La monarquía del 23 de Febrero. Comentario al libro de Amadeo Martínez Inglés, "La conspiración de mayo" Imprimir
Monarquía - Libros / Monarquía
Escrito por Arturo del Villar / UCR   
Jueves, 24 de Febrero de 2011 00:00

 

Conspiracion de mayo    Al cumplirse 30 años del asalto al Congreso de los Diputados por un grupo de guardias civiles armados, en conexión con otras fuerzas militares, se ha actualizado su historia hasta el aburrimiento: los medios de comunicación llevan semanas facilitando informaciones sobre aquel suceso, y en los quioscos se venden a precio de saldo unos DVD dedicados a ensalzar la intervención de su majestad el rey católico aquel 23 de febrero de 1981. Pero nadie habla del libro documentadísimo publicado por el coronel republicano Martínez Inglés en diciembre de 2009, por lo que creemos oportuno recomendar su lectura, dado que está de actualidad aunque lleve catorce meses editado, y víctima de la conspiración del silencio.

 

   Ya su publicación fue dificultosa. El autor difundió un comunicado en octubre de 2009, que reprodujimos en nuestras páginas informáticas, en el que explicaba cómo desde las más altas instancias políticas del reino se habían dado instrucciones para impedir la publicación de su libro. Hasta el punto de que la editorial Espasa-Calpe, después de haber solicitado el original y prometido mandarlo enseguida a la imprenta, anuló el compromiso, basándose en que un historiador, cuyo nombre no facilitó, desaconsejaba su edición, sin exponer tampoco sus argumentos.

   Fue Styria, la editorial barcelonesa que ya se atrevió a publicar la anterior "bomba impresa" del coronel Martínez Inglés, Juan Carlos I, el último Borbón (2008), la que volvió a demostrar su independencia y coraje, al desafiar las presiones censorias y ordenar la impresión del nuevo "original maldito". El libro se publicó, pero los medios de comunicación del reino ignoraron su existencia, como era previsible

 

Del pacto a la conjura del silencio 

   El "defecto" de este libro es que aborda el papel del rey en la conspiración del ya conocido como 23-F, desde un punto de vista radicalmente opuesto al contado por los medios de comunicación ordinarios. Es sabido que en 1976 se llegó a un pacto entre los directores de los medios de comunicación de masas y representantes de su majestad el rey católico, para considerar su persona incriticable, a tono con lo que iba a consagrar la Constitución dos años después, en sus artículos 56:3 y 64:2. Solamente algunas revistas de izquierdas, partidos políticos no parlamentarios, y asociaciones independientes como la nuestra, creemos que los vasallos de su majestad el rey católico nuestro señor tenemos derecho a comentar sus reales andanzas, de política, de cama, de divisas o de cacería.

   En este grupo se alinea Amadeo Martínez Inglés, y por ello ha pagado muy cara su independencia. En 1990 se enfrentó a los generales franquistas de la cúpula militar, el Consejo Superior del Ejército, por haber defendido ante un periodista la sustitución del servicio militar obligatorio, la impopular "mili", por un ejército profesional. Los carcas jerarcas miliares encarcelaron al disidente, acusado nada menos que de "desvelar secretos de Estado que ponían en peligro la seguridad nacional". Le condenaron a cinco meses de prisión militar y la pérdida de su carrera. Seis años después el Gobierno de Aznar suprimió el servicio militar obligatorio, dando así la razón a Martínez Inglés. Que demuestra tenerla siempre.

   Y que no escarmentó, sino todo lo contrario. Se diría que la condena le incita a continuar investigando con cautela y escribiendo sin ella, para que los vasallos sepamos lo que hace este poder fáctico llamado Fuerzas Armadas. Al menos, los vasallos que leemos libros políticos, que somos pocos, y así está el reino.

   Ha estudiado los entresijos del 23-F en tres libros anteriores, en artículos difundidos por medios de comunicación de izquierdas (de la verdadera, no de la oficial), y en los escritos dirigidos al presidente del Congreso de los Diputados, inútilmente, no hace falta decirlo. En La conspiración de mayo traza un completísimo panorama del Ejército español antes, durante y después del suceso que pudo cambiar la historia de España. Una vez más demuestra el acopio de documentos desconocidos, la serenidad en la indagación de las causas, la independencia de criterio, y la objetividad en el juicio. Si a todo ello se añade que su escritura es "román paladino", como aconsejaba Gonzalo de Berceo, todo confluye para que sus libros se lean con apasionamiento, y por ello pudieran ser éxitos de librería, si no fuera porque eso molestaría a alguien a quien no se debe molestar.

 

Promesas y juramentos rotos 

   El nuevo ensayo político sobre el 23-F retrocede hasta los últimos y agónicos días del dictadorísimo, para exponer el malestar de los altos mandos militares tras el pacto de entrega a Marruecos del Sáhara, el 14 de noviembre de 1975. Sucedió a continuación de un absurdo viaje del designado sucesor por el dictadorísimo, el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, a El Aaium, para prometer a las tropas allí destinadas que mantendría el Sáhara español. La historia demuestra que no debe hacerse caso de las promesas y juramentos de los borbones. Pero el Ejército se sintió traicionado, y desde luego ridiculizado. Y comprendió que el príncipe no era de fiar.

   En esa tesitura, el todavía príncipe envió a su antiguo preceptor y persona de su total confianza, el general Alfonso Armada, a entrevistarse con los capitanes generales, para asegurarles su compromiso de mantenerse fiel al juramento de cumplir y hacer cumplir los Principios Generales del Movimiento salido de la sublevación de 1936. Al parecer los ingenuos capitanes generales lo creyeron.

   Proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, tras volver a jurar el cumplimiento de esos Principios, envió a otro de sus colaboradores más leales, Manuel de Prado, a entrevistarse con Felipe González y Santiago Carrillo, líderes de los partidos conocidos todavía como Socialista Obrero y Comunista, respectivamente, entonces ilegalizados. Les planteó la aceptación de una monarquía inamovible, incriticable e irresponsable, personificada por Juan Carlos I, o la continuación de la dictadura en su misma persona. Los dos líderes, tan ambiciosos como venales, asumieron la defensa de la monarquía con todos sus símbolos, y la figura del rey como intocable.

 

El Ejército conspirador 

   Otro choque del rey con el Ejército fue debido precisamente a la legalización del Partido Comunista, el 9 de abril de 1977. Poco antes, el 8 de setiembre de 1976, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, había prometido a la cúpula militar que nunca jamás legalizaría al PC. Por supuesto, somos partidarios de la legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas, pero consideramos que incumplir las promesas y los juramentos constituye un delito muy grave. Así lo creía la cúpula militar, que sentenció al rey y a Suárez.

   El entonces comandante Martínez Inglés era en esos días jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército, lo que le permitió enterarse de lo que sucedía en los cuarteles. Hubo riesgo de involución, impedido por           que el rey llamó al general Jaime Milans del Bosch, jefe de la División Acorazada Brunete, con gran prestigio y poder, de probado monarquismo, para ordenarle que no se moviera, porque la decisión de legalizar al PC la había tomado él mismo. El general obedeció, a su pesar.

   Una nueva posibilidad de involución estuvo pendiente en la noche del 15 de junio del mismo año, tras la celebración de las elecciones generales. La cúpula militar del Ejército de Tierra permaneció reunida, para ordenar la salida de las tropas a la calle si los partidos presuntamente Socialista y Comunista obtenían tantos votos como para formar de nuevo el Frente Popular. Pensaban repetir la operación golpista de 1936. Desde su cargo como jefe de Servicio en el Estado Mayor del Ejército, el comandante Martínez Inglés permaneció al tanto de todo.

   Por supuesto, su majestad el rey también poseía toda la información completa sobre lo que se tramaba en el Cuartel General de la plaza de Cibeles, pero no adoptó ninguna decisión, en espera de los acontecimientos. Cautela real se llama esta figura.

   En setiembre del mismo año 1977 se reunió la cúpula militar en Játiva, con asistencia de capitanes generales en activo y retirados, para estudiar la situación política. Entendían a su manera el artículo 8 de la Constitución. El rey y Suárez tuvieron conocimiento de la reunión, pero no tomaron ninguna medida, siguiendo el ejemplo de Casares Quiroga en julio de 1936, cuando le denunciaban reuniones militares clandestinas. Los conspiradores acordaron vigilar cuidadosamente la evolución política, por si consideraban necesaria su intervención salvapatriotera.

   En noviembre de 1978 se desbarató la llamada Operación Galaxia, y sus inductores, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas, fueron condenados a leves penas. Es barato conspirar.

 

Conspiraciones en las capitanías 

   A finales de setiembre de 1980 Martínez Inglés se incorporó a su despacho de jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Defensa del Territorio de la V Región Militar, en Zaragoza. Poco después el general Antonio Elícegui convocó a una reunión en la Capitanía General a una veintena de coroneles y tenientes coroneles, para exponerles su opinión sobre el estado del reino. Presentó un panorama catastrófico, que dijo era equiparable al de la primavera de 1936, cuando el Ejército se vio obligado por patriotismo al alzamiento, en su opinión, y les previno que debían prepararse por si se les requería para la acción.

   Relata el autor que después supo que en otras capitanías se habían celebrado reuniones semejantes. En la de Aragón se repitieron en noviembre de 1980 y el 9 de enero de 1981, en la que el general Elícegui volvió a decir que la única legitimidad posible era la emanada del 18 de julio de 1936. Esto es, una imposible legitimidad golpista. Poco después ordenó que en los depósitos de campaña se acumulara abastecimiento de toda clase para cinco días, ante la eventualidad de próximas operaciones.

   Explica Martínez Inglés que los profesionales de grado medio, como él, no podían hacer nada, en el jerarquizado mando del Ejército español, que disponía de medios para que desapareciese físicamente un indiscreto. Pese a ello, remitió al Cuartel General del Ejército referencias sobre lo tratado en la Capitanía de Zaragoza, no por conducto reglamentario, naturalmente, sino por vías indirectas.

 

La conspiración del 2 de mayo 

   El 14 de enero de 1981 se celebró una reunión secreta en la Capitanía de Zaragoza, presidida por el general Elícegui, con asistencia de enviados de las de Sevilla y Valencia, para planificar una directiva de planteamiento estratégico ante una próxima acción. El enemigo a derrotar era el llamado rey traidor. La suerte de la monarquía del 18 de julio instaurada por el dictadorísimo parecía estar echada.

   A esa reunión no asistió el comandante Martínez Inglés, pero supo que se había organizado un golpe para el 2 de mayo, fecha de recuerdos patrióticos. El plan consistía en tomar Madrid sin derramamiento de sangre, para evitar otra guerra. Estaba decidido nombrar jefe del Estado y generalísimo al general Milans, capitán general de Valencia y jefe de la División Acorazada Brunete, por su prestigio, alcanzado en el Alcázar de Toledo y en la División Azul (poseía la Cruz de Hierro nazi). Ascendido a teniente general en 1977, a pesar de esa hoja de servicios eminentemente nazi, para sus compañeros constituía el equivalente al general Sanjurjo en 1936. Sin embargo, Milans era monárquico convicto, por lo que se mostraba partidario de un golpe como el del general Primo en 1923, con el beneplácito del rey, y sin removerlo de su puesto.

   El 11 de febrero de 1981 el comandante Martínez Inglés se trasladó a Buenos Aires, para realizar un curso de su especialidad. La noche del 23 al 24 la pasó en el aeropuerto, en espera del avión que le reintegrara a su despacho en Zaragoza. Sus compañeros le explicaron los sucesos de esos 22 días.

   El 13 de febrero una nueva reunión en la Capitanía General de Zaragoza contó ya con la asistencia de representantes de las de Valladolid, Galicia, Cataluña y Baleares. Todos los detalles de la conspiración quedan revelados en las páginas 143 a 156 del libro, excesivamente prolijas para resumirlas aquí. Léalas el interesado.

 

La "solución Armada" 

   De todo lo que acontecía estaba bien enterado el general Alfonso Armada, antiguo preceptor del rey cuando no lo era todavía, convertido en su confidente después. En octubre de 1980 informó al monarca de la trama conspiradora, y le aconsejó desbaratarla adelantándose a ella. Su plan consistía en designar un Gobierno de concentración nacional, con representantes de todos los partidos políticos y presidido por él. Es la conocida como "solución Armada". Esto implicaba la liquidación democrática del presidente Suárez, el elegido por el rey en 1976 para cumplir sus planes. Su majestad aceptó defenestrar a su ya inválido valido.

   Se entrevistó privadamente con los líderes políticos. Trascendió a los medios de comunicación la entrevista mantenida en Lérida, el 22 de octubre de 1980, con los dirigentes supuestamente socialistas Enrique Múgica, Joan Raventós y Antoni Ciurana. Después se reunió con Felipe González, que aceptó el plan. También se mostraron de acuerdo, puesto que el impulso era soberano, la Junta de Jefes de Estado Mayor, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y la Guardia Civil. El 17 de noviembre de 1980 se entrevistó con el general Milans, quien impuso unas condiciones para asumir el plan. Entre diciembre de 1980 y febrero de 1981 el general Armada se reunió once veces con el rey católico. En esos días fue ascendido a segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, por recomendación real.

   La "solución Armada", en consecuencia, fue organizada con el conocimiento y la aprobación del rey, para desarmar la conjura del 2 de mayo contra su real persona.

 

Aquel 23 de febrero de 1981 

   Adolfo Suárez dimitió como jefe del Gobierno, por un impulso soberano. Aquel 23 de febrero de 1981 se votaba en el Congreso de los Diputados a su sucesor, sin que los llamados "padres de la patria", más bien padrastros, supieran que a las 16,20 habían sido cortadas las calles adyacentes al Congreso, por una veintena de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, con absoluta tranquilidad.

   A las 18,23 unos guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, entraron al hemiciclo gritando y disparando sus armas. Después zarandearon a Suárez y al vicepresidente Gutiérrez Mellado, además de obligar a los diputados a tirarse al suelo en sus escaños. Eso no estaba previsto. Fue una acción alocada de Tejero, aunque contaba con la colaboración del Estado Mayor de la Guardia Civil y del CESID. Anunció Tejero que esperaba la llegada de una autoridad militar.

   A las 18,40 el general Armada telefoneó al rey, quien le ordenó permanecer en su puesto, prohibiéndole que acudiese a palacio para no comprometerle. Su majestad tomó precauciones, por lo que pudiera pasar. En su residencia de la Zarzuela se reunieron sus ayudantes, presididos por el secretario general de la Casa Militar, Sabino Fernández Campo, y le aconsejaron que evitase compromisos con los golpistas. La reina Sofía le recordó que participar en una conjura militar le había costado el trono de Grecia a su hermano, exiliado desde entonces en Inglaterra.

   En Valencia el capitán general Milans había declarado la ley marcial, en el estilo de 1936, y ordenado la salida de los tanques a las calles. El rey trató de hablar con todos los capitanes generales, pero los de Zaragoza y Baleares demoraron ponerse al teléfono, en espera de ver lo que sucedía. A Milans le dijo que el plan había fracasado, por lo que debía ordenar la retirada de los tanques, y volverse atrás de todo lo acordado. Naturalmente, Milans se sintió traicionado por su rey.

   El general Armada acudió al Congreso para comunicar su plan al teniente coronel Tejero, quien lo rechazó por juzgar que el Gobierno de concentración nacional previsto era un Frente Popular inaceptable para sus convicciones. El golpe ya no era un golpe, sino un esperpento militar. Al general Armada le ofrecieron un avión militar, para que se exiliase en donde quisiera, con la recomendación al país elegido de que le tratasen bien, pero no aceptó para evitar cargar con las culpas del suceso.

   De esta manera, quedó frustrada la conjura del 2 de mayo. Sus organizadores no fueron molestados, se dejó que se jubilaran en sus puestos. Los generales Armada y Milans, callados por su fidelidad al rey que los abandonó, figuran como los grandes traidores golpistas del 23-F, y el teniente coronel Tejero como un bárbaro incivil, pese a ser guardia civil. Por su parte, el rey se convirtió en el salvador de la democracia, con el trono apuntalado, bajo el que quedaron sepultados sus antiguos fieles servidores Suárez, Prado, Milans, Armada y Fernández Campo, entre otros. Y la historia la cuentan los escribas oficiales con arreglo las normas debidas.

   Pero el coronel Martínez Inglés es un historiador independiente e insobornable, que la narra tal como la vivió, y su testimonio es indiscutible.

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Amadeo Martínez Inglés, La conspiración de mayo. El "Alzamiento Nacional" que preparó la derecha castrense para el 2 de mayo de 1981 y que frustró el 23-F, Zaragoza, Styria, 2009, 287 páginas, 20 euros.