La corrupción política de los más altos fondos

La lucha contra la corrupción política e institucional choca cada día con limitaciones democráticas y judiciales de todo tipo como se pone de manifiesto con las últimas sentencias del caso Gürtell, y del caso Nóos.

De la misma manera que los paraísos fiscales funcionan con la complicidad de los gobiernos que deberían combatirlos, hay toda una serie de escenarios relacionados con las instituciones políticas vigentes, que sin duda alguna facilitan y protegen el comportamiento corrupto.

Existiendo un amplio arsenal punitivo contra la corrupción, este parece no llegar nunca a inquietar a los miembros de las cumbres del poder, por lo que de hecho o por derecho, como se deriva de los privilegios de inmunidad e impunidad recogidos en la misma Constitución del 78, la aplicación de la ley resulta que no es igual para todos como en democracia debería ser. Así vemos cómo los tribunales, después de años de investigación penal, no han llegado a imputar en ningún momento a un tal M. Rajoy, cuando existen pruebas suficientes para haberlo hecho, y sin embargo las Cortes acaban de aprobar contra él y su gobierno moción de censura que le condena políticamente por las corruptelas de su gobierno y partido.

La sentencia en firme del caso Nóos también arroja un balance contradictorio desde el punto de vista de las exigencias de la justicia democrática. El marido de la infanta Cristina de Borbón y Grecia ha resultado condenado por el Tribunal Supremo a 5 años y 10 meses de cárcel, y con él otras personas vinculadas a la trama dedicada al saqueo de fondos públicos, basado en el abuso de una posición de poder, como es la de la Casa Real, con la consecución de una ventaja patrimonial a cambio de su utilización. La sentencia condena a Cristina de Borbón al pago de 136.950 euros por responsabilidad civil a título lucrativo de dos delitos de su marido, que hace referencia a los delitos de malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. Los delitos juzgados y condenados de Urdangarín necesitaron de la máxima colaboración de su mujer que figuraba en lo más alto del organigrama de Nóos y de la misma familia política. El origen de estas relaciones está en el clan de Mallorca, que lleva muchos años obteniendo descaradamente pingues ingresos. Urdangarín, a quien el suegro había colocado como alto ejecutivo de Telefónica, tenía que pagar el palacio de Pedralves (que pasaba de la cantidad de 10 millones de euros entre el precio de compra y las reforma), continuando y extendiendo, con los consabidos apoyos políticos e institucionales, la colaboración con las mismas tramas corruptas del PP en Mallorca y Valencia.

Estamos, en esencia, en el saqueo de fondos públicos de Nóos ante un caso de libro de corrupción política e institucional: la corrupción pública empieza cuando el poder que ha sido entregado por el Estado a una persona a título de administrador público se utiliza para un enriquecimiento personal o de clan. Utilización de potestades públicas para intereses privados.

En el juicio, sería el mismo Urdangarín  el que daría tono y timbre a la corrupción de las más altas instancias en las que el aparecía dando la cara, diciendo aquello: “yo me dedicaba a lo que me dedicaba”….

El marco jurídico y de poder de la corrupción tiene su base en la misma Constitución del 78. Ninguna norma constitucional impide al Rey realizar negocios privados valiéndose de su posición, limitar dichas actividades o cobrar comisiones de todo tipo. Por el contrario, la Constitución proclama la inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey, que impide cualquier tipo de supervisión de sus actividades y la misma acción judicial. El juez Castro, como instructor del caso Nóos, ha hecho reiterada mención de esta situación excepcional, habiendo dicho “que siempre pensó que la Infanta Cristina no solo estaba en el ajo de la trama y sus enjuagues, sino que era la eminencia gris”. Viniendo a señalar la imposibilidad constitucional de llamar a testificar su padre cuando hubiera sido conveniente. Manifestando sobre la condena definitiva “que es una condena benévola, de saldo”.

Los magistrados no han tenido por menos que señalar que “los condenados se valían de una situación de privilegio”, de privilegio político e institucional.

Tanto el PP como el PSOE han recibido la sentencia cubriendo la anómala situación de la institución monárquica en la Constitución. Rafael Hernando amenaza con que “nadie intente manchar la imagen de la monarquía”. Adriana Lastra, del PSOE, por su parte y de forma cínica, manifestaba: “España es un Estado social y democrático de derecho, que afecta a todos, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden”.

El hecho es que en la Zarzuela hubo un intento reiterado por separarse de las consecuencias judiciales y políticas de las corruptelas descubiertas del caso Nóos, estableciendo un cortafuegos tras otro. Juan Carlos vendría a exigir a su hija que se divorciara o renunciara a sus derechos dinásticos.  Cristina de Borbón no hizo ni una cosa ni la otra. Por ello la familia real fue reducida a los Reyes, los Príncipes de Asturias y los hijos, dejando fuera a las Infantas. El caso Nóos, combinado con otros muchos casos, contribuyó a la abdicación precipitada de Juan Carlos. Felipe VI tomaría más tarde la decisión de deponer a su hermana y a su esposo del Ducado de Palma.

En pocas semanas hemos conocido diversas sentencias sobre corrupción política donde aparecen toda una serie de personas intocables de hecho y de derecho que siempre tiene que ver con su mayor o menor cercanía al poder.

La corrupción pública remite al delito de cohecho, además del relativo de tráfico de influencias, pero es el primero el que encabeza el grupo de delitos de corrupción, que supone la obtención de un beneficio económico a partir de la instrumentalización del cargo. Delito que los tribunales no aplican.

La justicia no es solo muy desigual entre los ciudadanos, sino que mantiene los privilegios para las familias franquistas y en particular para con la primera de estas familias. Lo que es aún más grave es que no se respeta constitucionalmente el principio de supremacía de la ley, de acuerdo con la voluntad popular libremente expresa como base de toda sociedad civilizada.

Por tanto, el caso Nóos nos remite a una cuestión democrática de fondo y de forma, es decir, a la legitimidad y legalidad de la monarquía. Y derivada de esta cuestión central, el hecho de que para hablar de democracia hay que acabar con la inmunidad e impunidad de la Constitución, que impide que se les pueda exigir responsabilidad alguna, aún cuando, como es el caso de J. Carlos, éste ha dejado de ser Rey.

Las Cortes de mayoría de diputados que se reclaman de de la democracia, que acaban de sancionar la corrupción del PP echando a Rajoy del gobierno, no pueden seguir siendo cómplices de la corrupción política e institucional de los más altos fondos de nuestra sociedad. Y para ello hay que acabar con los pactos constitucionales, y con las leyes que prolongaron los privilegios y la impunidad del franquismo.

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Fuente: El espacio independiente