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España 2017: honras al fascismo o te condena la justicia PDF Imprimir E-mail
Nuestra Memoria - La ley de la memoria
Escrito por Cristina Fallarás   
Sábado, 18 de Marzo de 2017 06:10

Intento de explicar cómo es posible que un alcalde socialista deba colocar hoy una placa en homenaje a la División Azul, nazi, so pena de inhabilitación e incluso cárcel

Cuentan las crónicas que cuando el operario apoyó la placa contra la fachada, la concejala de Memoria Histórica, Igualdad y Educación de Alicante lloró. Y es cierto, lloró.

Eran las 10 de la mañana del pasado viernes 10 de marzo y la regidora de Compromís cumplía una orden del Juzgado Número 4 de lo Contencioso Administrativo, una orden que era a la vez un brutal acto de humillación. “A mí la rabia y la impotencia… yo rompí a llorar de rabia y de impotencia, porque soy muy fuerte y tengo mucho coraje, pero sencillamente no podía entenderlo”.

En la placa que el trabajador municipal empezó a atornillar de espaldas a las lágrimas de María José Espuch, un nombre: División Azul. Acababan de retirar del mismo lugar otra plancha, estrenada un par de meses atrás, que rebautizaba el lugar como Plaza de la Igualdad. Sin embargo, la orden de la jueza María Begoña Calvet Miró era tajante: se ordenaba reponer “a la mayor brevedad posible” la placa en honor de la División Azul y todas las placas del callejero retiradas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, placas que honran a golpistas, miembros de la dictadura, falangistas, asesinos y fascistas.

De nada sirvió recordar que la División Española de Voluntarios, popularmente División Azul, fue una unidad promovida por la Falange que se unió en 1941 a las tropas del ejército nazi. Partieron a mediados de julio a apoyar el fascismo con las armas. Así que el pasado día 10, cerca de 76 años después, el trabajador del Ayuntamiento de Alicante se subió a una escalera y atornilló en la fachada la placa que rinde honores al grupo que juró obediencia a Hitler.

“Acatar esa orden no es plato de buen gusto para ningún demócrata. Y en el momento de hacerlo, yo me rompí de rabia. Ni pena ni nada, pura rabia, porque no entiendo cómo se puede llegar a este extremo. Que me pidas la paralización lo puedo hasta entender, pero que me pidas reponerla…”. Efectivamente, no es lo mismo no retirar una placa en honor del fascismo –algo que está sucediendo en la mayoría de las localidades españolas— que colgarla. El acto de colocar,  hoy día, el nombre de una división nazi en una plaza pone en evidencia la anomalía democrática que aqueja a España.

De hecho, cuando llegó la orden de la jueza, el alcalde alicantino, Gabriel Echávarri (PSOE), no daba crédito: “No me lo creía. No podía entender como un partido que se llama democrático toma esa decisión. Especialmente, en una ciudad como Alicante que sufrió con crudeza lo que supuso la Guerra Civil con el bombardeo del Mercado Central”.

Igual que su concejala, Echávarri recurre a la palabra impotencia para explicarse: “La impotencia que sufro como alcalde al volver a ver la placa de la División Azul es tremenda. Sin embargo, es aún más duro pensar que eso sucede por la intervención de un partido político. Nos costó mucho quitarla y ahora la hemos vuelto a poner. Sinceramente creo que los ciudadanos esperan otra cosa de la oposición. Hay momentos en los que no todo vale”.

Se refiere el alcalde al Partido Popular. Porque a ellos hay que acudir para comprender cómo puede suceder un acto de homenaje al ejército nazi por parte del poder público en la España de 2017. Si es que cabe la posibilidad de comprenderlo.

“A mí, Franco y tal, me da igual”

“Cuando llegamos al Gobierno, tuvimos claro que había que cumplir con la Ley de la Memoria Histórica”, recuerda el alcalde de Alicante. “En 2015 nada justifica que una ciudad siga teniendo calles con denominaciones franquistas”. Decidieron entonces crear una comisión no permanente del Pleno municipal para llevar a cabo los cambios necesarios. Y en dicha comisión: los representantes del tripartito que gobierna (PSOE, Compromís y Guanyar), representantes del Partido Popular y Ciudadanos, de asociaciones de lucha por la memoria como Alicante Vivo y la Comisión de la Recuperación de la Memoria, representantes de los comerciantes, de las cinco Juntas de Distrito de la ciudad y miembros de la Universidad. “En realidad, podríamos haber llevado la propuesta directamente a la Junta de Gobierno, que es quien tiene potestad para hacer los cambios de las calles”, explica Espuch, ya sin asomo de lágrimas, “pero preferimos hacerlo así para favorecer la participación”.

El 11 de abril de 2016 se celebró la primera sesión, con asistencia de todos los miembros, incluido el PP, y se aprobó por unanimidad el documento con los criterios objetivos para aplicar la Ley de la Memoria Histórica. En total, se analizaron los nombres de 103 lugares de Alicante. Se decidió por unanimidad mantener 57 y cambiar 46. También se acordó que el 70% de las nuevas denominaciones llevaran nombre de mujer. “Trabajamos durante algunos meses con las propuestas de calles nuevas que nos hace la ciudadanía”, recuerda la concejala que capitaneó los cambios. “Queríamos aprovechar este cambio de callejero para “feminizar” y hacer justicia con las mujeres silenciadas. El callejero estaba muy descompensado”.

Entre los nombres que se mantienen, constan los de algunos falangistas y miembros del “bando nacional”, 52 en total, fusilados contra las tapias del Cementerio de Alicante. Como colofón simbólico, la Plaza de la División Azul pasaría a llamarse Plaza de la Igualdad, y el barrio en el que se encuentra, dejaría de ser el de José Antonio para llamarse Barrio de Miguel Hernández.

Todo parecía funcionar correctamente, hasta que el 25 de noviembre del pasado 2016 el PP denuncia al ayuntamiento. Lo hace Luis José Barcala Sierra, portavoz del Grupo en el consistorio. Alega en la denuncia: “La ejecución del acuerdo es susceptible de ocasionar daños o perjuicios tanto a los ciudadanos afectados como a entidades privadas, organismos públicos y Administraciones Públicas que serían de difícil o imposible reparación, así como que, de ejecutarse, podría dar lugar a una situación de hecho que, ante una revocación del acuerdo, sería difícil volver a una situación anterior al mismo”.

O sea, que el PP cae en la cuenta de que, si cambias el nombre de las calles, los ciudadanos y entidades que las habitan deben modificar su dirección anterior en aquellos lugares en los que deba constar.

En realidad, los populares se quejan de que, una vez aprobados los criterios para sustituir las placas franquistas, el ayuntamiento procede a renombrar las calles sin necesidad ya de pasar por la comisión de la que ellos forman parte.

Desde el grupo municipal del PP, habla Israel Cortés:

–Nosotros entendemos que desde el principio se pasaron por alto las reglas que todos consensuamos. Por la sensibilidad del tema, requería que se abordase con mayor cuidado, y que la gente pudiera participar en el cambio de nominaciones. Y, sobre todo, que esas denominaciones fuesen lo más cercanas a la gente.

–¿No les parece cercana la denominación de “Igualdad”?

–Se constituyó una comisión, y en la primera reunión ya estaba todo hecho, todas las calles que se iban a cambiar decididas y todas las denominaciones que se iban a establecer.

–¿Pero la de “Igualdad” les parece bien o no?

–Sí, sí. El caso es que estábamos de acuerdo prácticamente con todo. Igualdad no nos parecía mal en absoluto.

–¿Entonces?

–Nos sorprendió que de repente ya estuviera todo decidido, que no pasara por el Pleno.

–¿Y qué les parece que se vuelva a colocar la placa de la División Azul?

–Nosotros nunca pedimos la reposición de las placas. Nosotros pedimos al juez, como medida cautelar, que no se llevase a cabo el cambio de las denominaciones hasta que no se cubriesen las formas que se habían previsto. Pero el ayuntamiento no esperó a la resolución del juez. Antes de que el juez resolviese lo que nosotros solicitamos, el ayuntamiento procedió a cambiar todas las denominaciones de las calles. Así que el juez entendió que se había obrado con excesiva urgencia. Es la propia jueza la que va más allá de la solicitud del grupo popular, que pidió solo la paralización.

La opinión de la concejala de Memoria es otra: “Lo que sucede es que se encuentran una propuesta con las 46 calles de golpe. Lo que yo no quería hacer era una calle ahora, dentro de un mes otra… Porque entonces no se hace el cambio, pero sobre todo el PP habría tratado de paralizar calle por calle. En principio ellos aprueban los criterios objetivos, pero se retratan cuando ven que no va a ser un proceso larguísimo que se pueda ir dilatando en el tiempo”.

Quizás, en lo referente al retrato del PP, lo más elocuente es la narración de la propia Espuch de su conversación con el popular Barcala: “Cuando yo iba a sacar la propuesta, hablo con el portavoz del PP, Luis Barcala, y le digo ‘Luis, vamos a sacar la propuesta’. Entonces él me pregunta: ‘¿Es muy polémica?’. Y le contesto que depende de cómo lo mire, que yo no la veo revanchista. Entonces Barcala me dice: ‘A mí, la verdad es que Franco y tal, me da igual, pero claro…’. A lo que yo le contesté que sí, que cada uno tiene su público”.

La jueza reponedora

El pasado 12 de enero llega a manos de Barcala la respuesta de la jueza Calvet Miró a sus demandas. Reza así:

DISPONGO: ADOPTAR la medida cautelar interesada por la parte demandante, consistente en Suspensión de la Ejecutividad del acto administrativo impugnado, lo que debe conllevar:

1) La paralización del cambio de placas de rotulación de las vías públicas en aquellas en las que materialmente no se hubiera producido, y el restablecimiento, a la mayor brevedad posible, de las placas de rotulación de las vías públicas primitivas y retirada de las placas nuevas;

2) La paralización de todos los trámites administrativos iniciados en orden al cambio de denominación de las vías afectadas –con restablecimiento de las denominaciones primitivas– así como el libramiento de las comunicaciones oportunas…

A la vez que a Barcala, el dictamen que ordenaba devolver los nombres franquistas a los lugares de los que habían desaparecido, llegó a la alcaldía.

Tal fue el pasmo en el consistorio, la sorpresa por la orden de volver a colocar las placas fascistas, que se tardó en reaccionar. Hasta el punto de que un mes después, el pasado 15 de febrero, el PP volvió a presionar a la jueza con una nueva demanda para que tomara medidas por la desobediencia del alcalde. Y en esa medida, el PP insistió en que se aplicara la disposición de restablecer, “a la mayor brevedad posible, de las placas de rotulación de las vías públicas primitivas”.

La decisión del alcalde

Una placa no es un nombre. Un nombre es aire, se pronuncia y vuela. La placa necesita un señor que la agarre, se suba a una escalera y la atornille, además de otro señor que le ordene hacerlo. Si en la placa aparece el nombre de un grupo nazi, la decisión de obedecer la orden de una jueza, por muy jueza que sea, no es tarea fácil en democracia, a estas alturas del siglo XXI, para un alcalde socialista.

“Tardamos más tiempo del debido en cumplir el auto”, explica Gabriel Echávarri. “No voy a negar que fue difícil, pero los responsables públicos estamos para dar ejemplo a los ciudadanos y hay que cumplir los autos judiciales. Si no te gustan, agotas la vía legal para manifestarlo, pero no puedes desobedecer a un juez”.

El pasado martes 28 de febrero, el alcalde Echávarri reúne al concejal de Estadística, Daniel Simón, y la concejala de Memoria Histórica, María José Espuch. Aún no han obedecido la orden judicial y la jueza les apremia. “Los servicios jurídicos nos dicen que puede acusarnos de desobediencia”, les informa. En tal caso, el propio alcalde y el concejal Simón podrían acabar inhabilitados e incluso con condenas mayores. Espuch decide unirse a ellos “por lealtad”.

Han decidido obedecer.

Como consecuencia, el pasado viernes 10 de marzo, a las 10 de la mañana, un operario retira la placa de La Igualdad y coloca de nuevo la de la División azul. Y es entonces cuando la concejala llora de rabia.

“Seguimos con la vía judicial y llegaremos hasta el final, pero, mientras tanto, tenemos que cumplir la ley”, lamenta el alcalde. “Siento lo mismo que cualquier alicantino, vergüenza, una vergüenza profunda. Nos ha costado mucho conseguir que Alicante deje de salir en los medios nacionales como ejemplo de corrupción. Hemos luchado mucho por construir una imagen nueva, para volver otra vez a ser portada por algo así”.

En fin

O sea, que el PP instó a la jueza, la jueza ordenó, el alcalde obedeció, con el apoyo del concejal de Estadística y la concejala de Memoria Histórica, y el operario colgó la placa en honor de la División Azul, el grupo de soldados españoles que se puso a las órdenes de Adolf Hitler.

La pregunta es si cabía la posibilidad de desobedecer.

El abogado Eduardo Ranz lleva años peleando en pueblos y ciudades para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica y se retiren los nombres del Franquismo. Es tajante, en este caso:

–Abogado, resulta incomprensible que no sea delito poner una placa a la División Azul hoy día en España. ¿No es ni punible?

–Pues no lo parece.

–¿Por qué?

–Porque no lo han legislado así. Eso hay que preguntárselo a los 350 diputados que hay en el Congreso. La que me citas es una medida cautelar, por un defecto de forma en el pleno, parece que hubo algo ahí que no fue correcto, y lo han llevado al juzgado contencioso y la jueza ha actuado formalmente, aparentemente de forma correcta. Lo que yo veo un poco más grave es que ese procedimiento, el recurso iniciado por el Partido Popular, supone unos gastos a los ciudadanos alicantinos, puesto que obliga al ayuntamiento a personarse en el procedimiento, a designar un abogado y seguramente un procurador. Ese coste de una acción política por parte del PP de Alicante supone unos gastos que van directamente a las arcas municipales.

–¿Podría haber desobedecido el ayuntamiento la orden del juez?

–Se enfrentaría entonces el alcalde a un delito de desobediencia, con penas de inhabilitación y multas, y no sé si incluso prisión. Contra el alcalde, con nombres y apellidos. Creo que no es asumible.

Tras la colocación de la placa a la División Azul, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, afirmó: “Gracias al PP, hoy en Alicante la exaltación del franquismo vuelve a ser una realidad. La Plaza de la Igualdad vuelve a ser Plaza de la División Azul. Es muy doloroso para cualquier demócrata lo que ha pasado hoy en Alicante. Tendríamos que preguntarnos por qué el PP prefiere a quienes lucharon con los nazis a la democracia, o el horror a la convivencia”.

Cabe recordar, por fin, que el mismo presidente que aprobó la Ley de Memoria Histórica, José Luis Rodríguez Zapatero, puso a desfilar por la Castellana, el 12 de octubre de 2004, a un miembro de la División Azul junto a otro de las republicanas Brigadas Internacionales. No fueron pocos entonces los que denunciaron la decisión de su ministro de Defensa, José Bono. No estaba entre los denunciantes, claro, la Hermandad Nacional y Fundación de la División Azul.

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Fuente: ctxt.es