A la atención de Juan Carlos I

Estimado:

Nos dirigimos a usted, en el ejercicio de nuestra responsabilidad parlamentaria, para solicitarle su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados con el fin de dar cuenta de su actividad institucional como jefe del Estado durante más de 38 años y como rey emérito desde 2014.

Las personas abajo firmantes somos representantes electos por la soberanía popular en el Congreso de los Diputados y en el Se-nado. En el ejercicio de nuestras funciones parlamentarias, nos dirigimos a usted por su condición de rey emérito, o lo que es lo mismo: por haber ostentado durante casi 39 años la jefatura del Estado hasta su abdicación en la persona de don Felipe de Borbón y Grecia. Nos dirigimos a usted convencidos de que el ejercicio de responsabilidades en el Estado conlleva obligaciones frente al soberano, el pueblo, pues —más allá de los privilegios reales contenidos en la Constitución— debe primar su artículo 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que ema-nan los poderes del Estado».

“Cuando el río suena, agua lleva”, reza el dicho popular. En los últimos años son muchas voces que apuntan a la existencia de una Caja B de la monarquía, una suerte de flujo de enriquecimiento paralelo a los recursos que recibe la Casa Real de los presupuestos del Estado. Según el New York Times, el monarca tenía en 2012 una fortuna valorada en 2.300 millones de dólares, lo que le situaba como la sexta fortuna de España ese año, por delante de las hermanas Koplowitz, o de Florentino Pérez. En el artículo narraban que el rey llegó al trono en 1975 con nada y, desde entonces, “ha trabajado duro para generar su propia fortuna personal, más allá de los 8,3 millones de euros de presupuesto anual”. No obstante, hay que tener en cuenta que no existen datos oficiales que acrediten esta cantidad.