El escudo sobre el rey se debilita Imprimir
Monarquía - Casa irreal
Escrito por Juanma Romero / Público   
Miércoles, 23 de Marzo de 2011 05:50

Juan Carlos, el BorbónLos expertos y los grupos de izquierda creen que el fallo de Estrasburgo contra España debería implicar un cambio en el trato a la Corona en los casos de injurias

Pensemos en el Reino Unido. "Fíjate qué se dice allí de Isabel II, de su hijo Carlos o de sus nietos, o en su día con la princesa Diana, las fotos que ha publicado la prensa británica en estos años. Hay un marcaje, un acoso insoportable, y nadie se querella. La Corona inglesa, con buen criterio, aprieta los dientes y se aguanta". ¿Y en España qué?

 

Aquí las cosas han cambiado desde el pasado martes, tras el "rapapolvo significativo" propinado a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ambos entrecomillados pertenecen a Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Y no es el único: más juristas comparten la idea de que, desde ahora, en sintonía con lo indicado por Estrasburgo, los jueces y el legislador deberían rebajar la "excesiva" protección de la que el rey goza frente a los insultos.

Porque de eso trataba la resolución de la sección tercera del TEDH. Condenó a España a indemnizar con 23.000 euros a Arnaldo Otegi por haber vulnerado su libertad de expresión. El caso se remontaba a 2003, cuando el exportavoz de Batasuna llamó al monarca "jefe de los torturadores", hecho por el que el Tribunal Supremo (TS) le impuso un año de cárcel. El Constitucional revalidó la decisión.

La Corte no sólo exculpa a Otegi y denuncia la condena "desproporcionada" del TS. Arma una feroz crítica al blindaje del que disfruta la Corona. Que el rey ocupe una "posición de árbitro y de símbolo de la unidad" no implica que no se le pueda censurar "en el ejercicio de sus funciones" y no pueda ser cuestionado por los que "legítimamente contestan las estructuras constitucionales del Estado, incluida la Monarquía", señala el fallo.

Prudencia del Gobierno

El ministro de Justicia ya subrayó el martes que el Ejecutivo cumpliría la sentencia "en sus términos", lo que excluiría la vía del recurso ante la Gran Sala del tribunal. "Examinaremos su doctrina porque nos parecía muy equilibrado lo que habían declarado el TS y el TC", añadió Francisco Caamaño. Ayer, en el ministerio rehusaron precisar qué consecuencias tendría ese "examen" a la legislación. Por ejemplo, la revisión del Código Penal.

Eso fue lo que volvieron a plantear este jueves ERC, IU e ICV en el Congreso: presentaron una proposición de ley orgánica para despenalizar las injurias a la Corona. "Resulta hasta violento desde el punto de vista intelectual defender la protección reforzada de Juan Carlos", asegura el republicano Joan Tardà.

Para Gaspar Llamazares, de IU, "este es un punto de inflexión importante: despeja el tabú de que la Casa Real es intocable. Es de esperar que este fallo cale en un cambio en el Código para limpiar esos restos del naufragio de la dictadura". Lo que está sobre la mesa, apuntala Núria Buenaventura (ICV), es "normalizar la situación del rey".

El PSOE, aunque considera que la del TEDH es "una buena sentencia", no cree "necesario" modificar el Código, reformado en junio de 2010: "No se puede cambiar esta ley básica al albur de un acontecimiento. Además, la figura del jefe del Estado debe ser adecuadamente resguardada. Todas las instituciones tienen un plus de protección. La libertad de expresión tiene límites, no implica que se abra la veda", opone Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia. Este diario intentó recabar sin éxito la versión del PP.

Los "límites" a la libertad de expresión también son recordados por Manuel Núñez Encabo, catedrático de Ciencias Jurídicas de la Complutense de Madrid y presidente de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Periodistas (FAPE). "Otegi no expresaba una opinión, sino atribuía un hecho delictivo, la tortura, a Juan Carlos. Creo que el tribunal no hace una interpretación correcta. Por eso no veo sobreprotección". Sí estima "discutible" la pena de un año de cárcel del TS. Enrique Álvarez Conde, constitucionalista de la Universidad Rey Juan Carlos, aunque discrepa asimismo del fallo "No está fundamentado, no creo que vaya a incidir en el futuro", sí entiende que el TS pudo "excederse". "El error fue condenar a Otegi", indica.

En la actual ley, un insulto grave hecho con publicidad se castiga con una multa de seis a 14 meses. Sin embargo, si las injurias o calumnias se dirigen contra la familia real "en el ejercicio de sus funciones", la pena puede ser de hasta dos años de cárcel, según impone el artículo 490.3 del Código.

Si el delito se comete contra las demás instituciones del Estado, las sanciones son menores y no hay prisión. Por ejemplo, los que injurien, calumnien o amenacen "gravemente" al Gobierno asumirían una multa de 12 a 18 meses. De ahí que el TEDH subrayara que la privación de libertad en estos casos "no es compatible" con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 de la Convención Europea.

El mandato de la Constitución

"Este fallo es una llamada de atención, porque alerta de que no somos todos iguales, porque confronta el modelo de Estado democrático", sostiene Laura Zúñiga, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Y agrega: "Una protección especial, aunque sea posible en un Estado de derecho, puede complicar conductas críticas que avala la Constitución". Una salida pasa por la "despenalización".

No está sola. Carlos Martínez Buján, catedrático penalista de la Universidade de A Coruña, y Fanny Castro-Rial, profesora de Derecho Internacional Público de la UNED, señalan otra vía, el artículo 10.2 de la Carta Magna: dado que, en cuestiones de libertades fundamentales, las normas deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y jurisprudencia internacionales, los jueces pueden aplicar la pena de la injuria normal, más leve, para los insultos a la Corona. En la práctica, "se vaciarían de contenido" los preceptos 490.3 y 491 del Código. "El problema reside no en que exista el delito de injurias, sino que, si afecta a la Monarquía, la pena es desproporcionada. El rey, dice el TEDH, no merece un trato diferente", aduce Buján.

La Zarzuela "no exige"

Otra opción, propuesta por Benito Aláez, constitucionalista de la Universidad de Oviedo, es modificar el Código para rebajar el castigo: "Las instituciones han de disfrutar de una protección penal menor que la de cualquier ciudadano. En un Estado democrático la crítica entre particulares está menos justificada que la censura al Gobierno, a las Cortes o al rey". "El TEDH ya ha dicho que si una persona está más expuesta por su actividad pública, es susceptible a más críticas", razona Castro-Rial.

¿Y por qué esta protección mayor? "Por atávico pensamiento cortesano. George W. Bush sufría parodias terribles en el programa Saturday night live de la NBC, igual que sufre chanzas la familia real británica. Jamás han denunciado. Aquí hay más papistas que el Papa. Estoy seguro de que Juan Carlos no ha exigido blindaje", esgrime Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona. Aláez piensa lo mismo: "No creo que a la Zarzuela le moleste una configuración u otra del Código Penal". La aludida, la Casa Real, prefiere no comentar el fallo. "No romperemos la costumbre", alega un portavoz.

Cancio cree que la condena del TS habría sido insólita hace una década. "Se ha producido una involución, pero está relacionado no con la Corona, sino con el terrorismo", con la mayor persecución policial y judicial a ETA y su entorno. No puede sacrificarse la libertad de expresión, subraya, porque "tiene un valor clave para el funcionamiento de una democracia avanzada".

El tablero está abierto. Falta ver qué ocurre. Comprobar si el velo sobre la Monarquía sigue resquebrajándose. O si aún le cabe un nuevo lifting.

 

La izquierda espera que se abra la veda al control de la Corona

El Tribunal Estrasburgo también deberá decidir sobre la fiscalización de las cuentas de la familia real // La Zarzuela quiere desglosarlas "dentro de poco"

Estrasburgo tiene otra tarea pendiente sobre la Monarquía española. Y no menor. En abril de 2009, Joan Tardà, diputado de ERC, recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el doble rechazo de la Mesa del Congreso a su petición de que la Casa Real se abriese a la transparencia e hiciese públicas sus finanzas. Los grupos de la izquierda animan la esperanza de que la Corte europea, el último asidero tras el portazo con el que el Tribunal Constitucional castigó al parlamentario republicano, emita un nuevo dictamen contrario al blindaje del rey, en línea con el de la pasada semana.

"Si el TEDH no nos da la razón, sería un mazazo, pero si nos apoya, todos los tabúes se caerían y podríamos debatir de todo sobre la Monarquía, hasta su propia legitimidad", explica Tardà. El diputado ha reducido en esta legislatura sus intentos de control de la Jefatura del Estado, visto que siempre chocan contra el muro de la Mesa. "Hemos hecho gimnasia de mantenimiento –comenta–: no ir a actos de la Corona o la clásica enmienda a los Presupuestos, que busca que la familia real presente su declaración de bienes y patrimonio. Todo para que no se robe a los diputados el derecho a debatir y hacer que no se olvide cuál es el pecado original de la Monarquía: que es heredera del franquismo". Una tara que también rodea su colega de ERC Miquel Bofill. Este senador de la Entesa Catalana de Progrés ya avanza que registrará más preguntas en los próximos días al Gobierno y pedirá la comparecencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que aclaré qué hará tras la absolución de Otegi por el TEDH.

Pasos "sin vuelta atrás"

En el Senado ha tropezado ya varias veces Iñaki Anasagasti, del PNV: "Las Mesas de las dos Cámaras actúan como chambelanes de corte en lugar de proteger a los parlamentarios. Que lo haga el PSOE, un partido históricamente repúblicano, es un atentado a su historia". Como Tardà, espera que Europa rompa con la "inmunidad e impunidad" del rey.

Gaspar Llamazares (IU) ve el "hilo" que conecta el fallo del TEDH con el siguiente salto: el avance hacia el mayor control a la Corona, "imprescindible". "El precedente no es baladí. Poco a poco, se suman pasos y cada uno ya no tiene vuelta atrás". Y aunque la izquierda minoritaria no vislumbra valentía en los dos grandes partidos, estima que "los grupos acabarán cediendo a lo que los ciudadanos demandan, más transparencia", rubrica el senador Xosé Manuel Pérez Bouza, del BNG.

Bofill o Núria Buenaventura (ICV) no tienen tan claro que la decisión de Estrasburgo lleve aparejada otro segundo fallo en positivo. Tampoco Julio Villarrubia (PSOE). Y juristas como Manuel Cancio, Fanny Castro-Rial o Manuel Núñez Encabo no ven tal conexión. El constitucionalista Benito Aláez sí: "No sería descartable que el TEDH exija conocer los gastos de la Corona. No es que haya un tufo antimonárquico en el tribunal, es que quizá no estamos acostumbrados a que la Monarquía sea compatible con el principio democrático".

Desde la Zarzuela, un portavoz confirma que la Casa Real "quiere proporcionar el presupuesto ejecutado y desglosado de la asignación anual", que en 2011 asciende a 8,43 millones. No se hará lo mismo con el patrimonio o los bienes de la familia. Y se llevará a cabo "dentro de poco, de forma progresiva y sin plazo fijado", aunque la solución idónea, añade, sería que ese ejercicio de destape lo hicieran "todos los órganos constitucionales a la vez". Incluidas las Cortes Generales, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado.

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Fuente: http://www.publico.es/espana/367025/el-escudo-sobre-el-rey-se-debilita