al Consejo de Ministros. A partir de aquí, como seguramente la respuesta será negativa, será cuando interpondrán recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo.

No es la primera vez que en España se impulsa una iniciativa de este tipo. Un grupo de particulares ya recurrió a los tribunales pero en 2017 una sentencia desestimó la demanda alegando que el caso estaba prescrito.

Es por ello que Quintana ya adelanta que tienen las esperanzas puestas en el Tribunal Europeo de Derecho Humanos. “Lo que queremos es llegar lo antes posible a Estrasburgo porque pensamos que allí es donde tendrá lugar el debate y creemos que la prescripción no será tal”, ha afirmado el abogado.

“Ya toca que le saquemos el polvo a este tema en este país”, ha destacado Quintana que recalca que el despacho no se mueve por motivos económicos sino que el objetivo es “recuperar la memoria histórica”. El portavoz de Delso Quintana ha dicho que, en definitiva, el espolio de la moneda republicana “fue un arma de guerra para empobrecer de golpe el sistema económico”.

El alcalde ha destacado que la intención del ayuntamiento, si logran recuperar el dinero, es devolverlos a las familias si es posible o destinarlos a hacer un espacio en el pueblo que recuerde qué supuso la Guerra Civil para los vecinos.

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Fuente: La Vanguardia