El ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo explica en DIAGONAL que el delito por el secuestro de menores no prescribe y qué relación tienen los últimos casos sobre el robo de niños en las maternidades con anteriores sustracciones de menores.

DIAGONAL: ¿Qué relación existe entre los casos de robos de niños en maternidades en los años '60, '70 y 80 y las sustracciones de menores llevadas a cabo durante la Guerra Civil y la posguerra?

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO: Todo estos casos tienen mucho en común, como se refleja en el auto de fecha 16 de octubre de 2008 del juez Baltasar Garzón en el que se detalla que los 30.000 niños robados del Franquismo fueron arrebatados de los brazos de sus madres. Mujeres demócratas cuyos hijos eran robados con un móvil político, que fue sistemático y con un plan perfectamente trazado. 

Estos hechos se llevaron a cabo por funcionarias de prisiones y por monjas de las órdenes religiosas que estaban a cargo de las prisiones, bajo la llamada asistencia espiritual en las cárceles. Además, había una trama de médicos, religiosos y responsables políticos que con total impunidad robaban a los menores.

Esos delitos estaban perfectamente tipificados en los códigos penales de la época, como por ejemplo en el de 1963, que contemplaba una sanción por sustracción de menores.

D.: ¿Cómo actuaban los implicados y qué tenían en común estos hechos?

C.J.V.: En todos los casos se repetían las mismas conductas. Se llevaban a cabo desde sectores sociales con un nivel relevante entonces, tanto desde el punto de vista social, como religioso. Se sustraían a los menores en la más absoluta clandestinidad, con la garantía de que nadie iba a denunciar estos hechos ante las autoridades policiales y judiciales competentes.

Eso les daba una seguridad en la previsión de las conductas y permitía la continuidad de las sustracciones. Entonces, miles de niños fueron robados a sus padres. Sólo se podrían haber producido esas actuaciones bajo un régimen dictatorial que amparaba esas conductas, porque, evidentemente, las autoridades políticas de eso tenían conocimiento.

La segunda parte de los secuestros de niños no tuvo un carácter político, ni tan masivo que en la primera etapa. No obstante, sí que fue organizado. En las maternidades, durante los años '60, '70 y los '80, cuando se produjeron muchos de los casos de robos de bebés que ahora están saliendo a la luz, y en otros casos, en los partos de madres solteras, estas mujeres fueron cohibidas o coaccionadas por religiosos, médicos e incluso por la propia familia, en muchos casos. Era imposible que los jueces y fiscales tuvieran conocimiento si los hechos no eran denunciadados. En esos años, sí que los jueces y fiscales llegamos a otros delitos tan graves como la tortura, porque era más fácil conocerlos al tener acceso a los detenidos.

D.:¿La implicación conocida ahora de médicos del Opus Dei en los robos de niños en las maternidades hasta entrada la democracia, pone de manifiesto que esos médicos han contado, y aún cuentan, con mucho poder?

C.J.V.: Sí. Esos médicos de entonces han seguido manteniendo mucha influencia y en clínicas pequeñas se ha utilizado el mismo móvil que en el Franquismo. Evidentemente, esas personas que tuvieron tanta relevancia política y social en los años iniciales de la democracia siguieron ocupando puestos destacados. Habría que ver exactamente los nombres de esas personas e investigar los robos de niños. Si son hechos que fueron cometidos de forma continuada, con un concierto previo y de forma sistemática, sería un delito perfectamente perseguible.

Bajo ningún concepto les sería aplicable, si alguien lo ha planteado, o lo piensa, la Ley de Amnistía de 1977. Aquí no había un móvil político, la Amnistía es sólo para funcionarios y políticos y no está acreditado que las monjas y médicos fueran autoridades políticas.

D.:El fiscal general del Estado, Candido Pumpido ha determinado que el robo de bebés se tiene que investigar pero remite los casos a las fiscalías territoriales. ¿Se corre el riesgo de que se dispersen los hechos?

C.J.V.: El fiscal general del Estado en todo lo que afecta a la memoria histórica está cometiendo errores muy graves. Por ejemplo, se ha opuesto a que se tramite la recusación de la sentencia que condenatoria a muerte de Miguel Hernández y sus tesis han llevado al Tribunal Supremo a asumirlas y rechazar la condena de Miguel Hernández. Por otra parte, se ha negado una fiscalía especializada para coordinar todo lo relativo a la exhumación de las fosas comunes con los miles y miles de fusilados que hay todavía en las cunetas en toda España.

Ahora, el fiscal general del Estado vuelve a reenviar los casos de niños robados a las fiscalías territoriales, sin crear lo que tenía que haber hecho antes. Es decir, una fiscalía dentro de la Fiscalía General del Estado. No sería la primera vez que se crea una fiscalía especializada en una conducta delictiva. Si no se centraliza la investigación, estamos condenados otra vez a una dispersión de esfuerzos, a una falta de control sobre un terrible delito que se repitió en toda España. El robo en las maternidades debe investigarse de forma centralizada, tienen que sentarse las bases para una investigación sistemática de los hechos. Al final, los enjuiciados van a ser los miembros del Tribunal Supremo, por no adoptar las medidas oportunas. Es igual que en el caso de Garzón, ya está condenado.

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 Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-Ley-de-Amnistia-no-es-aplicable.html